El gobernador hace oídos sordos a los pedidos de renuncia que realizaron docentes, estudiantes y organismos de derechos humanos luego de las detenciones en un predio de la Facultad de Ciencias Agrarias sin orden judicial. Un nuevo video muestra la brutalidad policial y desmiente las justificaciones oficiales.
La Ley de Educación Superior establece, en su artículo 31, que las fuerzas de seguridad no pueden ingresar en las universidades sin orden de un juez o de las autoridades de la universidad. A la policía de Gerardo Morales no le importó nada. El jueves pasado irrumpió ilegalmente en la Facultad de Ciencias Agrarias de Jujuy y se llevó detenidos a dos estudiantes, entre ellos presidente del Centro de Estudiantes, Joaquín Quispe, quien además denunció maltratos y vejaciones en la comisaría.
La Federación Universitaria de Jujuy, presidida por Matías Figueroa, expresó su “preocupación por la violación del principio de autonomía universitaria, las detenciones ilegales, arbitrarias y crueles de los estudiantes y la posterior negación de la detención de uno de los estudiantes que constituye no sólo el incumplimiento de las leyes sino un símbolo de las épocas más oscuras del país”
Además, reclamó al gobernador la renuncia inmediata del Ministro de Seguridad, Ekel Meyer, del secretario del área, Miguel Singh, del juez contravencional, Rubén Rafael Rodríguez, del Jefe de Policía, Aldo Abel Soles, y de todos los responsables del operativo policial y la seccional donde se detuvo a los estudiantes.
De la misma forma se manifestaron docentes y organismos de derechos humanos. En un comunicado firmado por Liliana Louys, secretaria General de la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Jujuy (ADIUNJU), pidieron la “inmediata renuncia del ministro Ekel Meyer y la cúpula del Ministerio de Seguridad”, así como del “jefe de Policía y del Director del Departamento Contravencional”.
En el texto también reclamaron la derogación del Código Contravencional, “una ley provincial que justifica detenciones arbitrarias de personas que no cometen ningún delito tipificado, como tal, en el Código Penal”.
Cinco días después de la razia policial en el predio de la Facultad de Ciencias Agrarias, un nuevo video deja al descubierto la mentira del gobierno de Gerardo Morales de que los efectivos policías no entraron a la universidad.
El material, difundido por el diario Página/12, muestra que en el operativo participaron una veintena de agentes policiales y que los dos estudiantes detenidos ilegalmente fueron llevados por la fuerza y a la rastra. Varios de los agentes provinciales llegan al lugar, increpan a estudiantes y luego se adentran hacia un sector donde se había organizado una cena, con el consentimiento del decano de esa casa de estudios, Mario Bonillo.
Las imágenes evidencian la magnitud del operativo que ignoró el artículo 31 de la ley 24.521, que prohíbe el ingreso de la fuerza pública a esas instituciones sin autorización judicial. Desde el gobierno de Morales argumentaron que la policía concurrió al lugar llamada por vecinos que se quejaban de «ruidos molestos».
Joaquin Quispe, presidente del Centro de Estudiantes de Agrarias, denunció haber sido tratado “con total prepotencia” por parte de los policías jujeños, que se negaron al diálogo y lo acusaron de ebriedad. «El examen toxicológico posterior realizado por el medico policial me dio negativo», relató el joven. El otro detenido durante el atropello de la policía que depende del gobierno del radical Gerardo Morales fue Ignacio García, quien también sufrió maltratos físicos.
Ambos fueron puestos en libertad horas después y uno de los que encabezó la demanda para que los liberasen fue Bonillo, quien confirmó que el maltrato fue «constatado y denunciado formalmente”.
Esa noche “no se llevaron más detenidos porque los chicos se refugiaron dentro de autos”, detalló el decano, que fue quien se presentó en la comisaría para exigir la libertad de los muchachos. Esas detenciones no habían sido ingresadas en el sistema, por lo que es denunciada como «ilegal». Además, los jóvenes tampoco pudieron ver al abogado que se presentó en el lugar para representarlos.
El hecho recibió un amplio rechazo de varios sectores de la vida académica, social y política del país por su reminiscencia a “La Noche de los Bastones Largos”, ocurrida durante la dictadura de Juan Carlos Onganía.
La versión de la policía fue que llegó hasta el lugar tras recibir supuestas denuncias por ruidos molestos, hechas por vecinos del predio universitario. El gobierno de Morales los justificó. Al día siguiente, y cuando el escándalo había estallado, emitió un comunicado en el que justificó la razia invocando la ley provincial 5.955 que “prohíbe la organización de bailes sin organización” y la cataloga como una contravención. Luego, esta afirmación también sería desmentida.
Casi dos días después, Morales salió a repudiar los hechos por las redes sociales e intentó desligarse de su responsabilidad, al alegar que cuando ocurrió el operativo ilegal él estaba en Tarija, Bolivia.
