Narcos y crimen organizado en general, policías y elementos del Poder Judicial y de la fiscalías, y por supuesto actores encubiertos del arco político en la trama de complicidades que había quedado expuesta cuando el asesinato de Candela Sol Rodríguez surgen con creciente nitidez en el caso del cuádruple crimen de Florencio Varela – dos femicidios y dos tentativas femicidas – y en los reclamos de libertad de los agentes de seguridad que hace 16 años mataron a Natalia Melmann y arrojaron su cuerpo en el vivero municipal de Miramar. Para destacar: la CGT y las dos CTA llegaron a un acuerdo en torno a la convocatoria al paro de mujeres promovido por Ni Una Menos. Cada sindicato está definiendo su modalidad de adhesión. El pliego de reclamos.
“Sospechan de una red narco en la masacre de Florencio Varela. La investigación por la masacre de Florencio Varela puso al descubierto una oscura sospecha: que un grupo de mayores captaba a adolescentes como ‘pasadoras de droga’ en los boliches de la zona. De acuerdo con la hipótesis de los familiares de dos de las cuatro chicas baleadas el sábado pasado, Luis Weiman, detenido por su presunta responsabilidad en el crimen, habría utilizado a las menores como ‘mulas’.Testigos aportados por las querellas señalaron que Weiman habría contado con la ayuda de un cómplice. Según Ismael Barrientos, padre de Sabrina -una de las dos chicas asesinadas-, este último tendría protección policial. Esa banda que opera en los boliches situados en el eje de la avenida Calchaquí, entre Quilmes y Florencio Varela, tendría la complicidad de policías provinciales. Uno de ellos trabajaría en la comisaría 3° de ese partido, situada a cinco cuadras de la esquina de Senzabello y Los Andes, donde fueron asesinadas Denise Juárez, de 17 años y Sabrina Barrientos, 16 años. Las otras dos menores heridas allí -Magalí, de 16, y Némesis, de 15- siguen graves e internadas. Los investigadores siguen dos pistas. Una apunta a la denominada «banda de los Adrián» y otra línea lleva hacia la figura de Luis Esteban Weiman, de 36 años, que trabaja como custodio en varios boliches de la zona y fue el primer detenido del caso. Ayer hubo cinco allanamientos en el contexto de la pista que tiene como eje a la «banda de los Adrián». Los procedimientos se hicieron en Florencio Varela y en Quilmes, en domicilios que pertenecen a dos sospechosos conocidos justamente como «Adrián». Uno de ellos fue notificado de que existe una investigación en su contra y el otro quedó detenido, aunque no por la masacre, sino porque tenía una pistola Bersa calibre 9 milímetros -el mismo usado para concretar la masacre del sábado pasado- que tenía un pedido de secuestro activo porque había sido robada el 6 de junio del año pasado en La Plata. Los sospechosos fueron identificados como Adrián Abraham, de 31 años, y Maximiliano Adrián Mansilla. Al primero sólo lo notificaron de la existencia de una investigación en su contra, debido a que aparece en el listado de «amigos» de los perfiles de Facebook de dos de las chicas baleadas. A Mansilla, además de aquella arma robada, le secuestraron un handy, una gorra de policía y 25 cartuchos calibre 9 mm. Fuentes judiciales informaron que el lunes próximo se realizará una rueda de reconocimiento en la que los imputados serán expuestos ante los testigos para ver si los reconocen como partícipes en el crimen. Hasta anoche, los peritos no habían establecido aún si la pistola secuestrada en la casa de Maximiliano Adrián Mansilla había sido utilizada para concretar la masacre. Mientras tanto, los investigadores policiales trabajaban para confirmar lo que sostienen los familiares de las víctimas: que uno de los «Adrián» y Weiman se conocerían y formarían parte de una red que se dedica a llevar a chicas a los boliches para que «pasen» estupefacientes. «A las chicas las usaban para entrar drogas en los boliches. A cambio les daban plata, tragos y regalos. Acá hay mucha gente involucrada. Esto lo saben los vecinos. Muchas