Ni pungas, ni chorritos de a todo por dos pesos: estos son saqueadores sistémicos; los Macri y sus parecidos en el globo llegan para afanarse todo

Al conocerse cómo Macri hijo le perdonó a Macri padre la friolera 4.277 millones de pesos que esa familia-empresa la debe al Estado por Correos Argentinos, con inteligencia, un colega de la tele planteaba anoche el siguiente debate: ¿el gobierno de Cambiemos es proyecto “nómade”. Es decir quedarse con todo lo antes posible e irse, o tiene “un proyecto de país”. Qué escandaloso será el caso que el diario La Nación – histórico soporte cultural del modelo oligárquico de dependencia, el que ha hecho de la apropiación de lo colectivo por parte de las minorías dueñas de la violencia, la muerte y la vida, fue al menos cauteloso al referirse este jueves al tema: “Franco Macri tiene un viejo anhelo: acordar con el Estado y cerrar el concurso preventivo que el Correo Argentino arrastra desde 2001. Tras varias negativas, con el arribo del gobierno de Cambiemos, liderado por Mauricio Macri, dio un gran paso para lograrlo en junio pasado. Sin embargo, ahora, la Fiscalía General en lo Comercial quiere ponerle un freno. Consideró que el posible acuerdo sería ‘abusivo’, ya que, en la práctica, implicaría ‘una condonación de la deuda’ por más de 4. 277 millones de pesos”.

El miércoles por la noche, por la pantalla de C5N el colega Alejandro Bercovich se refirió en forma extensa y crítica a la escandalosa decisión de Macri a favor de Macri y formuló a sus invitados el siguiente interrogante: ¿el gobierno de Cambiemos es “nómade”, es decir llegó para quedarse con todo lo más rápido o posible e irse, o contiene un proyecto de país?

Los dirigentes sindicales Sonia Alesso, secretaria general de Cetera; Leonardo Fabre, titular de APOPS; y Pablo Micheli, líder de la CTA Autónoma, fueron coincidentes al señalar que el de Macri, como todas las ofensivas de la derecha en la región y en el mundo tienen un proyecto sistémico que es el de la apropiación de la renta en desmedro impiadoso respecto de los trabajadores y las mayorías populares, y la entrega de todos los recursos materiales e intangibles a las corporaciones transnacionales. En el idioma de los argentinos, como señala nuestro título: Ni pungas, ni chorritos de a todo por dos pesos: estos son saqueadores sistémicos; los Macri y sus parecidos en el globo llegan para afanarse todo.

Sigue afirmando el texto de La Nación ya citado: “La fiscal Gabriela Boquin planteó la objeción al acuerdo al recomendar a la Cámara que lo rechace. Además, notificó lo ocurrido a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas para que investigue si hubo irregularidades y si amerita radicarse una denuncia penal. Boquin llegó a esa conclusión tras verificar que, durante años, los abogados del Estado rechazaron las propuestas del Correo -una empresa del grupo Macri- ‘por implicar más una licuación del pasivo que una verdadera propuesta de pago’».

La página digital del semanario Tiempo Argentino comenta por su parte: “Uno de los grandes desastres privatistas de la década del 90 fue el Correo Argentino. Durante la presidencia de Carlos Menem, Franco Macri se hizo cargo del correo nacional, a través de la empresa Correo Argentino SA. Sin embargo, después de años de mala gestión, en 2001 se inició el concurso de acreedores que derivó en la quiebra, en 2003. Desde ese entonces, Correo Argentino SA mantiene una deuda multimillonaria con el Estado. En 2016, con Mauricio Macri en la presidencia, Correo Argentino SA hizo una oferta del pago de deuda al Estado que fue aceptada. Según la fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Gabriela Boquín, el acuerdo “equivale a una condonación” de la deuda y debe considerarse “abusivo”, ya que implica una quita de más de $ 4.000 millones en la actualidad y de más de $ 70.000 millones a 2033, cuando finalice el plan de pagos.

