Para los pobres no hay Justicia, sólo represión; por eso tienden a garantizar sus propios mecanismos de seguridad. Las filmaciones con celulares se han vuelto la principal herramienta con la que cuentan los vecinos de los barrios más postergados para evidenciar la horda de represión y violencia policial que despliegan las distintas fuerzas de seguridad. Para Patricia Bullrich no alcanza con deportar a los paraguayos y peruanos por ser «vendedores de droga», también quiere «penas duras» para menores de entre 14 y 16 años. Asesorada por “expertos” de sus empleadores, la CIA y la MOSSAD, el afán represivo de la ministra de Seguridad no tiene límites: criminalizar y reprimir a quienes levanten o puedan en algún momento levantar la voz, para lo cual deben implantar como sentido naturalizado que “ser joven, pobre, y de las barriadas más abandonadas es un delito”.
Por Carlos López / Con figura Patricia Bullrich como ministra de Seguridad, la representante de la CIA y el MOSSAD, el gobierno de Mauricio Macri no titubea a la hora de ordenar desalojos violentos y represión policial en las calles. En este sentido se desarrolló la jornada el pasado jueves en Panamericana y la ruta 197 con la violenta golpiza y represión que Gendarmería propició contra las columnas de trabajadores que marchaban en el marco del masivo paro general que se cumplió ese día. Pero el uso de las fuerzas de seguridad estatales para reprimir a la sociedad no es algo casual ni esporádico en la ministra Bullrich. Más allá de los hechos que toman mayor notoriedad en los medios nacionales, día a día la cartera de Seguridad despliega órdenes de reprimir, esposar y encarcelar a cualquier persona -cuánto más indefenso se encuentre mejor- que no cumpla con los requisitos culturales que quiere imponer el gobierno con su mirada neoliberal, algo así como ser “blanco, cristiano, rubiecito y de escuela o colegio privado, es decir un “argentino/ario y puro”. Todo esto ocurre con la conducción política del presidente Mauricio Macri, la gobernadora María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires, de muchos intendentes y otros tantos gobernadores.
Estas responsabilidades políticas se agravan en tanto, como es histórico en la dinámica de las fuerzas de seguridad argentinas desde la dictadura eclesiástica, cívica y militar del ’76, éstas tienden al autogobierno, por fuera de lo que indica la ley, y así es como “manejan” la calle a partir de del control de la economía delictual de la misma. Las policías y otras fuerzas de seguridad, nacionales, provinciales y ahora también locales, ejercen las jefaturas del crimen organizado y del crimen al menudeo y disputan entre ellas en forma cotidiana por las titularidades de esas jefaturas.
No hace mucho tuvo el lugar el escándalo de la repartija de sobres copn dinero del delito desde la comisarias a los jefes de la Bonaerense, sin que mucho haya acontecido al respecto en la Justica, con el poder de fiscales y dirigentes políticos, la otra pata fuerte de esta trama siniestra, tal cual quedó demostrado con la investigación realizada en 2012 por el Senado de la provincia de Buenos Aires en torno al secuestro y asesinato de la niña Candela Sol Rodríguez.
