Un estudio del CEPA detalla que la caída del empleo persiste en articulación con la baja del salario real y el impulso oficial a convenios flexibilizadores. En lo que va del año, ya hubo 9599 despidos y 2594 suspensiones. Industria y servicios, los más afectados.
Los despidos y suspensiones en la industria continúan sin encontrar un freno. Según el último informe del Centro de Economía Política Argentina, en el mes de marzo otras 4823 personas perdieron sus puestos de trabajo; de cada diez, seis se desempeñaban en fábricas. La destrucción del empleo industrial se viene agudizando desde septiembre del año pasado, en un proceso que va acompañado, de manera general, por un deterioro de los sueldos y las condiciones laborales, con el impulso oficial a la firma de convenios colectivos con pérdidas de derechos. Contra lo que sostienen el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, y el de Hacienda, Nicolás Dujovne, sobre una presunta recuperación del empleo y del salario, el relevamiento del CEPA describe que, con excepción de la construcción, donde la merma de puestos se detuvo –tras llegar a los 60 mil despidos, lo que mantiene al sector al tope del ranking negativo– la industria y los servicios continúan expulsando trabajadores
“No hubo cambios en la dinámica de empleo”, señaló a PáginaI12 Hernán Letcher, director del centro de estudios y concejal del FpV en el partido de San Martín. “Al contrario: si en 2016 la política flexibilizadora laboral fue de ‘trazo grueso’, sustentada en la pérdida masiva de puestos de trabajo y la caída de salario real, en 2017 se puede hablar de una ‘sintonía fina’ flexibilizadora, donde además de despidos y caída de los salarios, se suman acuerdos como el de los petroleros en Vaca Muerta, que el propio Gobierno pretende extender a la industria automotriz (el presidente Mauricio Macri estuvo en Córdoba anunciándolo), a la construcción, al rubro textil y el del calzado entre otros, que incluye la pérdida de derechos laborales adicionales.”
El número de trabajadores afectados en el mes de marzo fue mayor al de febrero. La gran mayoría de los casos se registraron en el sector privado (4008 despedidos y 560 suspendidos) y una minoría (255 cesanteados) en el sector público.
Como marzo marca el fin del primer trimestre, también puede extraerse un panorama sobre cómo se va planteando el año: en este período se acumularon 9599 despidos y 2594 suspensiones, concentrados particularmente en el sector industrial.
El trabajo del CEPA propone mirar el empleo desde varios enfoques. Uno es el comportamiento del mercado laboral desde la asunción del gobierno de Cambiemos. En este sentido, puede decirse que en el primer trimestre de 2017 se está repitiendo una película ya vista el año pasado. Hay dos ciclos que siguen el mismo movimiento, donde a una ola de despidos en el sector público siguen nuevos despidos en el privado.
“En diciembre de 2016, al igual que en diciembre de 2015, los despidos del sector público tomaron preponderancia, representando la mitad de los despidos del mes”, reseña el estudio. “En febrero, al igual que en enero, en cambio, como sucedió luego del impacto que tuvieron al inicio de la actual gestión los despidos en los distintos ministerios nacionales, carteras provinciales y municipales, son los despidos y suspensiones del sector privado los que toman dinamismo. En la etapa anterior, ya hacia el mes de marzo superaban ampliamente a los contabilizados en el sector público. En los meses subsiguientes, las pérdidas de puestos de trabajo en el orden privado pasaron de ser el 56,84 por ciento del total de despidos al 61,22 por ciento en abril de 2016, al 61,83 en mayo, al 62,96 en junio, 65,34 en julio, 66,07 en agosto, 66,81 en septiembre, 67,93 en octubre, 69,80 en noviembre, 69,15 en diciembre, 69,59 en enero, 69,85 en febrero y 70,32 en marzo de 2017, mientras que los del sector público redujeron su participación progresivamente”.
Es decir que los despidos en el Estado actúan como señal de bandera blanca para el ajuste en las empresas; y a la vez retraen el consumo interno, empujando a situaciones de crisis a los sectores peor parados, en el caso de la industria, por la apertura de las importaciones.
Si se toma en cuenta el acumulado a partir diciembre de 2015, el número de trabajadores afectados desde la asunción del gobierno macrista llega a 249.143, entre despedidos y suspendidos. Siguen siendo más entre los privados que en los estatales: 178.589 despidos y suspensiones en el área privada y 75.378 en la administración pública.
Este relevamiento viene siendo realizado por el CEPA de manera mensual, en base a datos que aportan los despedidos, las organizaciones gremiales, cámaras empresarias y publicaciones periodísticas.
Una de las polémicas ligadas al debate sobre las mediciones de despidos es que los puestos de trabajo recuperados –en el caso de que esto estuviera realmente sucediendo a escala– no son computados. Sin embargo, en el caso de la industria, son las propias estadísticas oficiales las que corroboran que la pérdida de empleo industrial no se ha detenido, y que su caída es similar a la que reflejan estos relevamientos no oficiales: así lo muestran, por caso, los números del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA, de la Anses), que registra los despidos de la economía formal. Y en lo mismo coincide la Encuesta de Indicadores Laborales, realizada por el Ministerio de Trabajo. Un cuadro elaborado en base a estos datos oficiales ilustra cómo, también con los números del Estado, se ve al trabajo industrial en un proceso de deterioro ininterrumpido.
