Mientras en 43 días hubo 57 femicidios en el país, el gobierno de Mauricio Macri decidió la quita de 67 millones de pesos del presupuesto del Consejo Nacional de las Mujeres destinados a enfrentar el problema de la violencia machista. El 11 de enero, la reasignación presupuestaria de esa partida quedó plasmada en el Boletín Oficial, con la firma del jefe de Gabinete, Marcos Peña, según denunciaron ayer organizaciones de la sociedad civil, luego de presentar un amparo en la Justicia y demandar al Estado por usar “superpoderes” para recortar el presupuesto asignado por el Congreso al organismo que encabeza Fabiana Túñez y al Plan Nacional de Acción contra la violencia de género.
Los familiares de Natalia Melmann y la Asociación Miguel Bru se movilizaron esta mañana en La Plata. Desde la semana pasada venían convocando a una marcha en ocasión de la audiencia en el tribunal Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, para exigir que tres de los abusadores y asesinos de la joven, policías condenados por todas las instancias judiciales, no queden impunes y libres.
En ese contexto la abogada defensora de tres ex policías condenados, Patricia Perelló, pidió “la suspensión de ejecución” de la pena y la “libertad provisional” de sus clientes, asegurando que introduciría “nuevas pruebas” y que demostraría “la inexistencia de algunos delitos objeto de la condena”. A pesar de que se trata de un crimen científicamente comprobado, la abogada se basa en pruebas falsas para asegurar que Natalia Melmann nunca fue violada, y que se trata de “una causa inventada”.
Los padres de Natalia Melmann recordaron ante los canales de TV que en Miramar – allí, en el vivero municipal fue encontrado el cadáver de la joven – la policía bonaerense se encuentra entre los máximos responsables de la inseguridad. “Creíamos que Miramar era un lugar tranquilo…aun hoy allí le temen a los poliias asesinos…en Miramaar durante mucho tiempo sólo se hacían denuncias en las radios”, dijo la madre de Natalia, Laura Melmann, según se propaló por TV este jueves.
El 8 de febrero de 2001, Gustavo Melmann encontró a su hija, Natalia, íntegramente lastimada, violada, tirada, ahorcada con los cordones de sus zapatillas, en un bosque – en el vivero municipal de Miramar – en el que supuestamente horas antes la policía había buscado. Un año después, el Tribunal Oral Criminal N°2 de Mar del Plata condenó a cadena perpetua a tres policías: Ricardo Suárez, Oscar Echenique y Ricardo Anselmini, por privación ilegítima de la libertad agravada, abuso sexual agravado y homicidio triplemente calificado por ensañamiento, alevosía y en concurso de dos o más personas.
Las pruebas fueron contundentes: se encontró semen de varios de ellos adentro del cuerpo de la menor, cinco perfiles genéticos distintos, pelo de Natalia en el auto de uno de los policías, pelo de uno de los policías sobre el pubis de la joven.
Hoy, 16 años después, la abogada defensora de los tres ex policías, Patricia Perelló, pidió “la suspensión de ejecución” de la pena y la “libertad provisional” de los ex policías, asegurando que introduciría “nuevas pruebas” y que demostraría “la inexistencia de algunos delitos objeto de la condena”. A pesar de que se trata de un crimen científicamente comprobado, la abogada se basa en pruebas falsas para asegurar que Natalia nunca fue violada, y que se trata de “una causa inventada”.
Respecto del reciente doble femicidio de Florencio Varela, las sospechas sobre actitudes cómplices y faltas de respuestas institucionales adecuadas ante la ola de violencia de machismo asesino es alarmante. AgePeBA afirmaba: “Llamativamente, la cámara de seguridad no funcionaba”, dijo un vecino y crecen sospechas de complicidades policiales en femicidios de Florencio Varela. Esa afirmación la hizo un vecino de la zona donde ocurrieron los hechos frente a las cámaras de varios canales de noticias.
Amigos de la víctimas vienen hablando de “zonas liberadas” en Florencio Varela y algunas de las adolescentes allegadas a las menores asesinadas y gravemente heridas insistieron ante las cámaras de la TV que el principal sospechoso solía reunirlas a todas ellas en su casa, que pagaba comidas e invitaba a fiestas.
«A las nenas las usaban para entrar droga a los boliches», dijo por su parte el papá de una de las víctimas, e instaló una “nueva” hipótesis.
El crimen de Denise Juárez y Sabrina Barrientos la madrugada del sábado en Florencio Varela parecía estar casi resuelto desde las primeras horas cuando detuvieron a Luis Esteban Weiman quien, según la familia de una de las chicas, la acosaba desde hacía meses. Ahora, sin embargo, la investigación podría dar un vuelco importante si se confirma la teoría de otro de los familiares que apuntó directamente al negocio de la droga.