Al respecto y en referencias a otros casos acontecidos en esa provincia, esta agencia recordaba en febrero pasado: “en septiembre de 2012, un informe del Senado de la provincia de Buenos Aires – conocido como “Informe Candela“ –, elaborado por la Comisión investigadora del secuestro y crimen de Candela Sol Rodríguez, brindaba contundentes elementos para que los estados provincial y nacional pudiese trabajar en la desarticulación de una de las causas que explican los crecientes índices de inseguridad que afligen a sociedad argentina. Junto a la pobreza endémica y a la injusticia social que margina a miles de ciudadanos y ciudadanas, especialmente jóvenes, el otro gran punto causal, y que pone en peligro a la convivencia democrática misma, porque sirve como esquema de control social para gobiernos como el de Cambiemos, es el de la trama de complicidades históricamente existente, sobre todo a partir de la pasada dictadura, entre el crimen organizado, elementos policiales y de agencias de seguridad, servicios de inteligencia y actores centrales del Poder Judicial, de las fiscalías y del poder político, en legislaturas y en oficinas encumbradas del Ejecutivo. Siempre refiriéndose al crimen de la niña Candela Sol Rodríguez, aquel informa entre otros puntos sostenía: ‘las acciones policiales estuvieron enderezadas principalmente al encubrimiento de los autores y de los móviles del asesinato. Según la información relevada por esta Comisión, la policía tuvo conocimiento del contexto en el que se había producido la desaparición de la niña y ese contexto no es otro que el narcotráfico y la modalidad de narco-secuestros, negocio ilegal del que también forma parte un sector de la policía’. La Comisión observaba ‘al Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia por falta de conducción de las fuerzas de seguridad a su cargo: Policía de Seguridad, Policía de Investigaciones, Policía Científica, Delitos Complejos y Narcocriminalidad en el caso Candela. Negligencia ante las gravísimas faltas cometidas por la cúpula policial y por las irregularidades y faltas graves cometidas por el personal a cargo de la investigación. Deficiente intervención de la Auditoría de Asuntos Internos del Ministerio para investigar a policías públicamente sospechados de estar vinculados al narcotráfico, inclusive antes de que sucediera el caso. Avalar la conformación y funcionamiento de la Mesa de Crisis que actuó en este caso, aun cuando no era lo indicado por los protocolos vigentes. Grave negligencia ante las reiteradas filtraciones de información de la policía a los medios de comunicación, que malograron la investigación y pusieron en riesgo la vida de Candela’. Los poderes políticos de entonces mandaron a vía muerta el informe y medios como el diario Tiempo Argentino decían en su momento: ‘los principales sospechosos del caso Candela, Hugo Bermúdez y Leonardo Jara, se desentendieron de la causa y criticaron la investigación de la fiscalía y la policía. Incluso, llegaron a apuntar al ex gobernador Daniel Scioli y a sus funcionarios’. ‘El gobernador Scioli y el ex ministro de Justicia bonaerense Ricardo Casal estuvieron involucrados, aunque no tenga las pruebas, porque la causa venía manejada de arriba. En vez de una causa judicial, pasó a ser una causa política’, denunció Jara, en uno de los tramos de su alocución”.
Hace pocos días una de las cocineras del comedor infantil “Los Cartoneritos” de Lanús perdió a su bebé luego de la represión de la que fue víctima junto a otras personas durante un ataque policial. Los efectivos perseguían a una persona que supuestamente ingresó al comedor, donde continuaron con una represión contra mujeres, varones y menores que se encontraban en el lugar. “Las compañeras salieron a ver qué pasaba y eso terminó en una represión con chicos lastimados, donde se tiró gas pimienta adentro del comedor», denunció sobre el hecho Juan Martín Carpenco, militante de Movimientos de Trabajadores Excluidos (MTE).
Diversos hechos de esa misma naturaleza fueron denunciados por el Observatorio de Jóvenes, Comunicación y Medios de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP como parte de “procedimientos ilegales que vulneran derechos de niños, niñas y adolescentes”, y alertaron en este sentido que Cambiemos “promueve políticas de seguridad de mano dura, legitimadas a través de discursos reaccionarios y de criminalización de la niñez y la juventud empobrecida, niñez y juventud que no encarna ni consagra los valores propios del capitalismo rubio, rico, occidental y cristiano”.