Algunos casos de marzo
Dentro de la industria, en el sector petrolero, hubo 520 despidos vinculados a Amarilla Gas, SP, Tecpetrol, Tuboscope Vetco de Argentina SA e YPF.
n electrónica y electrodomésticos se denunciaron 380 despidos en Brighstart, Iatec y Visteon, todos en la provincia de Tierra del Fuego.
En el sector de alimentos y bebidas, en Coca Cola, Felfort, Magnasco y Olivi Hermanos, este último caso por cierre, a los que se suman 100 suspensiones en La Campagnola, en Mendoza. El frigorífico Deltacar, en Pilar, despidió a 40 personas y suspendió a 160.
Los textiles tuvieron 197 despidos de empresas como Unisol-Puma (Sanagasta, Chilecito, La Rioja), Enod y Tejedurías Naiberger.
En el rubro servicios, los trabajadores de call centers atravesaron un mes muy difícil, con 1090 casos, motorizados entre otros por Task Solution, en Córdoba, por servicios realizados para Telecom. Los 300 casos de American Express, relacionados con el rubro financiero, fueron también de gran significación.
En comercio hubo 133 despidos en empresas como Rizzi Distribuciones, Easy e Hipermercado Libertad. En la actividad del transporte hubo 40 despidos en empresas como Monza y Línea Oeste.
El estudio del CEPA detalla una serie de fábricas y empresas de servicios que, sin haber llegado a despedir, atraviesan situaciones muy complicadas, por las que está en riesgo el futuro laboral de otras 9 mil personas.
Por ejemplo, la multinacional norteamericana Ingredion –que tiene 86 fábricas distribuidas en 60 países, con 12 mil empleados a nivel mundial– despidió en sus plantas de Baradero y Chacabuco a 186 empleados; hay muchos más, cerca de 3 mil, sin garantías de continuidad. De Sancor, en Santa Fe, también penden de un hilo mil puestos de trabajo. Nextel tiene la intención de tercerizar la atención al cliente, que involucra a 1500 trabajadores. Los petroleros de Santa Cruz denuncian que están en dificultad 3 mil puestos de trabajo entre YPF, PAE, Sinopec, Sipetrol, Capsa y Tecpetrol.
Si se miran los totales desde la asunción de Cambiemos a hoy, al tope de la tabla de los sectores más golpeados siguen estando los trabajadores de la construcción, con 60.626 despedidos por la paralización de la obra pública, aunque con varios meses consecutivos sin nuevas pérdidas de puestos de trabajo. En la industria, los metalúrgicos abren el ranking negativo, seguidos por los textiles, muy afectados por caída del consumo local y apertura importadora (el caso de Alpargatas lo refleja en estos días).
“Distintas fuentes de la actividad textil aseguran que la caída efectiva en los puestos de trabajo es incluso más elevada, pero difícil de constatar por el bajo nivel de registro en el sector y la utilización por parte de las grandes marcas de diseño de indumentaria de cadenas de subcontratación provistas por empleo informal y población inmigrante de países vecinos, en sendos casos deliberadamente sin documentar”, aclara el informe. De hecho, el textil es uno de los rubros con más trabajo en negro.
El sector automotriz continúa con una cantidad alta de despidos y suspensiones (Volkswagen, Renault, Ford, Honda, Iveco son algunos ejemplos a los que se suman cesantías en autopartistas y en la producción de neumáticos).
En el acumulado desde diciembre, los más afectados del rubro servicios son los empleados de comercio y los gastronómicos, que representan casi el 45 por ciento de los casos. “En ambos”, marca el informe, “se manifiesta un ostensible silencio de las conducciones sindicales respecto de la bajas en el empleo”.
Marzo y abril son meses de discusiones paritarias y movilizaciones en aumento. Sus principales motivos están siendo los reclamos por despidos, por aumentos salariales o incumplimiento de acuerdos y por atrasos en los pagos. “En relación con estos reclamos, resulta imprescindible destacar que el eje del abordaje planteado por el gobierno nacional y local, en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, no reside en resolver algunos de los problemas que originan el reclamo sino en encontrar el mecanismo para que tales demandas sencillamente no lleguen a las calles de la ciudad”, apunta el CEPA.
En el mismo sentido, el centro de estudios observa la profundización de la estrategia “ejemplificadora” del Gobierno con los docentes. “El objetivo reside en ilustrar a los trabajadores argentinos y a los gremios de cada sector, pero también al empresarzzzziado de nuestro país, qué intereses defiende a rajatabla el gobierno nacional y cuánto está dispuesto a invertir para recorrer el camino de la flexibilización (…) Tales acciones están dirigidas a justificar aumentos salariales limitados, que consoliden la pérdida de poder adquisitivo producida a lo largo de 2016, junto con el condicionamiento de futuros reclamos, pasos necesarios en el proceso flexibilizador explicitado por el propio Gobierno.”
Finalmente, el relevamiento reseña que el paro nacional de la CGT realizado a principios de abril tuvo altísimo acatamiento. “El Gobierno cuestionó tal convocatoria criticando a los sindicalistas y mencionado que el costo del paro implicaba 15 mil millones de pesos. Esto resulta sintomático, dado que esos mismos sindicalistas hicieron lo imposible por evitar el paro, forzado finalmente por las exigencias de los mismos trabajadores en la movilización del día 6 de marzo.”