«A las nenas las usaban para entrar droga a los boliches», aseguró en el programa Nosotros a la Mañana Ismael, el papá de Sabrina y sostuvo que los dueños de esos locales «también están metidos». Según su relato, les daban a cambio «plata, tragos y regalos» porque «si las enganchaban eran menores y ellos no iban presos».
El hombre, al que todavía nadie le tomó declaración, afirmó que las chicas «se habían cansado» de ésto y por eso el fin de semana, decidieron solas ir a bailar a otro lugar. «Este muchacho se dedicó a buscarlas. Fueron y las mataron».
Hacía tiempo, contó, que «las obligaban» a seguir facilitando su negocio pero algunas querían despegarse, porque ya habían tenido problemas con la policía. Ismael contó que se enteró de todo cuando en agosto Sabrina fue detenida durante una fiesta privada convocada por Facebook. «Le encontraron con 20 mil pesos en el bolsillo», dijo.
El 27 de marzo de 2015, el sitio Varela al Día informaba lo siguiente sobre el fiscal titular de la UFI 5 de Florencio Varela, informaba lo siguiente Hernán Bustos Rivas, quien entiende en la causa del doble femicidio registrado en la madrugada del lunes pasado: “Los jueces Soto y Larumbe, de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial Nº 2 Sala 3 de consideraron que el demandado, el fiscal titular de la UFI 5 de Florencio Varela, Hernán Bustos Rivas abandonó en 2009 a sus hijas menores estando su madre desempleada. En un fallo de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial Nº 2 Sala 3 – La Plata a cargo de los Doctores Soto y Larumbe, obligan al fiscal titular de la UFI 5 de Florencio Varela, Hernán Bustos Rivas a pagar una suma récord que llega a los 400.000 pesos. La causa fue iniciada en 2009 por quién entonces era su esposa (Viviana Fernández Lecce) a raíz del abandono del hogar que hiciera el funcionario, dejando a sus hijas de 11 y 16 desamparadas y con la madre desempleada. Allí comenzó un largo derrotero por los estrados judiciales durante el cual debió salvar más de un obstáculo por parte de la corporación judicial. A pesar de tener sentencia en contra, Bustos Rivas hizo caso omiso de esto lo cual le agrega una mayor carga condenatoria por ser un hombre representante de la justicia”.
El lunes por la noche, distintos canales de TV informaban que el fiscal había sido apartado de la causa por los femicidios de Denise Juárez (17) y Sabrina Barrientos (16) porque pesa sobre él una denuncia de violencia de género planteada por su esposa Viviana Fernández Lecce, hecho que, llamativamente, apenas si parece mencionado en la prensa de este martes.
El 12 de mayo del año pasado, Luis Esteban Weiman, de 36 años, guardia de seguridad de la empresa RedGuard, de acuerdo con sus registros en la AFIP, subió una imagen algo inquietante a Facebook. Era la foto de un francotirador con un rifle con mira telescópica y un epígrafe: “Soy el tipo de amigo que hasta te ayudaría a esconder un cadáver. Pero si me traicionas, recuerda… Sé cómo esconder un cadáver”, decía. “Para las traidoras jajaja”, comentó Weiman, padre de una hija de once años. Hoy por la tarde, personal de la Policía Bonaerense llegó a su domicilio para arrestarlo por orden del fiscal Hernán Bustos Rivas, acusado del brutal crimen múltiple cometido esta madrugada en la esquina de las calles Senzabello y Los Andes, Florencio Varela. Cuatro adolescentes, amigas entre sí, fueron baleadas a quemarropa en plena calle tras salir de la disco Santa Diabla, sobre la avenida Calchaquí en Ezpeleta, partido de Quilmes. Dos de ellas, Sabrina Barrientos y Denise Juárez, murieron en el acto.
“Un tío paterno de la joven fue a la Justicia a señalar a Weiman. Aseguró que Denise había roto con él hace al menos tres meses y que Weiman la hostigaba constantemente. No solo eso: el guardia de seguridad, según este tío, también conocía a las otras tres víctimas y portaba regularmente armas de fuego”, publicaba el domingo Infobae.
Adrián Sabaris, abogado de la familia de Denise, informó que hoy se reunirá con el fiscal del caso, Hernán Bustos Rivas, de la UFI 3 descentralizada de Varela. El abogado dijo que presume que el detenido, Weiman, será indagado hoy por Bustos Rivas. Además, es probable que pueda revelar datos sobre las imágenes de la cámara. Weiman fue señalado por un tío paterno como un hombre que acosaba a Denise desde hacía tres meses en redes sociales. “Está como sospechoso –dijo Sabaris–, pero por ahora no hay testigos directos. Lo que muestre el video puede dar algún dato.”