Un artículo de Camila Vautier, Brenda Marques Do Santos y Candela Luquet, Integrantes del Área Niñez, Actores y Territorios del Observatorio de Jóvenes, Comunicación y Medios, destacaba el día 4 de este mes: “la primera situación se conoció a través de un video en el que puede verse a Micaela Brambilla, integrante de la Garganta Poderosa intercediendo en el momento en que la policía de Capital Federal intenta llevarse detenido y esposado a un niño de 13 años por intento de robo. No sólo los efectivos policiales actuaron con hostilidad frente al niño, sino que también lo hicieron con ella, a quién se llevaron a la comisaría por filmar el hecho y cuestionar el accionar de las fuerzas de seguridad en el proceso de detención, ya que, al tratarse de un menor de edad, no pueden colocarle las esposas. Días después, otro hecho tuvo lugar en Florencio Varela, en donde la policía pretendía apresar a un adolescente de 16 años. Fueron los vecinos los que evitaron esa detención, totalmente arbitraria, ya que ninguno de los efectivos supo exponer los cargos que le adjudicaban. El último de los casos se conoció en las últimas horas del jueves, cuando las fuerzas de seguridad ingresaron en un comedor de Villa Caraza (Lanús) y reprimieron con gases lacrimógenos y balas de goma a niños, jóvenes y adultos que se encontraban comiendo en el lugar. Los efectivos policiales manifestaron que estaban persiguiendo a una persona que ingresó dentro del merendero. Ante este hecho, el secretario de Seguridad del municipio, Diego Kravetz, no sólo negó la represión, sino que también legitimó el accionar policial, argumentando que ‘la Policía hizo lo que tenía que hacer’. La situación finalizó con jóvenes detenidos y niños lastimados e intoxicados. Estos tres hechos, llevados adelante en forma violenta, a través de distintos procedimientos ilegales que vulneran derechos de niños, niñas y adolescentes, no están aislados del contexto social y político. Son avalados por un gobierno que promueve políticas de seguridad de mano dura, legitimadas a través de discursos reaccionarios y de criminalización de la niñez y la juventud empobrecida, esta niñez y juventud que no encarna ni consagra los valores propios del capitalismo rubio, rico, occidental y cristiano”.
En tanto, especialistas en cuerpos policiales y personal de la seguridad privada le confirmaron a esta agencia que “el desbande” de violencia policial que se vive por estas horas en el país es alentado por el propio ministerio de Bullrich, para generar mecanismos de control social.
Sumado a esto, añadieron las mismas fuentes, desde hace meses viene teniendo lugar una serie de “guerras” territoriales entre las distintas fuerzas de seguridad que operan en las diversas jurisdicciones. Así elementos de la Policía Federal se enfrentan con los de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, y los de la Bonaerense con grupos de los distintos cuerpos de seguridad municipales, de recientes creaciones. Situaciones similares se dan en otros territorios del país. En todos los casos, se tiende a desestabilizar al “enemigo” propendiendo a la creación de “zonas liberadas” recurriendo para ello a la mano de obra desesperada – y a vces forzadas a cometer delitos – entre muchos de los jóvenes de los barrios más castigados por el desempleo y la pobreza sistémica.
Al respecto de eso último y a título ejemplo. AgePeBA consignaba el 3 de este mes una nota de la colega Gabriela Calotti, del diario Contexto, de La Plata: “la querella pidió prisión perpetua para el sargento Diego Walter Flores, cuyos abogados abundaron en adjetivos para hablar de Omar Cigarán, asesinado a los 17 años. Su madre denunció durante el juicio que policías de la 2ª y de la 3ª lo perseguían para que robara para ellos.
Es sabido y denunciado por cientos de vecinos de los barrios más postergados que la propias fuerzas de seguridad no sólo se involucran, sino que además dictaminan de qué manera y con qué recursos se cometen delitos, que van desde robos menores hasta la comercialización de la droga. Claro que esto no sería posible sin la mezquina utilización de los pibes más empobrecidos como esclavos callejeros para cometer dichos delitos. El círculo de corrupción policial-política se produce en la Argentina desde hace décadas, incluso se atribuye su nacimiento a la última dictadura cívico militar, por impronta de Ramón Camps cuando comandaba la jefatura de la Policía Bonaerense.
Sobre la violencia policial contra los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, la semana pasada, en un programa del canal de TV C5N, el titular del CELS, el colega Horacio Verbitsky recordó que ese organismo cuenta con información sistematizada al respecto y que se trata de un problema que arrastra desde hace mucho años; y que el gobierno de Macri loi agrava porque no toma medidas que sancionen la comisión de esos ilícitos.