personas me aportaron datos sobre el sospechoso Adrián y sus vínculos con el primer detenido [Weiman]. Yo pongo la cara porque no tengo miedo. Mataron a mi hija y no voy a parar hasta que vayan todos presos. Pero hay mucha gente que sabe todo lo que hacían con las chicas, aunque no quieren declarar porque tienen miedo y entonces me lo cuentan a mí», dijo Ismael en la puerta de la fiscalía de Florencio Varela. Lo que al principio de la investigación parecía un doble femicidio motivado en que una de las chicas habría cortado una relación con Weiman -y éste, tras un periodo de acoso, se habría vengado con el crimen-, se transformó en una trama con dealers que usan menores para introducir y vender droga en los boliches. El padre de Sabrina pidió seguridad para su familia. ‘Acá viven la madre y otros hijos míos y tengo miedo de que los mismos que la mataron vayan por ellos. Así que solicito que les garanticen que no les pasará nada’, agregó Ismael. Julio Torrada, abogado que representa a Susana, la madre de Magalí, dijo que hay testigos que afirman que Weiman estuvo en mismo boliche que las chicas momentos antes de la masacre. El letrado afirmó que Magalí había sido amenazada por Weiman. Su relato coincide con lo que dijo el padre de Sabrina con respecto a que su hija había recibido mensajes intimidatorios. Lo mismo había declarado Ricardo Sebastián Juárez, el tío de Denise. El hecho de que los testigos ubiquen a Weiman cerca de la escena de la masacre, horas antes del ataque, da sustento al denominado «indicio de oportunidad» que sería utilizado en los fundamento de un eventual procesamiento. A este elemento hay que sumarle el hecho de que Denise, Sabrina y Magalí conocían al imputado. No sólo aparecen en las redes sociales fotos en las que están juntos sino que, aparentemente, en la casa del vigilador se hacían las «previas» ante de ir a los boliches. ‘No entiendo por qué me están involucrando. A todas las conocía del barrio, cuando yo salía las cruzaba a las chicas, hablaba normal, como cualquier otro’, dijo Abraham a los periodistas que cubrían las novedades del caso en la puerta de la fiscalía. Además, el nuevo imputado negó conocer a Weiman, el primer detenido”. Asi afirma, textualmente, una meticulosa crónica del colega especializado Gustavo Carbajal, publicada por La Nación este viernes.
En tanto, Página 12 afirma hoy mismo: “la policía comenzó a investigar ahora si el ataque pudo haber estado relacionado al tráfico de drogas y si el único detenido pudo haber utilizado a las jóvenes con ese fin. ‘A partir de los testimonios que surgen en la causa, los crímenes están relacionados con el mundo de la noche y esto incluye el alcohol y las drogas. Puede ser que Weiman las haya llevado a esto’, dijo la abogada María Florencia Casamiquela. La letrada, que representa a las familias de Sabrina Barrientos, de 16 años, una de las jóvenes asesinadas, y Némesis, de 15, quien ayer permanecía internada, añadió que ‘hay otras personas más que están tratando de ser identificadas’ en relación a esta hipótesis”.
Policías, crimen organizado, complicidades; y hay más. El ya citado diario La Nacion se refiere al reclamo hecho el jueves en La Plata respecto del caso Natalia Melmann, y dice así: “Los familiares de Natalia Melmann, la chica de 15 años asesinada en 2001 en Miramar , y por cuyo crimen fueron condenados tres policías bonaerenses, marcharon ayer hasta la sede del Tribunal de Casación Penal bonaerense para reclamar que no se haga lugar a la liberación de los homicidas, tras un pedido de revisión de pruebas hecho por sus abogados. ‘La defensa de los policías que abusaron de Natalia y la asesinaron pretende que se los declare inocentes y que queden impunemente en libertad. Es una atrocidad que después de 16 años intenten liberar a los asesinos de mi hija’, dijo a la agencia de Noticias Télam Gustavo Melmann, que estuvo al frente de la marcha, de la cual participaron decenas de familiares y amigos de la víctima”.