Por el momento hay un testigo que vive enfrente de la parada y que vio correr a un joven que esperaba el colectivo, después de agacharse y ver los cuerpos. También un remisero, al que las chicas pidieron que las traslade y él se negó y a la media cuadra escuchó los tiros y al mirar por el espejo vio la misma escena, al joven corriendo. Pero nadie lo vio tirar. Puede haber sido tanto quien disparó como que se asustó y corrió. Tampoco se vieron o escucharon pasar otros vehículos. En principio, tampoco parece que Weiman haya sido el joven de la parada de colectivos. El video quizás sepa más.
El domingo, por distintos canales de TV un vecino dijo que resultaba llamativo que la cámara de seguridad que pudo registrar los hechos estaba sin funcionar, cuando a él y a su padre les constaba que días atrás estaba operaba correctamente.
Esas declaraciones se suman a las recogidas ayer mismo por esta agencia, cuando afirmaba: “Ante los femicidios de Florencia Varela los vecinos acusan al intendente de inacción y a la policía de complicidad con los delincuentes. Todas son menores. Las mataron por la espalda mientras caminaban por la calle. Hubo al menos 20 disparos y no les robaron nada. Las sobrevivientes pelean por su vida. Hay conmoción en la zona. Investigan el móvil del ataque. Pocos días antes, en la misma localidad del Conurbano bonaerense fue asesinado un adolescente y sus amigos y vecinos acusan a la policía de pasividad cómplice. Dicen que en Florencia Varela hay “zonas liberadas” por la complicidad entre agentes de seguridad y delincuentes y también responsabilizan al intendente, Julio Pereyra. Así lo registraba este sábado Crónica TV y otros canales de noticias. En el barrio aún no salen de la conmoción. Otro vecino de la zona contó que hace pocos días, en el mismo lugar habían matado a otro joven de la misma manera. Hoy (por ayer domingo) las pantallas de Crónica TV mostraban a varios amigos del joven asesinado denunciando la existencia de “zonas liberadas” y la inacción y complicidad policial con los delincuentes. También aseguraban que intendente Pereyra no atiende el problema de inseguridad que tiene aterrorizados a los vecinos. El intendente, a través de un comunicado de prensa se refirió al brutal ataque: “Esperemos que a los responsables les caiga todo el peso de la ley”. Y envió las condolencias a la familia: “Estamos junto a ellas en el pedido de justicia y colaborando con la Policía y el Poder Judicial en la investigación”.
Por otra parte. Un total de 57 femicidios se cometieron en los primeros 43 días en la Argentina. Lo reveló un informe elaborado por el Instituto de Políticas de Género “Wanda Taddei”. Sólo en la Provincia de Buenos Aires se realizan 420 denuncias de violencia de género por día.
El abogado Julio Torrada, titular de la organización, expresó que “las cifras horribles en cantidad de femicidios son una expresión de un crecimiento preocupante de este flagelo social que tenemos en Argentina, y que debemos erradicar con el esfuerzo, el compromiso y políticas públicas que realmente protejan a las víctimas”.
En diciembre, el Instituto Wanda Taddei (la mujer asesinada con fuego por su pareja, el músico”, Eduardo Vázquez), realizó un informe donde alertaba que “a pesar de las marchas contra la violencia de género que se hicieron en 2016, en los últimos cien días del año se habían registrado 133 crímenes sufridos por mujeres en un contexto machista.
“Sólo en la provincia de Buenos Aires se realizan aproximadamente 420 denuncias por día, por mujeres violentadas que lograron romper el muro de silencio, alimentado de golpes, control y amenazas”, explicó Torrada.
“Pero, cabe decir que muchas veces en las comisarías o en las fiscalías se hace lo posible por eludir la denuncia de la víctima, se las maltrata y así se las vuelve a victimizar, esta vez por las instituciones del Estado, que deberían velar por su protección’, concluyó.
