Quien fuera asesor del gobierno de Neuquén cuando la policía asesinó al maestro Carlos Fuentealba, hace 10 años, y hoy es el segundo de Seguridad de Macri, Eugenio Burzaco, y con el cinismo que es propio de los herederos favoritos de los genocidas del ’76, tan cómodamente instalados en la Rosada, puso su jeta de cemento ante las cámaras de TV para enfatizar que no van a permitir la protestas callejera cuando una periodista le pedía explicaciones sobre por qué la Gendarmería reprimió a mujeres en la Panamericana, durante las protestas obreras que se registraron en el marco del masivo paro general organizado por las centrales obreras, organizaciones sociales y partidos políticos.
Fuentealba fue asesinado el 4 de abril de 2007 luego de participar de una medida de fuerza del gremio ATEN en Arroyito –en las rutas 22 y 237- , que fuera violentamente reprimida por orden del comisario Mario Rinzafri. Cerca del mediodía, viajaba de regreso en la parte trasera de un Fiat 147 junto a dos compañeros. A unos ocho metros, el cabo José Darío Poblete disparó un proyectil de gas lacrimógeno con su pistola calibre 38.1, que atravesó la luneta del auto e impacto en la cabeza del maestro.
Poblete fue enjuiciado, como autor único, y se le impuso la pena de prisión perpetua en 2008 y se abrió otra causa, denominada Fuentealba II, para investigar el accionar de los funcionarios públicos aunque todos quedaron libres de culpa y cargo. Al respecto, Guagliardo contó que en febrero, se realizó una presentación ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación tras conocerse la sentencia de esta última causa, para denunciar “una grave violación a los Derechos Humanos, un crimen institucional y dos lesiones claras constitucionales: la violación al deber del Estado de investigar, enjuiciar y sancionar a los responsables, y la violación de un derecho fundamental para la víctima, como es el de la tutela judicial efectiva, que le permita conocer la verdad”.
Tanto el dictamen de la Justicia de Neuquén como la asunción de Burzaco el frente de la secretaría de Seguridad del gobierno de Mauricio Macri dan cuenta para el gremialista “de cómo el poder judicial termina operando como protección al poder político”. “Nosotros exigimos que se investigue la planificación y ejecución de los hechos pero la justicia de Neuquén nunca se dispuso a investigar cómo se debía para dilucidar lo acontecido en Arroyito, que lo agotaron en la autoría material del cabo primero”.
Cinismo sin par el de ese siniestro personaje, secretario de Seguridad del gobierno de Mauricio Macri, que se pavoneaba no como un gallo, porque los gallos no sulene ser cobardes, entre los escudos y los garrotes de su guardia pretoriana de Gendarmería, en la panamericana, para justificar la represión que sufrió por parte de esa fuerza el piquete de trabajadores que ejercía su legítimo derecho a la protesta.
Por el canal C5N se vio y oyó cómo Burzaco le respondía a un cronista que lo interpelaba tras haber sido testigo de represión a mujeres, justificando los palos y la violencia y remarcando que no iban a permitir ese tipo de protestas.
El gobierno de Macri es el gobierno de los nietos de “la Fusiladora” del ’55, de los hijos dilectos de los genocidas del ’76.
