Para reafirmar que los desaparecidos fueron 30 mil y el país fue víctima de un genocidio. Contra la estrategia discursiva de los hijos de aquella dictadura y los nietos de “la Fusiladora” del ’55, ahora en el gobierno de Mauricio Macri, y del conjunto de la derecha vernácula, que apunta contra los consensos sociales y culturales acerca de verdadero significado del terrorismo de Estado, para retirar a la instituciones estaduales de las práctica en torno a Memoria, Verdad y Justicia. Y ello no es casual, las políticas económicas de Cambiemos, sus gestos a favor de la criminalización de la protesta social conforman una vuelta de tuerca a las aplicadas por la régimen dictatorial impuesto el 24 de marzo de 1976.
Las convocatorias de Madres, Abuelas, Familiares a las 14 a Plaza de Mayo y de otras organizaciones y el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia a las 15 a Congreso, se anunciaron como multitudinarias, en el contexto de una semana en la que cientos de miles de docentes y de ciudadanos de distintos sectores salieron a las calles en apoyo de la Eduación Pública, en la mira devastadora de Mauricio Macri.
“El mismo plan económico, la misma lucha. Paremos la miseria planificada”, es la consigna principal de las Madres de Plaza de Mayo línea fundadora, Abuelas de Plaza de Mayo, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas e HIJOS (Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio). Se trata de un reclamo contra la reimplantación de un modelo de exclusión que perciben como continuador del impuesto por José Alfredo Martínez de Hoz y, a la vez, un homenaje al escritor y periodista Rodolfo Walsh, de cuyo secuestro se cumplen mañana 40 años”, dice el diario Página 12 este viernes.
“Entre diciembre 2015 y marzo de 2016, el Ejecutivo desmanteló el área de derechos humanos del Banco Central encargada de investigar el sistema financiero de la dictadura; las tres divisiones de la Dirección Nacional de Derechos Humanos del Ministerio de Seguridad: coordinación de huellas, el Grupo Especial de asistencia para casos de apropiación de niños y luego el área de asistencia a la Justicia en la investigación de documentos de Prefectura, Gendarmería y Policía, con aportes centrales en las causas judiciales como ‘vuelos de la muerte’. Los Equipos Especiales de Archivos de las Fuerzas Armadas del Ministerio de Defensa –con 10 de los 13 trabajadores originales– no se desarmaron pero no pudieron desclasificar un sólo fondo documental en 2016, no pudieron actualizar la página de archivos abiertos, no realizaron publicaciones ni difusión y no contaron con insumos mínimos para la digitalización de archivos. Los contratos de varios trabajadores vencen el 31 de marzo y aún no saben si continuarán. El desmantelamiento de las áreas de investigación tuvo correlatos. El expediente por la candidatura del Museo Sitio de Memoria ESMA a Patrimonio Histórico de la Humanidad de la Unesco estuvo en un cajón detenido entre febrero y octubre. El Ejecutivo no entregó partidas para la preservación del edificio ordenada por la justicia, dado que es prueba judicial. En el espacio de los juicios, la secretaría de Derechos Humanos mantuvo sus querellas en distintas causas, pero se retiró de algunos expedientes emblemáticos: impulsora de la causa Papel Prensa, dispuso no apelar la decisión del juez Julián Ercolini que sobreseyó a Héctor Magnetto, Ernestina Herrera de Noble y, entre otros, Bartolomé Mitre. Las primeras líneas del gobierno alentaron los arrestos domiciliario de represores que estaban detenidos en cárceles comunes. Se derogó el decreto que prohibió la atención de represores en los hospitales militares y volvió a habilitar la Unidad 34 de Campo de Mayo, ubicada en un predio del Ejército, considerado parte del sistema de cárceles especiales que años atrás provocaron la fuga de detenidos. El programa de protección de testigos quedó a cargo de un subteniente de Caballería del Ejército. Y hubo encuentros no difundidos de funcionarios con las asociaciones que piden impunidad para los represores. También es cierto que a pedido de los organismos de derechos humanos el gobierno obtuvo el acceso a parte de los archivos de inteligencia de Estados Unidos cuyo análisis aún no arroja resultados significativos y archivos de Francia. Que la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi), creada durante el gobierno de Carlos Menem a instancias de Abuelas de Plaza de Mayo, continúa con su trabajo. Pero uno de los datos de mayor preocupación está en el plano del discurso. Con un presidente que habla de ‘guerra sucia’ y al que nunca se le escuchó en público pronunciar la palabra “desaparecidos”. Con un regreso a conceptos pre Juicio a las Juntas. Con Darío Lopérfido y Juan José Gómez Centurión, dos funcionarios, como símbolos del intento de impugnar que la última dictadura planificó y ejecutó un plan sistemático de desaparición de personas y de apropiación de niños. Como puntas de lanza, junto con algunos comunicadores, de la tarea de desprestigiar a Madres, Abuelas y Familiares y otros referentes de organismos de derechos humanos, que son las voces que representan al país ante el mundo, una constante desde 1983 hasta hoy, más allá de cualquier gobierno. En esa línea, también se asienta el peso simbólico del desfile del 9 de Julio con los militares carapitandas. Escenas que suelen concluir con un funcionario que hace la exégesis del Presidente (o de otro funcionario) y corrige lo incorregible”, añade el mismo periódico.
