La acción penal del fiscal Juan Pedro Zoni alcanza al ministro de Comunicaciones, Oscar “El Milico” Aguad, y a su director de Asuntos Jurídicos, Juan Carlos Mocoroa, firmantes de la quita de 70 mil millones de pesos que beneficia a la familia presidencial en perjuicio del Estado.
El presidente Mauricio Macri fue imputado hoy a raíz del acuerdo con su propio grupo empresario en torno a la deuda que mantiene con el Estado nacional por el Correo Argentino.
El fiscal federal Juan Pedro Zoni también imputó al ministro de Comunicaciones, Oscar “El Milico” Aguad, y al director de Asuntos Jurídicos de esa cartera, Juan Carlos Mocoroa, y pidió al juez Ariel Lijo las primeras medidas de prueba para investigar si se cometieron delitos como defraudación contra la administración pública, cohecho, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.
Según informaron fuentes judiciales, Zoni actuó a partir de las denuncias que presentaron los dirigentes de Nuevo Encuentro, Martín Sabbatella y Gabriela Cerruti, y el abogado Daniel Igolnikov. Es probable que las otras tres denuncias que recayeron en otros juzgados, entre ellas la de los diputados del Frente para la Victoria y la de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), queden finalmente a cargo de Lijo.
“Se observa un perjuicio patrimonial multimillonario en las arcas del Estado y en el patrimonio de los acreedores minoritarios”, advirtió Zoni y destacó los dictámenes de la fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Gabriela Boquín, quien solicitó el rechazo del acuerdo por “abusivo”.
El arreglo entre Gobierno nacional y el Grupo Macri, que tuvo la concesión del Correo Argentino entre 1997 y 2003, implica una quita del 98,2 por ciento de la deuda y el resto a pagar en 15 cuotas anuales (hasta 2033) con un interés del 7 por ciento.
Según el cálculo que realizó Boquín, la condonación en favor de la familia Macri representa un perjuicio para el Estado de más de 4 mil millones de pesos en la actualidad y de unos 70 mil millones a 2033.
“Corresponde investigar el cambio de estrategia del defensa del Estado Nacional en el marco del trámite del Concurso Preventivo, mediante el cual se prestó conformidad a una propuesta abusiva que implicaría un perjuicio fiscal, la cual a su vez se materializó a través de la intervención de un funcionario que carecería de competencia para ello y designado con carácter transitorio”, explicó Zoni en su dictamen.
El funcionario al que apunta el fiscal es Mocoroa, quien firmó el acuerdo cuando no tenía un nombramiento formal para hacerlo.
“Sumado a ello, resulta pertinente destacar que Mocoroa desarrollo sus funciones a través de un cadena jerárquica que lo vincula con el Presidente de la Nación, Mauricio Macri, quien a su vez resultaría beneficiario –de forma directa o indirecta – de la sociedad concursada y por ende del acuerdo suscripto por aquél”, agregó Zoni.
