“Los feminicidios en Ciudad Juárez” y “las muertas de Juárez” son dos expresiones que hacen referencia a la suma de asesinatos de mujeres que se han cometido en esa ciudad mexicana fronteriza con Estados Unidos en el estado de Chihuahua, al menos desde enero de 1993. Para el año 2012, el número estimado de mujeres asesinadas ascendía a más de 700. Por lo general las víctimas corresponden a mujeres jóvenes y adolescentes de entre 15 y 25 años de edad, de escasos recursos y que han debido abandonar sus estudios secundarios para comenzar a trabajar a temprana edad. Antes de ser asesinadas, las mujeres comúnmente suelen ser además violadas y torturadas. Por parte de la población se ha acusado de pasividad a las autoridades locales y nacionales, puesto que en muchos casos no se ha esclarecido la responsabilidad de dichos delitos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha llegado a considerar al Estado Mexicano como uno de los principales responsables de estos hechos. Cuando este miércoles – en el marco de las movilizaciones del Día Internacional de La Mujer, la abogada Florencia Casamiquela dice por TV que existe “una trama oscura” detrás de múltiple femicidio de Florencia Varela registrado hace semanas atrás, el nombre de Ciudad Juárez resuena, porque allí lo que se desplegó y despliega fue una compleja red de complicidades entre el delito y los poderes económicos, judiciales y políticos, que a escala podrían estar apareciendo en el distrito del sur del Conurbano.
“A las chicas las estaban esperando para asesinarlas” dijo la abogada y en ningún momento de la entrevista propalada por Crónica TV desmintió que las víctimas y otras jóvenes de la zona hayan sido explotadas por una red de narcotraficantes. “La fiscalía tiene que seguir esa línea de investigación”, reclamo la letrada poniendo en tela de juicio el papel que cumple el Estado en este caso conocido como “la masacre de Florencia Varela”, ocurrido en febrero último. En ese sentido tampoco se descartó cierto nivel de complicidad policial
Florencia Casamiquela, es la abogada de las familias de las asesinadas Sabrina Barrientos y Denise Juárez, asesinadas hace unos días en lo que ahora se conoce como “La Masacre de Florencio Varela. Apunto contra el acusado en la causa, Luis Esteban Weiman, de quien asegura “tenía una relación perversa con las chicas”. “Los fines de semana repartía alcohol y dinero, a veces hasta mil pesos a cada una, entre un grupo de chicas”, añadió la abogada.
Hace semanas ya, ante las cámaras de otro canal, América 24, Casamiquela había afirmado: “Yo no descarto que el crimen tenga que ver con el mundo de la noche, de la droga, y del vínculo de las chicas con el detenido”, consideró Casamiquela. Y aclaró que le cuesta creer que Weiman (36) no tenga nada para decir al respecto, “tenía una relación perversa con las chicas”.
Asimismo, agregó que tampoco descarta que el ataque contra las cuatro chicas (Sabrina Barrientos, Denise Juárez, Némesis Núñez y Magalí Pineda), haya sido tercerizado. “El hecho se asemeja muchísimo a una ejecución. Se trata de un femicidio vinculado a la trama oscura de la nocturnidad”, arrojó entonces y lo reiteró este miércoles.
Casamiquela también había dado su hipótesis días atrás: “Yo creo que mataron a dos chicas y dejaron a dos gravemente heridas porque vieron algo que no tenían que ver”.
Los feminicidios en Ciudad Juárez y las muertas de Juárez son dos expresiones que hacen referencia a la suma de feminicidios y asesinatos de mujeres que se vienen cometiendo en la ciudad mexicana de Ciudad Juárez, estado de Chihuahua, al menos desde enero de 1993. Para el año 2012, el número estimado de mujeres asesinadas ascendía a más de 700.
Por lo general las víctimas corresponden a mujeres jóvenes y adolescentes de entre 15 y 25 años de edad, de escasos recursos y que han debido abandonar sus estudios secundarios para comenzar a trabajar a temprana edad. Antes de ser asesinadas, las mujeres comúnmente suelen ser además violadas y torturadas.1
Por parte de la población se ha acusado de pasividad a las autoridades locales y nacionales, puesto que en muchos casos no se ha esclarecido la responsabilidad de dichos delitos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha llegado a considerar al Estado Mexicano como uno de los principales responsables de estos hechos.