Resabios de aquella oscura época actuaron en casos como el de Rodrigo Simonetti, joven de 11 años hallado muerto en junio de 2012 en un callejón cercano a 526 y 15, en La Plata, y que expresan la cruda marginalidad social a la que están expuestos muchos pibes y pibas. Mismo final le dio la policía a Sebastián Nicora en Punta Indio en febrero de 2013. El joven fue encontrado muerto por un disparo en la cabeza, aunque la autopsia policial encubrió el hecho por más de un año bajo un supuesto golpe en la cabeza. La propia madre de Luciano Arruga, joven de 16 años desaparecido desde el 31 de enero de 2009 hasta el 17 de octubre de 2014, tras ser secuestrado por la Policía Bonaerense en Lomas del Mirador, denunció que su hijo fue hostigado por efectivos luego de “un ofrecimiento para robar para la policía”. Finalmente su cuerpo se encontró en una fosa común como NN. Otros casos más recientes fueron los de Alejandro “Kiki” Ponce, de 23 años, Franco Casco y Gerardo Escobar en Paraná, en los que las familias de las víctimas apuntan directamente a efectivos policiales como principales responsables. También el 22 de febrero pasado Franco Amaya, de 18 años, fue asesinado por el policía Rodrigo Busto en un control policial que se realizaba en las calles de Carlos Paz.
La lista anterior conforma sólo algunos de los casos que han tomado más trascendencia y que marcan, lejos de ser aislados, un hilo conductor entre todos. Las víctimas siempre son jóvenes, asesinados en circunstancias poco esclarecidas y con la presencia de al menos un efectivo policial en todas ellas. Es por ello que es totalmente absurdo y contradictoria la postura del gobierno de sacar más y más policías a las calles; porque precisamente son esos efectivos de seguridad los que hoy salen a jugar con la vida de los pibes al mejor estilo “cowboy” estadounidense.
Tomando como punto de partida los casos de los jóvenes asesinados que se encontraban en conflicto con la ley, es necesario plantear: ¿por qué un pibe roba en un barrio? o ¿por qué siempre se producen robos y delitos menores en las mismas calles o zonas específicas? Las fuentes allegadas a las fuerzas de la Policía Federal Argentina y la Policía Bonaerense consultadas por esta agencia confirmaron que la disputa entre jefes de calle de diferentes cuerpos policiales ha producido un incremento de la utilización de los pibes para cometer delitos en la calle, obviamente con previa liberación de los territorios. La misma policía genera un escenario violento, eligiendo a los culpables antes del delito, como parte de una disputa de poder sectorial.
Pero nada de esto sería posible sin la vista gorda de la ministra enviada de la CIA y el MOSSAD, que además ordena reprimir y hostigar permanentemente a los jóvenes que “ensucien” las calles, con el objetivo de profundizar la criminalización de la protesta, principalmente en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano Bonaerense. Desde la llegada de Cambiemos a la Casa Rosada, las fuerzas de seguridad se han encontrado con un camino libre para profundizar sus prácticas represivas.
En la ciudad que comanda Horacio Rodríguez Larreta la orden se cumple sin más preámbulos, como ocurrió con la detención el pasado 31 de marzo de un joven que vendía pañuelos en el subte a manos de tres efectivos vestidos de civil. A su vez, el mes pasado también la Policía de la Capital Federal detuvo ilegalmente a Micaela Brambilla, militante de La Garganta Poderosa, por filmar a efectivos que retenían en un patrullero a un niño de 13 años por intento de robo. No sólo que la policía tiene el camino allanado para cometer delitos utilizando a jóvenes en situación de vulnerabilidad, sino que además se encarga de detener sin ningún tipo de identificación ni causal a vendedores callejeros o manifestantes que enfrentan la dura crisis social provocada por las medidas económicas y sociales de Mauricio Macri.
