Ocurrió en el Pabellón 22, donde los penitenciarios irrumpieron con extrema violencia. Al menos cinco privadas de su libertad quedaron heridas e intoxicadas en celdas de castigo. Alfredo Cuéllar, padre de una joven asesinada en ese mismo lugar, pidió la intervención de la Procuvin y de los organismos de derechos humanos.
Por Fernando M. López (*) / El Complejo Penitenciario Federal IV de Mujeres volvió a ser escenario de la violencia institucional ayer por la madrugada, cuando las internas del Pabellón 22 exigían poder pasarle algo de alimento a una de sus compañeras que estaba sufriendo de hambre. La prohibición de las guardiacárcles ocasionó que el reclamo se generalizara de celda en celda y las autoridades respondieron con represión.
Alfredo Cuéllar, quien desde 2012 reclama justicia por el asesinato de su hija en ese penal, informó a Contexto que primero las golpearon duramente y luego les dispararon agua con una manguera para incendios, ya que las mujeres privadas de su libertad “intentaron defenderse prendiendo fuego un colchón”.
“Hasta ahora tenemos conocimiento de tres heridas y dos intoxicadas, que fueron puestas en los ‘tubos’, celdas de castigo que no deben existir bajo ningún punto de vista”, agregó.
Cuéllar denunció el hecho ante la Procuración Penitenciaria de la Nación, a cargo del radical Francisco Mugnolo, aunque dijo no tener muchas expectativas en ese organismo que “nunca atiende a las víctimas”. Por tal motivo pidió la intervención de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin) y de los organismos de derechos humanos.
“Estamos bajo un sistema muy perverso. La situación en los lugares de encierro es cada vez peor con superpoblación, tortura y muerte”, sostuvo, y advirtió que esto podría agravarse si el Gobierno de Mauricio Macri logra bajar la edad de punibilidad de dieciséis a catorce años, “empujando a manadas de chicos y chicas pobres a las cárceles”.
“Hay 75 mil detenidos en el país y a cada uno le corresponden unos 30 mil pesos mensuales para que tenga acceso al trabajo, la educación, la salud, la comida y el agua, pero eso nunca llega. ¿A dónde va toda esa plata? Es tremendo el robo que se está cometiendo. Los verdaderos delincuentes son los que manejan el Servicio Penitenciario. A mí llegaron a falsificarme la firma para hacer figurar que habían dado 40 mil pesos para la sepultura de mi hija, cuando en realidad no me dieron ni una moneda”, graficó.
Sin justicia
Florencia Cristina Cuéllar –“la China”, como le decían sus familiares y amigos– murió el 23 de diciembre de 2012, tras seis años de privación de la libertad. En el penal de Ezeiza dijeron que se había ahorcado, pero desde que Alfredo vio el cuerpo y los golpes que presentaba en los brazos se convenció de que aquello se trataba de un asesinato.
En varias oportunidades declaró que el Servicio Penitenciario Federal la tenía “entre ceja y ceja” por “agrupar a todas las compañeras haciéndoles entender que lo que ellas estaban padeciendo era una violación a sus derechos”. A más de cuatro años del hecho, la causa está prácticamente paralizada. Ni siquiera se culminó la etapa de investigación.
“Lo hacen a propósito para que nos cansemos psicológica y físicamente, para que no continuemos con la lucha. Enfrentar a un aparato poderoso como la mafia penitenciaria es difícil, pero yo no me voy a cansar nunca”, aseguró Cuéllar.
(*) Publicada por el diario Contexto. Su autor es también editor de AgePeBA.