“24 de marzo de 2017: 30.000 razones”, dice un documento publicado en el sitio de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP, encabezada por su decana Florencia Saintotut, a su vez edil y quizá la emergente política e intelectual más destacada del kirchnerismo en La Plata.
“Se cumplen 41 años del inicio del último golpe de Estado cívico-eclesiástico-militar, y es una fecha en la cual volvemos a reafirmar –como cada día- la lucha por la Memoria, la Verdad y la Justicia. Hace 41 años el gobierno de facto tomó como política arrebatar los sueños militantes de los 30.000 compañerxs detenidxs-desaparecidxs. Cualquier persona o colectivo de personas que no siguieran las órdenes e ideología que defendía el poder militar, era considerado “un subversivo” y por lo tanto, perseguidos, detenidos –de forma ilegal- e incluso asesinados por el propio Estado. En el marco del Día de la Memoria, hay otro acontecimiento para recordar: se cumplen 13 años de que el ex presidente Néstor Kirchner, bajó los cuadros de los dictadores Videla y Bignone, ambos presidentes de la República durante la dictadura, de la galería de honor en el gran patio de la institución formadora de los oficiales del Ejército argentino. Por supuesto, eran otros tiempos, con otros gobernantes comprometidos con esta lucha muy distinta a la actualidad. Desde el año 2003, con la llegada al gobierno de los compañeros Néstor y Cristina, en conjunto con los organismos de Derechos Humanos, hemos dado un paso fundamental con un proyecto que busca la reconstrucción de la verdad, la promoción de la Memoria colectiva, la búsqueda de los nietos que faltan, y reparación de las heridas que nos dejó el terrorismo de Estado. En este sentido, los juicios por delitos de lesa humanidad, retomados luego de la derogación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final -el 20 de Agosto del 2003-, se convirtieron en política de Estado. Durante el año 2014 concluyeron 21 juicios en todo el país, en los cuales se condenó con sentencia firme a 92 genocidas por delitos cometidos contra 558 víctimas. En la provincia de Buenos Aires se llevaron a cabo 7 juicios en los que se condenó a 40 represores que se suman al total de 559 condenados, desde 1983. Hoy, la realidad política es muy distinta. Las provocaciones del gobierno que encabeza el empresario Mauricio Macri, por ejemplo, llamando “curro” a los derechos humanos, ninguneando la militancia, la desfinanciación de las políticas públicas en Derechos Humanos, o la liberación –o prisión domiciliaria- a genocidas, entre otras, son nefastas y repudiables, la lentitud y el cajoneo de los juicios, el cierre de programas de asistencia a las vìctimas, el negacionismo del genocidio y de la cifra de los desaparecidos . No es ilógico pensar en que su política sea querer destruir una lucha histórica, que intenta instalar nuevamente la “teoría de los dos demonios”, cuando sabemos que tanto él como toda la familia Macri, se vio beneficiada económicamente durante la dictadura. Por otro lado, los grandes medios de comunicación fueron quienes callaron antes y callan ahora. En su momento, la entrega de Papel Presa a Clarín, fue la coima para que el “gran diario argentino”, no sólo sea cómplice en el silencio de lo que ocurría, sino que además ayudaron a construir el relato que legitimaba el terrorismo militar. Hoy sucede lo mismo con la Ley de Medios, que busca la pluralidad de voces, y se encuentra desestimada por el gobierno de la Alianza Cambiemos, ya que vuelven a necesitar la complicidad de este monopolio para lograr sus principios ideológicos, conservadores, autoritarios y antidemocráticos, que buscan el vaciamiento del Estado, en definitiva, de todo el pueblo Argentino. El ataque a la educación pública, la no apertura de la paritaria docente, la vulnerabilidad de derechos, la modificación de leyes –constante y continuamente- que afectan a los trabajadores, la criminalización de la protesta, la inflación y la quita de subsidios a los servicios, son algunas de sus políticas, que sólo benefician a las grandes corporaciones”, añade ese documento
Y concluye: “Las similitudes del gobierno actual con la dictadura son infinitas. También, la persecución y los presos políticos son otra coincidencia perversa. Milagro Sala, militante y referente de la Tupac, lleva detenida –de forma ilegal- 433 días. Repudiamos esto y cada hecho que vulnere los derechos de todas y todos los argentinos. No daremos ni un paso atrás, seguiremos en lucha por los desaparecidxs, los asesinadxs, por las Madres, las Abuelas, por los Hijos e Hijas, los nietos y nietas; por los docentes, por los derechos de los niñxs y adolescentes, por los trabajadores y lxs presxs políticos. Por los 30.000 detenidxs desaparecidxs y asesinadxs, por los casi 400 bebés apropiados que nos falta recuperar su identidad, por la justicia social, por la Memoria, la Verdad y la Justicia. Hoy más que nunca volemos a decir 30.000 compañeros y compañeras detenidos y desaparecidos presentes ahora y siempre.
