Modernización, eficiencia y transparencia son las palabras con las que el macrismo justifica el descomunal ajuste que está llevando adelante en el Estado. Pero «ajuste» no significa «reducción de gastos». El despilfarro de Cambiemos crece a costa de todos los argentinos.
Por Fernando M. López (*) / Los estatales de ATE cumplieron este miércoles un nuevo paro nacional con movilización para rechazar las políticas de ajuste del Gobierno de Cambiemos y reclamar paritarias sin techo, pase a planta de los empleados precarizados y reincorporación de todos los despedidos. Lo hicieron un día después del absoluto desprecio que volvió a demostrar el presidente Mauricio Macri hacia los trabajadores durante la firma del convenio denominado “Compromiso Federal para la Modernización del Estado”, del que participaron trece gobernadores y el titular de UPCN, Andrés Rodríguez.
Si uno entra al sitio web de la Casa Rosada y busca la información de ese acto, advertirá que los editores presidenciales borraron la frase en la que el mandatario se refrió al Estado como un “aguantadero”, equiparando a los empleados públicos con delincuentes. Pero sin duda la dijo y esos mismos empleados le respondieron al cerrar la jornada de huelga frente al Ministerio de Modernización de la Nación.
“Macri convirtió al Estado en un aguantadero, un aguantadero de gerentes y CEO de empresas privadas transnacionales que se están llevando la riqueza de los trabajadores al exterior”, manifestó el titular de ATE, Hugo Godoy.
El sindicalista añadió a Contexto que “el Gobierno le toma el pelo a la sociedad cuando habla de modernizar el Estado y reducir gastos, porque, en realidad, lo que hace es echar a trabajadores que cobran 10.000 pesos y nombrar una enorme cantidad de personal en cargos gerenciales, con sueldos de 80.000 o 90.000 pesos mensuales”.
Según trascendió esta semana, a partir de un relevamiento de la Fundación Libertad y Progreso (LyP), Macri incrementó un 25% promedio la estructura del Estado. Desde su llegada, los Ministerios pasaron de 16 a 21, las Secretarías de Estado de 70 a 87, las Subsecretarías de 169 a 207, y las Direcciones Nacionales y Generales a 687.
Al mismo tiempo que se deshacía de unos 15.000 trabajadores estatales, en su mayoría precarizados, el Gobierno de Cambiemos iba incorporando planteles de jerarquías superiores y cuerpos de asesores con altos ingresos para garantizar el funcionamiento gerencial de las nuevas dependencias. Además de numerosos CEO y empresarios, figuran muchos amigos y familiares de funcionarios PRO, todos nombrados a dedo.
Hijos, hermanos, cuñados, sobrinos y hasta ahijados de ministros fueron ubicados con abultados sueldos en antiguas y nuevas reparticiones estatales. Uno de los casos más sonados es el de los parientes de la titular de Seguridad, Patricia Bullrich. Su hijo Francisco Langieri se desempeña en un cargo directivo en la Secretaría País Digital del Ministerio de Modernización, que conduce Andrés Ibarra. También logró poner a su cuñada, la publicista Ana Gazcón Aráoz, en la Subsecretaría de Comunicación Social, dependiente de la Secretaría de Medios; mientras que su ahijado, el actor Pedro Cernadas, fue a parar a la ANSES.
Familiares del jefe de Gabinete, Marcos Peña Braun, y del secretario de Comercio, Miguel Braun, también están muy bien posicionados en carteras como Producción, Educación, Cultura, Modernización, Agroindustria, Energía y Relaciones Exteriores.
“Lo que aumentó sobre todo es la alta conducción y la conducción intermedia”, dijo a este diario Claudia Bernazza, ex legisladora nacional y actual coordinadora de la Comisión de Estado y Administración Pública del Instituto Patria, quien agregó que la misma lógica se da en la gestión de la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal.
