El militar quedó detenido tras declarar en la causa judicial que lo investiga como uno de los presuntos responsables del secuestro y las torturas contra Pedro Olivera, Ramón Alfredo Olivera y Verónica Matta.
El ex titular del Ejército, César Milani, fue detenido en la provincia de La Rioja, luego de prestar declaración en la causa judicial que lo investiga como uno de los presuntos responsables del secuestro y las torturas contra Pedro Olivera, Ramón Alfredo Olivera y Verónica Matta, en 1977, durante la última dictadura militar.
Tal como consignó Pàgina12, ayer, la Cámara Federal de Casación Penal le rechazó a Milani un pedido de nulidad presentado por la defensa para no ser indagado al considerar que no estaban dadas las condiciones para plantear ese recurso.
Milani había sido denunciado por Ramón Olivera de haber participado en un allanamiento en el que fue secuestrado su padre, torturado en el Batallón de Ingenieros 141, donde el militar estaba destinado con el grado de teniente. Además, el denunciante aseguró que Milani “estuvo presente y lo hostilizó durante un interrogatorio en el que” él mismo intentó “infructuosamente denunciar que había sido torturado en su lugar de detención ilegal”. Olivera realizó una primera denuncia ante la Comisión Riojana de Derechos Humanos en 1984 y ratificó sus dichos en 2013 ante la Justicia.
Milani también está siendo investigado en una causa que se sigue en la provincia de Tucumán por la desaparición del soldado riojano Alberto Ledo durante el Operativo Independencia. En el marco de esta causa, el ex jefe del Ejército había declarado el martes pasado en los tribunales de Retiro ante el juez federal N°2 de Tucumán, Fernando Poviña, quien lleva esa causa por “encubrimiento agravado y falsificación ideológica de instrumento público”.
Feldman sostuvo ese día que su defendido se declaró inocente y que afirmó no haber conocido al soldado desaparecido. Graciela Ledo, hermana del soldado desaparecido, se mostró desilusionada luego de la declaración porque su “mayor deseo” era que el acusado “quede detenido”.
En diciembre de 2013, el periodista Horacio Verbitsky publicó la columna “El cantinero sabía” en Página12, en la que calificó de “grave error político” a la decisión de la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner de ascender a jefe del Ejército a Milani.
Allí se refirió al descargo de Milani sobre sus causas penales y señaló: “Milani dijo que en La Rioja la represión fue pasiva y de baja intensidad. Esto no es cierto. Mientras él estuvo allí fueron asesinados por militares y policías el obispo Enrique Angelelli, los sacerdotes Carlos Murias y Gabriel Longeville y el laico Wenceslao Pedernera”.
También hizo referencia a la afirmación del ex teniente general, quien sostenía que “como era muy joven y lo condicionaba la formación militar”, no tuvo conocimiento sobre violaciones a los derechos humanos. El periodista explicó que “esta afirmación es inverosímil en un hombre de familia política, con militancia en el justicialismo, que fue la primera fuerza en denunciar el carácter terrorista de la represión estatal. En esa unidad, en la que Milani comía y dormía, sólo revistaban 30 oficiales, lo cual descalifica su pretendida ignorancia”.
Respecto al supuesto desconocimiento de Milani de la existencia de un Centro Clandestino de Detención en el Batallón 141 de Ingenieros, Verbitsky demostró que “los comunicados del jefe de Milani, coronel Osvaldo Héctor Pérez Battaglia, que el CELS aportó al Senado, invitaban a denunciar en el Batallón a los denominados subversivos y las causas judiciales falladas en el último año prueban que también allí iban a reclamar noticias los familiares de los secuestrados. Ningún oficial de la unidad podía desconocerlo”.
El ahora ex jefe del Ejército había afirmado “sólo trasladó detenidos de la cárcel legal al juzgado legal”, pero, según el periodista “en esa cárcel funcionaba un Centro Clandestino donde la Justicia probó que se torturaba a los detenidos. Y el juzgado también cumplía una función en el circuito represivo, blanqueando el costado clandestino e ilegal, por lo cual hoy está detenido el entonces juez Roberto Catalán”.
“Milani dijo que no conocía a quienes trasladaba ni qué se les reprochaba, ya que todo el trámite estaba a cargo de la policía. El sólo acompañaba al patrullero en una función técnica. Esta afirmación contradice la normativa vigente entonces, por la cual el Batallón 141 era el asiento del Área de Seguridad 314, que encabezaba la represión en La Rioja y que conducía operacionalmente a las demás fuerzas, provinciales y nacionales, como la Fuerza Aérea y las policías”, aseguró el cronista.
“El acta de deserción del soldado Alberto Agapito Ledo fue un procedimiento administrativo formal que le encargaron por ser el oficial de menor graduación en una subunidad distinta a la del conscripto”- había argumentado el militar- “sólo debía contener una sintética y clara descripción de la forma y circunstancia en la que se produjo el hecho”. «Pero según el Código de Justicia Militar y el reglamento que regían entonces, debía practicar todas aquellas diligencias que `mejor convengan al esclarecimiento de los hechos que se investigan y de sus circunstancias`. Esto incluía, por ejemplo, entrevistar a otros conscriptos, comunicarse con la familia de Ledo, o, al menos, dar cuenta de las posibles razones de la deserción. Lo confirmó el procesado oficial Esteban Sanguinetti en su declaración indagatoria, cuando dijo que había encargado a Milani “la investigación profunda del caso”, argumentó el cronista.
“En 1984, el cantinero del Batallón, Bartolomé Juan Mario Bonissone, declaró ante la Comisión Riojana de Derechos Humanos que en la unidad se comentaba que un soldado fue llevado a Tucumán y asesinado `por usar la bazuca a lo extremista`. En su exhaustiva investigación `El Escuadrón Perdido`, sobre los 129 soldados secuestrados y desaparecidos, el capitán José Luis D’Andrea Mohr sólo consigna el caso de un conscripto riojano, Alberto Agapito Ledo. Si el concesionario civil de la cantina sabía lo sucedido, ¿quién puede creer que lo desconociera el oficial que llevó a Ledo en comisión a Tucumán y que luego instruyó el acta falsa sobre su deserción? Por último, el 8 de julio de 1976, Pérez Battaglia exhortó a la ciudadanía a “combatir al delincuente que disfrazado de soldado destruye la vida de los defensores de nuestra nacionalidad”. El presunto candor de las respuestas del general Milani queda al desnudo a la luz de estas palabras, pronunciadas diez días después de que el subteniente Milani firmara el documento falso que encubrió la desaparición del único soldado riojano al que cuadraba la definición brutal de Pérez Battaglia”, explicó Verbitsky.