Como viene sucediendo en otros rincones del planeta – ya a fines de los ’90 los pobladores inmigrantes de la periferia de París usaron sus celulares para comunicarse ante la brutalidad policial, como en Los Angeles en los últimos casos de conmoción por violencia racista de los agentes de seguridad estadounidenses-, en el actual escenario local es que las redes sociales, particularmente Facebook y Twitter, se han colmado de videos caseros quedan cuenta y denuncian episodios de abusos policiales, Ése fue el caso del menor detenido por tres policías en la intersección de San Juan y Perú en la Capital Federal, luego de que tuviera una discusión con un comerciante. En el video del hecho subido a las redes por la agrupación Nuevo Encuentro, el niño clamaba por su liberación mientras dos policías que lo triplicaban en edad y estatura lo presionaban contra una pared bajo la justificación de estar “atentando contra la autoridad”. Incluso, el policía que le grita al niño admite ante la cámara haber desenfundado el arma reglamentaria para perseguir al menor por la calle.
El objetivo de Bullrich es atacar a un sector social determinado, lo que, por ejecución o por omisión, coincide con los objetivos de las policías. La Policía Local de La Plata, a cargo del intendente macrista Julio Garro, el jueves 14 de julio del pasado año intentó detener y subir en un patrullero ilegalmente a una jubilada que protestaba en la ANSES por el pago de su jubilación. Tres efectivos, entre ellos dos mujeres, empujaron a la anciana hasta que la filmación del reconocido documentalista Mario Verón impidió que continuaran con el ataque. Dos días antes la Policía Federal había atacado a un hombre que sostenía en el tren un cartel de protesta contra el gobierno de Macri, bajo la excusa de que “molestaba a los pasajeros”. Ya en enero de 2016, otro video viral publicado en las redes sociales demostraba como un efectivo de la Federal retenía en la calle a jóvenes que salían de trabajar para revisarle sus pertenencias. Al ser filmado, el uniformado se negó a identificarse y reivindicó con total impunidad el proceso militar como “la mejor época” del país.
La Policía Bonaerense tampoco se queda atrás. Una de las fuerzas con más casos de violencia institucional registrados en el país aprovecha el gobierno de Macri para volver a los mecanismos represivos y hostigadores propios de las épocas más oscuras. En Claypole, en febrero pasado otro video de un transeúnte evidenció como la policía obligó a desnudarse a una mujer en una plaza “para revisarla” entre cuatro uniformados. Según las estadísticas publicadas por La Izquierda Diario al analizar este caso, el aparato represivo estatal se cobra la vida de una persona cada 25 horas.
El episodio más reciente se produjo esta semana cuando la Policía Bonaerense allanó violentamente una casa en la Isla Maciel a horas de la madrugada, donde golpearon y dejaron esposada a una menor de 16 años. Sheila se encontraba en su casa de Las Heras y Alberti, cuando fue sorprendida por un operativo antinarcóticos. “Entraron a la casa y les rompieron todo. También le robaron la plata que una mamá de siete hijos tenía por la asignación universal. Los vecinos dicen que ellos no tenían ni drogas ni armas y que los policías se las plantaron”, confirmó a Página/12 Francisco «Paco» Olivera, el cura que denunció que estos casos son habituales en el Conurbano Bonaerense.
Los niños, jóvenes y adultos que no acaten las medidas macristas se verán perseguidos y hostigados por los escuadrones de Patricia Bullrich, que no es más que la vieja policía con la libertad de apuntar a matar. La ministra celebra por su cuenta oficial de Twitter las detenciones de sus hombres, responsabiliza a los peruanos y paraguayos como vendedores de droga en la Argentina y propone penas duras contra menores de 14 años, una propuesta ideal para un proyecto neoliberal como el que ejecuta Macri desde diciembre de 2015. Políticas nunca más alejadas de la Convención de los Derechos sobre los Niños, rechazadas por el grueso de los organismos de Derechos Humanos por no combatir la verdadera desigualdad social -profundizada a su vez por el gobierno- y que genera más excluidos. La «inseguridad» que dice combatir Macri no es más que un gran plan siniestro y paradójico de su círculo rojo., ante lo cual el piberío está apelando cada vez más a sus celulares, para grabar las escenas represivas y comunicarse.
Es decir, la creatividad popular se propone convertir a las nuevas tecnologías en un sistema de autodefensa del piberío de nuestras barriadas más populares, estigmatizado y asesinado.
