El juez se declaró incompetente en la causa contra el presidente por sus sociedades en guaridas fiscales de Bahamas y Panamá. Tras descartar indicios de lavado de dinero, remitió una parte del expediente al fuero penal económico y otra a un juzgado de instrucción. Casanello es el mismo magistrado que sobreseyó a Macri por las escuchas ilegales.
A un año del escándalo de los Panamá Papers, que provocó renuncias, destituciones y detenciones en todo el mundo, el presidente Mauricio Macri se las arregla para que comiencen a desvanecerse las investigaciones judiciales en su contra.
Sebastián Casanello, el mismo juez federal que en diciembre de 2015 sobreseyó a Macri por las escuchas ilegales, ahora lo benefició al declararse incompetente en la causa por sus sociedades offshore y dividir el expediente en dos partes.
El mandatario era investigado por omisión maliciosa en sus declaraciones juradas de numerosas sociedades radicadas en guaridas fiscales, entre ellas Fleg Trading (Bahamas) y Kagemusha (Panamá), sobre las que recaían sospechas de lavado de dinero y evasión fiscal.
Casanello consideró que no hay indicios de lavado de dinero, a lo sumo alguna «anomalía» tributaria, y envió parte de la causa al fuero penal económico, mientras que otro segmento fue remitido al Juzgado de Instrucción N°20, a cargo de la jueza subrogante Elizabeth Paisan, donde se investiga a Macri por “enriquecimiento ilícito” cuando era jefe de Gobierno porteño.
En marzo pasado, la Sala II de la Cámara Federal, integrada por Martín Irurzun y Eduardo Farah –dos jueces que suelen jugar en función del macrismo-, había cuestionado la actuación del juez Casanello y del fiscal Federico Delgado en la causa conocida como Panamá Papers, al acusarlos de dejar “sin norte” la pesquisa por haberla “diversificado”.
Al mismo tiempo que crece la persecución judicial contra funcionarios del gobierno anterior y dirigentes opositores, las causas que involucran al propio presidente o a miembros de su gabinete quedan en la nada con sorprendente celeridad.
La semana pasada, por ejemplo, el juez federal Ariel Lijo dictó el sobreseimiento de la vicepresidenta Gabriela Michetti por el dinero no declarado de la fundación SUMA. El mismo magistrado había beneficiado antes al ex carapintada y apologista del terrorismo de Estado, Juan José Gómez Centurión, en la causa por coimas en la Aduana. Lijo dijo no encontrar pruebas suficientes para hablar de un delito de competencia federal y derivó la causa al fuero penal económico.
Por su parte, el actual titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas, obtuvo el sobreseimiento de parte del juez Rodolfo Canicoba Corral en la causa que lo vinculaba con el escándalo de corrupción y sobornos de la empresa brasilera Odebrecht.
De la misma manera, el juez Claudio Bonadío desvinculó de cualquier delito a los funcionarios macristas que se enriquecieron con las operaciones de dólar futuro, entre ellos el vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, y el secretario de Coordinación de Políticas Públicas, Gustavo Lopetegui; mientras enviaba a juicio oral a Cristina Fernández de Kirchner y a varios de sus ex funcionarios pese a que no se beneficiaron con esas maniobras financieras.
