Los familiares de la joven fallecida hace más de un año en una fiesta clandestina de Melchor Romero participaron de un panel en la Facultad de Periodismo de la UNLP, donde se mostraron “muy dolidos” por la lenta marcha de la causa y reiteraron su pedido de profundizar la investigación sobre los cuatro funcionarios de Julio Garro involucrados.
“Agradezco a toda la comunidad de la Facultad el apoyo que nos vienen dando, sobre todo porque Emilia siempre decía que Periodismo era su casa, su lugar donde podía concretar sus intereses profesionales y donde tenía grandes amigos. Ella era una chica con ilusiones, estudiosa que luchaba por los derechos de las minorías, de los pueblos originarios y por sobre todo los de las mujeres”.
Así recordó Juan Uscamayta a su hija al abrir la charla “La lucha por los derechos desde la Universidad”, que se desarrolló este lunes en el edificio Presidente Néstor Kirchner de Periodismo de la UNLP, en el marco del inicio de la tercera semana del Curso Introductorio 2017 a las carreras de esa unidad académica.
En la mesa también estuvo el hermano de Emilia, Edgard Uscamayta, quien señaló que “estamos muy dolidos por cómo está tratando la Justicia el caso”
“Si fuéramos gente de plata, esto se hubiera solucionado rápido pero somos gente humilde. La justicia no es pareja, actúa para los que tienen plata, cuando hay plata de por medio todo se soluciona rápido”, remarcó.
Los familiares de la joven estudiante, que murió el 1 de enero de 2016 al caer a la pileta de una fiesta clandestina en Melchor Romero, consideraron que “se debe profundizar la investigación sobre cuatro funcionarios municipales por no haber impedido la realización del evento”.
“La negligencia, la corrupción de empresarios de la noche y las autoridades municipales fueron las causas que llevaron a la muerte de mi hija”, sostuvo Juan.
En la causa, a cargo del fiscal Álvaro Garganta, están imputados por “homicidio culposo” los cuatro organizadores de la fiesta clandestina: Carlos Bellone, Raúl “El Peque” García, Santiago Piedrabuena y Gastón Haramboure, único detenido hasta el momento por otro caso.
Al menos dos de ellos, García y Piedrabuena, tenían fuertes vínculos con la gestión del intendente Julio Garro, en particular con el subsecretario de Gobierno, Juan Manuel Martínez Garmendia, a quien el delegado municipal de Melchor Romero, Adrián Zamudio, señaló como el funcionario que habría recibido una coima para permitir la realización del evento en el que murió Emilia, a pesar de no contar con habilitación municipal.
Otro de los imputados, en este caso incumplimiento de los deberes de funcionario público, es el ex secretario de Seguridad de La Plata, Daniel Piqué, quien renunció en diciembre pasado. La familia de la víctima reclama que también sean imputados el subsecretario de Convivencia y Control Ciudadano, Robero Di Grazia y el jefe de la Policía Local, Sebastián Martínez Paz.
Al tomar la palabra, el secretario de Derechos Humanos de la Facultad de Periodismo, Jorge Jaunarena, recordó el caso de Miguel Bru, torturado, asesinado y desparecido en 1993, y dijo que “el rol más importante de la lucha por la justicia lo ocuparon los jóvenes que insistieron en investigar a la policía” y “resultó ser que aquella policía en la que Rosa Bru confiaba, fue la misma que desapareció a Miguel”.
“Nosotros no olvidamos y no vamos a bajar los brazos hasta saber dónde está”, subrayó Jaunarena.
Libertad a Milagro Sala
Por su parte, Ana Negrete, una de las referentes platenses del Comité por la Libertad de Milagro Sala, sostuvo que a más de un año de la detención arbitraria de la líder de la Tupac Amaru y parlamentaria del Mercosur, “nos queda la certeza de que vivimos en un país en que el Estado de Derecho está en absoluto peligro”.
“Milagro Sala no está presa por hacer un corte de ruta, está presa por mostrar al pueblo jujeño que se podía vivir con derechos”, afirmó y cuestionó la “profundización de un orden social, político y económico injusto en una sociedad en que la estructura de clases sigue siendo determinante para la conquista de derechos”.
“Jujuy no es sólo Jujuy. Es el más duro ejemplo, en estas tierras, de un modelo de hambre, saqueo y exclusión que intenta instaurarse en toda América Latina, en donde el poder económico pone las reglas de lo que es vivible y deseable para las grandes mayorías”, agregó.
De la charla participaron, además, la directora Contra la Violencia Institucional de la Facultad, María de las Nieves Piovani; la directora de Pueblos Originarios, Zulema Enriquez y la directora de Diversidad Sexual, Claudia Vásquez Haro.