Ciudad Juárez se encuentra en el estado de Chihuahua, en la frontera con Estados Unidos, estando separada de la ciudad El Paso, Texas, únicamente por el Río Bravo, zona “maldita” para el presidente Donald Trump.
Tanto la actividad criminal como el crecimiento demográfico en el área metropolitana de Ciudad Juárez comenzaron a aumentar drásticamente a partir del auge de las maquiladoras y especialmente desde el establecimiento del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en 1994, dos factores que atrajeron tanto el comercio internacional como a muchas mujeres jóvenes y sus familias en busca de mejores oportunidades laborales y económicamente más favorables.
Desde mediados de la década de 2000, las autoridades desviaron su atención hacia las investigaciones de las redes de narcotráfico.
La primera víctima contabilizada fue la niña Alma Chavira Farel, en enero de 1993. En mayo de 1993 fue raptada Gladys Janeth Fierro, de 12 años de edad, quien fue violada y asesinada por estrangulamiento. En septiembre de 1995, Silvia Rivera Morales, de 17 años, fue encontrada en Lote Bravo, al sur del aeropuerto, habiendo sido violada, estrangulada, y además torturada brutalmente. Este último modus operandi se repitió el mismo año en el mismo lugar, uno de los barrios favorecidos de Ciudad Juárez. En 1996, seis cuerpos fueron encontrados en la zona desértica Lomas de Poleo, acuchilladas, mutiladas y violadas. Sagrario González, también de 17 años, obrera de una maquiladora, desapareció al salir del trabajo en abril de 1998. Días después fue encontrada muerta en un terreno baldío, habiendo sido violada, estrangulada y acuchillada. La espalda de algunas de estas víctimas tenían símbolos de triángulos realizados por armas cortopunzantes.
Por lo general, las víctimas corresponden a mujeres jóvenes y adolescentes de entre 15 y 25 años de edad, de escasos recursos y que han debido abandonar sus estudios secundarios para comenzar a trabajar a temprana edad.
Los lugares donde se han descubierto la mayoría de los cuerpos son: Lote Bravo, Granjas Santa Elena, colonia La Nueva Hermila, las faldas del Cerro del Cristo Negro y el Puente Libre que une a Juárez con El Paso, Texas.
En febrero de 1999, el presidente de México de ese entonces, Ernesto Zedillo, se reunió con el presidente estadounidense Bill Clinton en Mérida, estado de Yucatán, para pedir apoyo en las investigaciones de los asesinatos en Ciudad Juárez. Al mes siguiente, policías del FBI visitaron la ciudad para averiguar sobre los crímenes, habiendo estudiado previamente 24 expedientes de víctimas facilitados para su investigación.
Algunas de las instituciones que de alguna manera han participado en la búsqueda de los delincuentes, son la Procuraduría General de la República (PGR), el FBI, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la Coordinadora de Organismos no Gubernamentales en pro de la mujer, el Grupo 8 de marzo, Mujeres por Juárez, Voces sin Eco y los Zorros del desierto.
En 2009 año se contabilizaron 2632 asesinatos en la ciudad, correspondientes a más de un tercio del total de hechos ocurridos en todo México, donde se totalizaron 7700 asesinatos. En 2010 la cifra ascendió a más de 3100 asesinatos, y el primer mes y medio de 2011 alcanzó las 300 muertes.9 Sin embargo, existe una gran controversia sobre las cifras reales, incluso se discute el propio concepto de feminicidio, pues algunos autores manifiestan que dicho concepto sería mucho más amplio que el de homicidio o asesinato y comprendería además la dejación de perseguir la violencia contra las mujeres por parte de las autoridades.
El 77 % de los crímenes quedan impunes, y gran parte de los cuerpos no son jamás identificados.10 Si bien el número de muertes de hombres es mucho mayor que el de mujeres, los homicidios femeninos en Ciudad Juárez son considerablemente mayores que en el resto de las grandes urbes de México y Estados Unidos.
Las maquiladoras se caracterizan por su mano de obra barata y sus condiciones de explotación laboral, que conllevan regularmente a violaciones en los derechos humanos, especialmente en el caso de las mujeres. Las mujeres suelen emigrar desde pueblos y zonas rurales de México a las ciudades industrializadas, donde es viable encontrar trabajo en las maquiladoras. De acuerdo a los especialistas, esta migración ha creado “un nuevo fenómeno de mujeres trabajadoras móviles, independientes y vulnerables” en ciudades como Ciudad Juárez.
