Este domingo dentro de una parte de la mitad del mundo, allí donde la poeta Fernanda Espinoza escribió “en la selva, la luna es más grande y más tibia, un círculo de cera con penacho de luciérnaga”, se va a elegir presidente, vicepresidente y asambleístas. Y se va a elegir algo más: si los ecuatorianos aceptan o no que los funcionarios públicos puedan tener bienes en paraísos fiscales. Pregunta necesaria en un contexto mundial de ominosa existencia de capital financiero sin límite.
Por Florencia Saintout (*) / Junto a las abigarradas singularidades de la región, en la que cada país tiene sus realidades nacionales propias, hay una pregunta que se hace común: ¿quiénes gobernarán nuestros destinos? ¿Lo hará la política -imperfecta, abierta, hecha de hombres y mujeres de corazón y hueso- o lo hará el capital que no tiene bandera, ni convicciones, ni frío, ni hambre, solamente intereses?
Las elecciones presidenciales del 19 de febrero en Ecuador no van a pasar inadvertidas para la región, tengan el resultado que tengan. Si gana el candidato de Alianza PAIS, Lenin Moreno, confirmará la hipótesis de que la historia nunca va en una sola dirección como un ren iracundo o ciego, y reforzará esperanzas allí donde este último tiempo de gobiernos antipopulares han puesto consternación. Si gana el candidato de la derecha, el banquero que jugó un papel fundamental en la crisis de 1999, aumentará la desigualdad y desaparecerán derechos tal cual ha sucedido en Argentina desde el triunfo de Mauricio Macri.
El presidente Rafael Correa denunció una campaña sucia. Ve atrás de ella el mismo poder que ha sostenido otras campañas sucias recientes: medios de comunicación que no son solamente medios y que nada tienen de neutrales. Sistemas enlazados internacionalmente. Solo para verlo en Ecuador: hasta la reforma constitucional ecuatoriana de 2008, 118 banqueros estaban vinculados a 201 medios de comunicación, por lo que la comunidad de intereses entre el poder financiero y el mediático se hace extrema en este país y no queda en sus fronteras.
Para interrumpir prematuramente a los gobiernos democráticos de América Latina, las derechas desplegaron en las últimas décadas los llamados golpes blandos o guerras de baja intensidad. Las estrategias fueron múltiples e incluyeron lockouts patronales, corridas cambiarias, entre otras. El objetivo: el desgaste. Pero cuando los gobiernos populares pudieron sortear las crisis económicas e incluso crecer muy a pesar de las oligarquías locales, la estrategia de ataque en tiempos electorales se centró básicamente en las campañas de desprestigio, a través de cierto periodismo, de los proyectos y sus candidatos. Éstas han ido complejizando sus tramas que nada tienen ya que ver con el periodismo, al punto de que se autodefinen como “periodismo de guerra” en tiempos de paz: crean crisis; crean guerras.
Las campañas de desprestigio se replican de manera metódica –han construido métodos, siguen recetarios– a lo largo y a lo ancho del Cono Sur y las formas de dañar la imagen del referente político son múltiples. A la cabeza, están las denuncias de corrupción. Es necesario hacer énfasis en la palabra “denuncias” en tanto la presentación de pruebas en la mayoría de los casos ha sido prácticamente nula.
Brasil ha sido testigo del peor de los desenlaces, un golpe institucional ejecutado por el tridente medios de comunicación/corporación financiera/poder judicial que a su vez opera hoy en la Argentina para la persecución al kirchnerismo. Hace unos días, el ex presidente Lula da Silva despidió a su compañera de vida y compartió que Marisa Rocco murió triste, víctima de la injusticia de los canallas.
El sábado pasado una orquesta similar sesionó en Ecuador. El mismo tridente ha tratado de usar casos de corrupción en Petroecuador denunciados por el gobierno para desinformar y confundir a la población, tomando como voz autorizada a los prófugos de la justicia, receta muy conocida por los argentinos.
Dos canales de televisión –Ecuavisa y Teleamazonas– y el periódico Expreso se trasladaron a Miami a entrevistar al ex ministro de Hicrocarburos Carlos Pareja Yanuzelli, “Capaya”, prófugo de la Justicia ecuatoriana que lo investiga por enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y peculado.
El acusado involucró al candidato Jorge Gras, candidato a vicepresidente de Alianza País, en el caso de corrupción por el cual es buscado por la justicia. Como denunció Rafael Correa, “los entrevistadores le preguntan de todo… ¡menos por el dinero que robó! (…) Esta farsa pone en evidencia cómo se forjan los engaños destinados a sorprender a la opinión pública encubriendo a los involucrados en actos de corrupción”. Para ensuciar a otro hay que limpiar al testigo y dejarlo como un patriota, un perseguido político que teme por su vida.
En otra escena, el prófugo se somete a una prueba de polígrafo llevada a cabo por un presentador de Sábado Gigante, un programa de entretenimientos de Miami. El gobierno ecuatoriano mostró pruebas de que pocos días antes de que las entrevistas vieran la luz, Capaya se reunió con otros dos prófugos, los banqueros William y Roberto Isaías, quienes habrían financiado la operación. ¿Quiénes son los hermanos Isaías? Los dueños de un imperio económico que incluía TC Televisión, GamaTV, Cablevisión y el banco Filanbanco, cuya quiebra influyó en la crisis bancaria de 1999. Al año siguiente, cuando inició el proceso judicial que los involucraba por malversación de fondos públicos y de los clientes del banco, huyeron a EE.UU, donde adquirieron acciones de otros medios de comunicación como CNN Latino y MIA TV.
También en bancos y medios invertía el empresario Fidel Egas, dueño del banco Pichincha y –hasta 2010– también del canal Teleamazonas. Aunque, según un fallo de primera instancia de mayo pasado, esta venta fue nula, en tanto Egas habría dado crédito a sus empleados condicionados a que si renunciaban tenían que devolver las acciones.
La cadena de televisión abierta Ecuavisa del empresario Xavier Alvarado Roca, socio del Grupo Pérez –propietarios de El Universo– en el sistema de televisión pago Univisa, también entrevistó al prófugo Capaya. Y por último, asistieron a la cita en Miami periodistas del Diario Expreso, cuyo dueño es Galo Martínez Merchán, ministro de gobierno antes y durante la dictadura de su amigo Velasco Ibarra, donde desaparecieron y asesinaron a varios dirigentes estudiantiles.
El entramado está lleno de nudos y el lector puede perderse en tanto nombre. Lo que sin duda no dejará de ver son las puertas giratorias entre negocios y periodismo, lo que hace muy difícil pensar que allí se juegue algo del orden de la verdad.
(*) Publicado por Página 12. Decana de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP.