“En la Provincia se incorporó, además, un gran número de asesores para otorgar sueldos acordes a lo que pretendían los equipos porteños que desembarcaron con Vidal”, agregó Bernazza. En muchos casos, sus mensualidades superan los 100 mil pesos.
La modernización macrista es ajuste
Además de Vidal, en la firma del “Compromiso Federal para la Modernización del Estado” estuvieron los gobernadores Ricardo Colombi (Corrientes), Gildo Insfrán (Formosa), Gerardo Morales (Jujuy), Hugo Passalacqua (Misiones), Omar Gutiérrez (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro), Juan Manuel Urtubey (Salta), Sergio Uñac (San Juan), Claudia Ledesma Abdala (Santiago del Estero), Juan Manzur (Tucumán) y Lucía Corpacci (Catamarca), mientras que por Chubut participó el vicegobernador Mariano Arcioni.
El convenio se desprende del Plan Nacional de Modernización del Estado, decretado el 2 de marzo de 2016. Ese programa, a cargo del ministro Andrés Ibarra, apuesta a incorporar valores y herramientas que se adjudican a las empresas para lograr una supuesta gestión pública más “eficiente” y “transparente”.
“La modernización del Estado que propone Macri tiene el enfoque de la Nueva Gerencia Pública, surgido en Estados Unidos y Gran Bretaña durante la década de 1980. Se aplicó en la Argentina y otros países de Latinoamérica durante los años noventa. Básicamente, lo que plantea es que el Estado es ineficiente y que hay que imitar a las empresas para hacerlo eficiente. Y eso se traduce en un ajuste sobre las plantillas de personal con un doble juego: persecución ideológica y contracción del aparato estatal”, explicó Bernazza.
Se trata de la construcción de un Estado al servicio de “los objetivos empresariales de maximización de la renta”, sostuvo la experta, y remarcó que, por eso mismo, lo que se busca es “achicarlo y debilitarlo” para que “no tenga capacidad de control sobre las actividades del mercado”.
El secretario general de ATE también consideró que el convenio de modernización con las provincias “es una manera de generalizar el ajuste” en todo el país.
“Macri presiona a los gobernadores con un discurso muy sencillo: la única plata para financiar el Estado es a través de préstamos externos. Las provincias están habilitadas para hacerlo, pero quien tiene que salir de garante es el Gobierno nacional, y sólo se les dará esa garantía a las provincias que se comprometan a implementar las políticas de ajuste que emanan de la Administración central. El Gobierno cumple de esta manera la misma función del FMI para con el país”, explicó Godoy.
Una bola de nieve explosiva
Parte del monumental endeudamiento en el que se embarcó Macri de la mano de su amigo y ministro de Finanzas, Luis Caputo, es para cancelar deuda y para financiar gastos corrientes.
Según el Observatorio de la Deuda Externa de la Universidad Metropolitana de los Trabajadores (UMET), en los últimos tres meses la deuda en moneda extranjera superó los 25 mil millones de dólares y elevó el total generado desde diciembre de 2015 por encima de los 80 mil millones, esto sin contar las últimas colocaciones en marzo y abril.
“Hubo un crecimiento muy acelerado en muy poco tiempo. En apenas catorce meses el país se endeudó lo mismo que la dictadura entre el 76 y el 83”, graficó el director del Observatorio, Arnaldo Bocco, y detalló que el total de la deuda externa, incluyendo lo emitido para el pago a los fondos buitre, supera “los 260 mil millones de dólares, por lo que representa más de la mitad del PBI”.
Caputo no es el único endeudador serial del macrismo. El titular del Banco Central, Federico Sturzenegger, anunció recientemente que adquiriría 25 mil millones de dólares para sumar a las reservas que vienen en picada por emisión de Lebac, sostenimiento del valor del dólar y bicicleta financiera.
Como se ve, el aguantadero macrista sólo genera ajuste, endeudamiento y especulación sin control. Una combinación explosiva en beneficio de una pequeña casta de privilegiados y sectores concentrados.
(*) Publicado en diario Contexto. Su autor es editor de AgePeBA.