Por el homicidio de Natalia, los ex policías bonaerenses Oscar Echenique, Ricardo Anselmini y Ricardo Suárez fueron condenados a prisión perpetua por los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada, abuso sexual agravado y homicidio triplemente calificado por ensañamiento, alevosía y en concurso de dos o más personas. El crimen ocurrió el 4 de febrero de 2001, cuando la adolescente salió de un boliche y fue interceptada de regreso a su casa; su cuerpo apareció cuatro días después en el vivero municipal.
Ahora, la defensa de los imputados elevó un pedido ante la Sala III del Tribunal de Casación a los efectos de presentar «nuevos elementos para incorporar en la causa», con la pretensión de lograr que los tres sentenciados sean liberados.
«Después de 16 años de que Natalia fuera secuestrada, torturada, violada y asesinada, tenemos que seguir exigiendo justicia y reclamando que no haya impunidad ante una nueva e inusual situación judicial», indicó el padre de la víctima. Los policías fueron condenados en 2002 por un Tribunal de Mar del Plata y la sentencia fue confirmada luego por la Cámara de Casación y la Suprema Corte Bonaerense.
«A pesar de que la condena quedó firme en todas las instancias, hasta en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la abogada de los policías asesinos solicitó una Acción de Revisión, un recurso inusual y hecho en el más absoluto silencio, basándose en pruebas falsas y ya evaluadas oportunamente, con la intención de dejar impunes y en libertad a los condenados», advirtió Melmann.
«Es una atrocidad que intenten liberar a los asesinos de mi hija», sostuvo el padre de la chica. Y agregó: «Hay que estar muy atentos porque, lamentablemente, cuando están involucrados miembros de las fuerzas de seguridad, la vara de la Justicia actúa de otra forma».
De las manifestaciones de familiares y abogados y de las propias crónica periodísticas se desprende que en todos estos casos, y en general, en la mayoría de los hechos que atentan contra seguridad ciudadana y en particular contra las mujeres, aparecen huellas, síntomas, elementos que quedaron explicitados cuando el Senado bonaerense investigó el crimen de la niña Candela Sol Rodríguez en 2011, investigación de la que surgió en forma transparente cómo las tramas de complicidades alcanzan al crimen organizado, a elementos del Poder Judicial y de las Fiscalías, y por supuesto al poder político, en aquél entonces encarnado por el gobierno provincial de Daniel Scioli. Hoy le toca el turno a la administración bonaerense de María Eugenia Vidal y a todo el gobierno de Cambiemos, en la Nación, en la Provincia y en los Municipios, al punto tal que el presidente Mauricio Macri, como decía ayer esta agencia, decidió ayudar a los femicidas.
Reproducimos a continuación un par de párrafos de la nota de ayer de AgePeBA y luego la última, del 9 de febrero, y de este mismo medio, sobre el Caso Candela, para explicitar lo anunciado en el título del presente texto.
“La familia de Natalia Melmann y allegados a las víctimas de Florencio Varela denuncian complicidades policiales pero Macri ayuda a los femicidas. Mientras en 43 días hubo 57 femicidios en el país, el gobierno de Mauricio Macri decidió la quita de 67 millones de pesos del presupuesto del Consejo Nacional de las Mujeres destinados a enfrentar el problema de la violencia machista. El 11 de enero, la reasignación presupuestaria de esa partida quedó plasmada en el Boletín Oficial, con la firma del jefe de Gabinete, Marcos Peña, según denunciaron ayer organizaciones de la sociedad civil, luego de presentar un amparo en la Justicia y demandar al Estado por usar “superpoderes” para recortar el presupuesto asignado por el Congreso al organismo que encabeza Fabiana Túñez y al Plan Nacional de Acción contra la violencia de género”, decía AgePeBA ayer.
