Más allá de que por ahora parece que no da para tanto, un pedido de juicio político, una auditoria para Curreo Argentino (si, si, con “u”), todo lo demás al respecto y la bocona de Carrió desparramando heces con un ventilador; parece la era del pre-helicóptero.
En las puertas del año electoral, la diputada Elisa Carrió elevó al máximo la tensión interna en Cambiemos. La sesión de la Cámara baja en la que la chaqueña puso el grito en el cielo y disparó contra “los CEOs” por el ajuste jubilatorio provocó que la mesa chica del oficialismo saliera personalmente a contestarle, tal como consignó este jueves Página12. El jefe de Gabinete, Marcos Peña y el coordinador económico, Mario Quintana, dos hombres de extrema confianza de Macri, cruzaron a la chaqueña. “Creo que su opinión fue en un momento en que no estaba toda la información sobre la mesa. Sobrereaccionó en base a una malversación de información porque se dijo que Cambiamos por decreto una resolución de ley”, retrucó en aquel momento Quintana. No era para menos. Lilita había disparado directamente contra él y en la misma jugada había elogiado a Macri por rectificar la decisión de bajar el porcentaje de aumento a los jubilados. “Para un rico 20 pesos no es nada. Para un jubilado es mucho. Gracias señor Presidente por rectificar la medida”, dijo Carrió en su cuenta de Twitter. La frase tenía destinatario directo y no hizo falta que lo mencionara a Quintana con nombre y apellido ya que todavía flotaban en el aire sus palabras minimizando el impacto de la medida: “Ya hay más de 900 mil jubilados que corrigieron su haber en más de 2500 pesos. No nos pueden correr por corregir un error matemático de 20 pesos de impacto”, había afirmado el ex CEO de Farmacity. Carrió también había lanzado otra frase que le cayó de lleno a Quintana: “Es fácil ser CEO (…) el Estado es mucho más complejo que una empresa privada, donde se presta atención a la rentabilidad”, sostuvo en el recinto de Diputados.
Carrió dinamitó así parte de la buena relación que mantenía con la mesa chica del Gobierno, después de ser vapuleada por dirigentes de la UCR –con los que nunca se llevó bien– por no salir a tiempo a cuestionar el acuerdo del Correo Argentino. Molestó sobremanera en la Casa Rosada que la diputada tratara de “torpes” e “ineficientes” a los funcionarios y que prometiera a los jubilados “dar la pelea” como si estuviera parada en la oposición. Esa postura también fastidia a los radicales, que ven cómo la Coalición Cívica se diferencia ante los “errores” oficiales y ellos terminan tragando saliva para defender las iniciativas más polémicas.
Con el año electoral en curso, preocupa en la Casa Rosada que la actitud de Carrió se parece a la que tuvo cuando en noviembre de 2014 se fue del Frente Amplio UNEN tildando de “mediocres” y “traidores” a Fernando “Pino” Solanas y Ernesto Sanz, con quien nunca tuvo una buena relación. En el Gobierno repasan también que en agosto de 2010 Carrió había roto el Acuerdo Cívico y Social que integraba con los radicales y los socialistas. Y en marzo de 2007 se desafilió del ARI, el partido que ella fundó.
Cuando son consultados, Macri y sus hombres más cercanos destacan siempre la entrega y la valentía de Carrió con las denuncias contra el kirchnerismo. Pero si no se les consulta, prefieren no nombrar a la diputada. Sobre estos últimos exabruptos de la chaqueña salieron a decir que en realidad fue una “sobreactuación” que les sirvió para sacar la modificación a la ley de ART. Sin embargo, cada vez más ministros en el Gabinete no ocultan su hartazgo por el dedo acusador de la legisladora. En el oficialismo revelan que el año pasado la AFIP la intimó a Carrió por inconsistencias en sus declaraciones juradas. La notificación del ente recaudador no se filtró todavía pero en el entorno de la diputada no negaron que lo tomaron como un “carpetazo” del Gobierno en devolución por una denuncia puntual contra Aranguren y los funcionarios del ministerio de Energía José Luis Sureda, Pablo Popik y Luis Barile. La chaqueña los denunció por “negociaciones incompatibles con la función pública”, lo que había comenzado a fisurar la alianza oficialista ya en noviembre del año pasado. Según fuentes del ministerio de Ambiente, aquella denuncia está vinculada con las licitaciones y contrataciones de gas, en las que una íntima amiga de Carrió tiene un particular interés. Se trata de Lili Miedvietzky, heredera de la empresa Amarilla Gas, que era de Herman Miedvietzky. La compañía opera con 17 plantas en siete provincias y el objetivo ahora sería que se convierta en el concesionario de las redes de distribución del Gasoducto del Nordeste Argentino, en plena ejecución. Hasta el año pasado, la empresa de la amiga de Carrió había quedado al margen de esas obras.
Pero, además de las declaraciones de la diputadam Mugricio debe enfrentarse con otros problemas: el pedido de juicio político iniciado por 15 diputados del FPV-PJ y la auditoría que la comisión bicameral mixta Revisora de Cuentas del Congreso le encargó a la AGN. Ambos se relacionan con el caso del Curreo Argentino, es decir, la condonación de una deuda millonaria por parte del Estado a una empresa del Grupo Macri que administraba el correo.
La Auditoría General de La Nación (AGN) centrará su investigación –encargada por la Bicameral- en tres puntos específicos: el ministerio que hoy conduce Oscar Aguad, el cálculo del monto a pagar por parte del holding de la familia del presidente y un análisis de las causas judiciales y la actuación del Estado desde 2001 hasta el presente.