Por lo demás, las mujeres son usualmente orientadas para trabajar en áreas de las industrias que requieren de un menor nivel educativo, y donde se pagan salarios más bajos. Las maquiladoras, por su parte, justifican estos salarios bajos diciendo que los trabajos femeninos son temporales, lo que provoca una alta rotación de trabajadores. Las prácticas de la industria maquiladora revelan un ciclo de consumo-deshecho hacia los trabajadores, creando una concepción de mujeres “desechables” en el trabajo, de naturaleza devaluada y prescindible. Muchas de las víctimas de asesinato en Ciudad Juárez han sido empleadas de maquiladoras.
El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) ha sido considerada una de las causas de la explosión de feminicidios en Ciudad Juárez desde mediados de la década de 1990.
La implementación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en 1994 entre México, Estados Unidos y Canadá produjo una expansión de la industria maquiladora y creó nuevas oportunidades laborales para las mujeres dentro de las fábricas y fuera de sus casas. La disponibilidad de mano de obra barata atrajo a empresarios extranjeros para abrir fábricas en México, mientras que la disponibilidad de empleo atrajo a muchas personas, especialmente mujeres, a ciudades fronterizas como la de Ciudad Juárez. Las investigaciones han demostrado una correlación entre los problemas económicos y políticos y la violencia contra las mujeres a lo largo de la frontera.
Para examinar los feminicidios en Ciudad Juárez, es importante considerar el impacto del tráfico de drogas. Juárez es la sede del cártel de drogas mexicano que ha resultado en altos niveles de violencia que han sido dirigidas a la población mexicana. Juárez es el cartel de drogas mexicano que ha producido los mayores índices de violencia directa hacia la población mexicana. Se cree que los feminicidios en Ciudad Juárez pueden estar relacionados con los poderosos cárteles del narcotráfico a lo largo de la frontera. Además, las pandillas se han convertido en una amenaza permanente, sobre todo a las mujeres en la frontera. La actividad de las pandillas crea un alto riesgo para las mujeres, especialmente debido a la bajísima protección institucional existente. A menudo, la misoginia es un rasgo frecuente de la actividad de las pandillas.19 De acuerdo con un estudio realizado en 2008 utilizando la Base de Datos Feminicidio 1993-2007 en El Colegio de la Frontera Norte, la cual documenta los hechos de feminicidio ocurridos entre 1993 y 2007, el 9,1 % de los asesinatos de mujeres fueron atribuidos al crimen organizado y actividades de narcotráfico.
Los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez han atraído la atención mundial desde la década de 1990, siendo cuestionada la inacción de la policía y el Gobierno para prevenir los asesinatos y llevar a los perpetradores ante la justicia. Ha habido varias sentencias internacionales en contra de México por su inadecuada respuesta a la creciente violencia contra las mujeres. Entre el 27 y el 30 de abril de 2009, por ejemplo, se celebró un juicio en la Corte Interamericana de Derechos Humanos sentándose en el banquillo de los acusados a los Estados Unidos Mexicanos. La sentencia responsabiliza al Estado mexicano de la muerte de 8 mujeres por la falta de una investigación adecuada. Tanto la policía como funcionarios del gobierno han sido acusados de responder con indiferencia a los feminicidios, así como exhibir altos grados de tolerancia ante los crímenes, realizar investigaciones inadecuadas y negligentes, proporcionar respuestas ineficaces, y no prevenir ni proteger a las mujeres de la violencia.
Como resultado de la atención internacional que han despertado las muertes, funcionarios de la policía y el gobierno han sido políticamente presionados para responder a los asesinatos de las mujeres. Consecuentemente, la policía ha sido acusada de apresurarse a realizar arrestos y resolver los casos, a pesar de lo cual los crímenes se siguen cometiendo. Adicionalmente, de los cientos de casos, hasta el año 2006 sólo se habían realizado tres condenas, habiendo escepticismo acerca de su integridad. La metodología y la integridad de las investigaciones policiales ha sido cuestionada debido a las denuncias de tortura y violaciones a los derechos humanos realizadas a los presuntos sospechosos.