Y el 9 de este mes sintetizaba: Caso Candela: un juicio oral en marcha pero la trama de complicidades entre criminales, jueces, servicios, fiscales y poder político sigue intacta. En septiembre de 2012, un informe del Senado de la provincia de Buenos Aires – conocido como “Informe Candela“ –, elaborado por la Comisión investigadora del secuestro y crimen de Candela Sol Rodríguez de esa cámara alta, brindaba contundentes elementos para que los estados provincial y nacional pudiese trabajar en la desarticulación de una de las causas que explican los crecientes índices de inseguridad que afligen a sociedad argentina. Junto a la pobreza endémica y a la injusticia social que margina a miles de ciudadanos y ciudadanas, especialmente jóvenes, el otro gran punto causal, y que pone en peligro a la convivencia democrática misma, porque sirve como esquema de control social para gobiernos como el de Cambiemos, es el de la trama de complicidades históricamente existente, sobre todo a partir de la pasada dictadura, entre el crimen organizado, elementos policiales y de agencias de seguridad, servicios de inteligencia y actores centrales del Poder Judicial, de las fiscalías y del poder político, en legislaturas y en oficinas encumbradas del Ejecutivo. Siempre refiriéndose al crimen de la niña Candela Sol Rodríguez, aquel informa entre otros puntos sostenía: “Las acciones policiales estuvieron enderezadas principalmente al encubrimiento de los autores y de los móviles del asesinato. Según la información relevada por esta Comisión, la policía tuvo conocimiento del contexto en el que se había producido la desaparición de la niña y ese contexto no es otro que el narcotráfico y la modalidad de narco-secuestros, negocio ilegal del que también forma parte un sector de la policía”.
La Comisión observaba “al Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia por falta de conducción de las fuerzas de seguridad a su cargo: Policía de Seguridad, Policía de Investigaciones, Policía Científica, Delitos Complejos y Narcocriminalidad en el caso Candela. Negligencia ante las gravísimas faltas cometidas por la cúpula policial y por las irregularidades y faltas graves cometidas por el personal a cargo de la investigación. Deficiente intervención de la Auditoría de Asuntos Internos del Ministerio para investigar a policías públicamente sospechados de estar vinculados al narcotráfico, inclusive antes de que sucediera el caso. Avalar la conformación y funcionamiento de la Mesa de Crisis que actuó en este caso, aun cuando no era lo indicado por los protocolos vigentes. Grave negligencia ante las reiteradas filtraciones de información de la policía a los medios de comunicación, que malograron la investigación y pusieron en riesgo la vida de Candela.
Los poderes políticos de entonces mandaron a vía muerta el informe, y hoy es noticia, después de tantos años, el juicio oral a los acusados, conforme consigna este jueves el sitio de Tiempo Argentino: “Los principales sospechosos del caso Candela, Hugo Bermúdez y Leonardo Jara, se desentendieron de la causa y criticaron la investigación de la fiscalía y la policía. Incluso, llegaron a apuntar al ex gobernador Daniel Scioli y a sus funcionarios”. “El gobernador Scioli y el ex ministro de Justicia bonaerense Ricardo Casal estuvieron involucrados, aunque no tenga las pruebas, porque la causa venía manejada de arriba. En vez de una causa judicial, pasó a ser una causa política”, denunció Jara, en uno de los tramos de su alocución.
Y para el final, una noticia destacable, según relato este viernes Página 12: La CGT y las dos CTA llegaron a un acuerdo en torno a la convocatoria al paro de mujeres promovido por Ni Una Menos. Cada sindicato está definiendo su modalidad de adhesión.
“Las mujeres de las tres centrales obreras marcharán juntas por primera vez el próximo 8 de marzo, en el Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras. Se trata del acuerdo político de unidad al que llegaron la CGT, la CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma, en el marco de la convocatoria al histórico paro internacional de mujeres promovido en el país desde el Colectivo Ni Una Menos en articulación con numerosas agrupaciones, organizaciones y activistas autoconvocadas. La medida de fuerza, que se replicará en países latinoamericanos, de Europa, Asia y en Estados Unidos, busca denunciar en la Argentina la desigualdad histórica de las mujeres en la sociedad y sus múltiples consecuencias: desde las violencias machistas –y su expresión más extrema, los femicidios– hasta las muertes por abortos inseguros, el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, que recae mayoritariamente sobre sus espaldas, la brecha salarial en relación a los sueldos masculinos y la precarización laboral. Cada sindicato está definiendo su modalidad de adhesión: desde cese de actividades a partir del mediodía hasta asambleas en los lugares de trabajo, radios abiertas y ruidazos”, dice Página 12.