Tal como informó Página12 el lunes pasado, la AGN ya hizo dos auditorías sobre la concesión del Correo al Grupo Macri, en 2001 y 2002. Esta última lleva la firma de Leandro Despouy, actual representante de derechos humanos de la Cancillería, y recomienda entre las opciones rescindir el contrato y perseguir el cobro de la deuda del Grupo Macri. Las dos auditorías advierten que la empresa, de la que el presidente fue accionista hasta 2009, había incumplido el contrato al dejar de pagar el canon (de hecho, solo pagó el primer año, en 1998). Además, señalaba que el Grupo Macri consiguió que el menemismo le computara las indemnizaciones del despido de cinco mil trabajadores como parte de las “inversiones” que estaba obligado a hacer por contrato. Los informes dejaban en claro que durante el menemismo la CNC y la secretaría de Compunción no ejercieron sus funciones para controlar y que, durante la Alianza, si bien hubo intimaciones para regularizar la deuda, no se aplicaron las multas correspondientes.
Pedido de juicio político
También por el acuerdo entre el Estado y el Correo Argentino, un grupo de diputados del Frente para la Victoria presentó este miércoles un pedido de juicio político contra el presidente Mauricio Macri. La iniciativa lleva la firma del jefe del titular del PJ, José Luis Gioja, y se basa en el dictamen de la fiscal de la Cámara Civil y Comercial, Gabriela Boquín, según el cual el perjuicio para las arcas del Estado tras la condonación de la deuda al grupo Sociedades Macri (Socma) treparía hasta los 70 mil millones de pesos.
Los 15 diputados firmantes del pedido de juicio político argumentan que al acordar esa quita con el grupo empresario de su familia, el Presidente vulneró la ley de ética pública e incurrió en los delitos de fraude en perjuicio de la Administración Pública y negocios incompatibles con el ejercicio de la función pública, consignó Página12 en su edición de este jueves. El proyecto cuenta además con la firma del del vicepresidente de la Comisión de Juicio Político, Lautaro Gervasoni. Esa comisión está presidida por el macrista Álvaro González, el primer escollo que deberá enfrentar el proyecto para prosperar, lo que a priori parece cuesta arriba. Para ser aprobado, el juicio político necesita el acuerdo de las dos terceras partes de ambas cámaras. Aunque lograra sumar a todos sus diputados, con posiciones encontradas en varios temas, el peronismo no alcanzaría ese número. Una iniciativa similar, presentada por diputados de Cambiemos contra la procuradora Alejandra Gils Carbó, duerme en los despachos desde hace varios meses. El último juicio político contra un presidente había sido presentado por el ex diputado Carlos Soria a mediados de diciembre de 2001, contra Fernando de la Rúa.
Pese a las dificultades, desde el FpV-PJ sostuvieron ayer que la presentación busca “que se tome real dimensión” sobre el escándalo del Correo Argentino, que según evaluaba uno de los diputados firmantes, “pegó en la línea de flotación del Gobierno y hay una exigencia real de la población de mayores explicaciones”. La firma de Gioja, además de darle volumen político, buscó mostrar un apoyo partidario a la presentación. El diputado entrerriano Julio Solanas, quien presentó formalmente el escrito, dijo que la motivación fue “haber escuchado a muchos argentinos y argentinas que nos han pedido que hagamos algo ante estos hechos graves”. “Macri está más preocupado y concentrado en llevar adelante un plan de negocios para beneficiar a su familia y amigos, que en llevar adelante un programa de políticas públicas en favor del pueblo”, sostuvo.
En la presentación, los diputados del FpV-PJ sostuvieron que Macri “ha tenido una doble finalidad delictiva: por un lado dañar el patrimonio del Estado Nacional despojándolo, de forma abusiva, de un crédito contra la concursada; como asimismo, procurar un enriquecimiento indebido por parte de Correo Argentino”. Y agregaron, además, una lista de irregularidades como el decreto que permite a familiares de funcionarios ingresar en el blanqueo de capitales; la venta de las acciones de la empresa de vuelos privados MacAir (controlada por Socma) a la colombiana Avianca; la adjudicación al empresario amigo del Presidente, Nicolás Caputo, de una obra civil para la instalación de un reactor nuclear, y la defensa de los negocios inmobiliarios relacionados con el magnate inglés Joe Lewis en El Bolsón, entre otros.
Algunos de los delitos citados en la presentación están siendo investigados por el juez federal Ariel Lijo, quien lleva adelante la causa en la que están imputados, además de Macri, el director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Comunicaciones y firmante del acuerdo, Juan Mocoroa, y su jefe, el ministro Oscar Aguad, quien al ser interpelado el martes en el Congreso sostuvo que era “muy probable” que el Presidente estuviera al tanto de las negociaciones.
A eso se refirió Bossio ayer al rechazar la iniciativa. “Está actuando la justicia. No creemos que el juicio político sea el camino”, dijo. “Me parece una medida extrema”, coincidió el jefe del bloque de senadores del FpV-PJ, Miguel Ángel Pichetto, cuyas declaraciones sonaron casi como un apoyo al presidente. “El recurso de un juicio político tiene que tener hechos de una envergadura de alta gravedad”, dijo. “Ante el pedido de juicio político a Macri, siento la obligación de manifestar que quienes lo realizaron no representan a todo el PJ”, sostuvo, por su parte, el Gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, para quien la iniciativa “sólo produce daño” al peronismo y lo “aleja de los problemas reales”.