“Crecen los femicidios, baja el presupuesto. La quita del Gobierno fue publicada en el Boletín Oficial en enero. Ayer, varias organizaciones presentaron un amparo. Luego la titular del Consejo Nacional de la Mujer habló de un “error” y dijo que no hay recorte. Pero nunca se subsanó oficialmente la supuesta equivocación”, dice Página 12 este jueves en una nota que firma la colega Mariana Carbajal, quien amplía:
“Mientras en 43 días hubo 57 femicidios en el país, el gobierno de Mauricio Macri decidió la quita de 67 millones de pesos del presupuesto del Consejo Nacional de las Mujeres destinados a enfrentar el problema de la violencia machista. El 11 de enero, la reasignación presupuestaria de esa partida quedó plasmada en el Boletín Oficial, con la firma del jefe de Gabinete, Marcos Peña, según denunciaron ayer organizaciones de la sociedad civil, luego de presentar un amparo en la Justicia y demandar al Estado por usar “superpoderes” para recortar el presupuesto asignado por el Congreso al organismo que encabeza Fabiana Túñez y al Plan Nacional de Acción contra la violencia de género. Consultada por PáginaI12, Túñez adjudicó a un “error” la publicación en el Boletín Oficial. “Salió publicado equivocadamente. A los diez días se resolvió con una reasignación presupuestaria del Ministerio de Hacienda”, aseguró la funcionaria, reconociendo que la quita existió. A las entidades les resultó llamativa la respuesta –que por la tarde se difundió a través de un comunicado de prensa del CNM–, dado que más de un mes después el supuesto “error” todavía no se subsanó con su correspondiente publicación en el BO.
“Es gravísimo para la CTA que se anuncie la quita de 67 millones de pesos al CNM en el Boletín Oficial, cuando estamos en una situación alarmante en relación a los femicidios. Si miramos las cifras de las últimas semanas, ya no hablamos de que una mujer es asesinada por ser mujer cada 30 horas, sino que está ocurriendo cada 18 horas. El Gobierno debería llamar a un conjunto de referentes de todos los ámbitos, académicos, social, de organismos diversos, para analizar cómo se aborda esta situación terrible de violencia contra las mujeres”, consideró en diálogo con este diario Estela Díaz, secretaria de Género de la CTA.
La acción de amparo fue presentada ayer por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM), la Comisión Argentina de Migrantes y Refugiados (Caref), la Fundación Mujeres en Igualdad (MEI) y la Fundación Siglo 21. “Decidimos recurrir a la Justicia no sólo para revertir la sustracción ilegal de las partidas del PNA y del CNM, sino también para que se establezcan los mecanismos de monitoreo para la ejecución del presupuesto que impedirán que esta situación se repita”, explicó Dalile Antúnez, codirectora de ACIJ.
Lo concreto del caso es que había un presupuesto aprobado por el Congreso Nacional, que incluía una partida para el Plan Nacional de Acción contra la violencia de género por 47 millones de pesos, a lo que se sumó un aumento de 20 millones de pesos al presupuesto original previsto para el CNM, lo que significó un incremento de 96 a 116 millones para 2017. Así se promulgó la Ley de Presupuesto. En la Decisión Administrativa 12/2017 del Jefe de Gabinete, esos fondos ya no están. Solo está el monto de 96 millones para el CNM. “Si la eliminación de estos fondos en la Decisión Administrativa que determina las partidas para la ejecución del gasto fue producto de un error, ese error debe ser rectificado con las formalidades propias de las normas. Es decir, con una nueva Decisión Administrativa de fecha posterior, que se publique en el Boletín Oficial”, advirtió la directora de ELA, Natalia Gherardi, a este diario. Y agregó: “Al día de hoy, habiendo transcurrido un mes desde la publicación de esa Decisión Administrativa, eso no pasó. Hasta tanto esto no suceda, lo concreto es que esos fondos no parecen estar garantizados”.
“El uso discrecional de ‘superpoderes’ para modificar la asignación dispuesta por el Congreso Nacional al sancionar la ley de presupuesto viola la división de poderes. Que además esa ‘reasignación’ se realice para detraer recursos destinados a asegurar los derechos humanos más básicos de mujeres y niñas que cada día son víctimas de violencia de género debería escandalizarnos”, opinó Antúnez.
Volviendo al caso Melmann, los padres de Natalia Melmann, el 24 de octubre de 2012 ya habían criticado una resolución judicial que otorgó salidas transitorias a los ex policías condenados por el crimen, y anunciaron para el sábado una jornada de protesta.
Laura, la madre de Natalia Melmann, aseguraba a Télam que el juez de Ejecución Penal número 1 de Mar del Plata, Ricardo Perdichizzi, «concedió a los asesinos salidas transitorias a pesar de este sánado, a pesar de que fueron condenados a reclusión perpetua por el aberrante crimen de mi hija».
Se trata de los ex policías Ricardo Suárez, Carlos Echenique y Ricardo Anselmini, quienes fueron condenados a la pena de reclusión perpetua por el crimen de Melmann.
«Como hacemos para vivir en esta ciudad, junto a los asesinos de mi hija», ya decía Laura en aquellas declaraciones a Télam.
«El fallo que recibieron estos asesinos fue ratificado en cuatro oportunidades: por la justicia de Mar del Plata, la Cámara de Casación, la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires y por la Corte Suprema de Justicia de La Nación. Todo parece en vano porque ahora los van a soltar», decía.