En junio del año pasado, hubo dos propuestas de Correo Argentino SA al Estado; es decir, de Franco a Mauricio: para la fiscal, ambas son abusivas. La primera –rechazada- implicaba una quita del 99.16% de la deuda, mientras que la oferta “superadora” finalmente aceptada plantea una quita del 98.82%, según Boquín.

La primera oferta: el pago del 100% del capital verificado y/o declarado admisible, en 19 cuotas anuales y consecutivas, con el 6% anual de interés. La segunda oferta: el pago del 100 % del capital verificado y/o declarado admisible, en 15 cuotas anuales y consecutivas, con un interés del 7% anual.

Boquín entiende que “así, de convalidarse la conformidad prestada por el Estado Nacional, éste resignaría sustancialmente el crédito debido por la concursada, aceptando la cancelación del mismo con la percepción de un valor insignificante en términos de valor presente”. Para la representante del Ministerio Público Fiscal –que contó con la colaboración de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) de la Procuración General de la Nación-, el saldo de quita a marzo de 2033 es de $70.163.910.895,30, mientras que la quita a febrero de 2017 es de $4.277.659.362,13”.

Para Boquín, este acuerdo puede “resultar equiparable a una condonación de la deuda”. Por lo tanto, “es abusiva, implica perjuicio fiscal y su irregular aceptación perjudica gravemente el patrimonio del Estado Nacional”.

Además, por supuesto, la fiscal denuncia el evidente conflicto de intereses. “En el caso, la propuesta fue aceptada por un funcionario público que encuentra enmarcada su actuación por una cadena de dependencias jerárquicas que lo vinculan a la máxima autoridad de la administración pública nacional -el Director General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Comunicaciones, Juan Mocoroa- (…) pudiendo resultar que familiares del presidente de la Nación resultarían beneficiarios finales de la sociedad concursada y/o de sus controlantes del grupo económico, ningún funcionario público que tuviese relación de dependencia jerárquica con él, podría aceptar una propuesta que directa o indirectamente los beneficie”.

Boquín pidió “opinión consultiva de la Oficina Anticorrupción o bien, a la Comisión de Ética Pública”. Por ese motivo, solicitó que se libre oficio a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) “a los fines que su titular estime corresponder”.

Finalmente, la fiscal formuló reserva para acceder por vía extraordinaria a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) en caso de que haya una sentencia contraria a lo dictaminado.

En tanto, Página 12 consignó: “El gobierno de Mauricio Macri acordó con el Grupo Macri el pago de una deuda con el Estado por el Correo Argentino que implicó una quita del 98,87 por ciento en perjuicio del Estado, según indicó el dictamen de la fiscal Gabriela Boquín. A valores actuales, esa quita implica cuatro mil millones de pesos. Proyectado a quince años –que es lo que tendrá el holding familiar para pagar–, asciende a 70 mil millones de pesos. Este es cálculo que hizo la fiscal Boquín para apelar ante la Cámara en lo Comercial. La fiscal advirtió que el Estado cambió su estrategia judicial con la llegada de Macri y aceptó una propuesta ruinosa que antes había rechazado. Desde el Gobierno argumentaron que es mejor cobrar algo que extender el pleito. La fiscal remarcó que se debe investigar si no se buscó beneficiar a la familia presidencial. Esta historia comenzó en 1997, durante el gobierno de Carlos Menem, cuando el Grupo Macri consiguió la concesión del Correo Argentino. La administró a través de su empresa Sideco Argentina, de la que la familia Macri conserva la mayoría accionaria. En 2009, siendo jefe gobierno, Macri le cedió sus accciones a sus hijos Agustina, Gimena y Francisco Juan. Durante seis años, los Macri colocaron el servicio entre los más caros del mundo y despidieron miles de trabajadores. En su momento, lograron que el Estado le reconociera las indemnizaciones como “inversiones”. La concesión fue rescindida por el presidente Néstor Kirchner poco después de su llegada al gobierno, en noviembre de 2003. Ya en septiembre de 2001, la empresa privatizada había entrado en convocatoria de acreedores con una deuda de 900 millones de pesos-dólares, dado que regía la convertibilidad. El Estado era acreedor del 32,65 por ciento de esa deuda: incluía 296 millones de pesos-dólares en deudas en el pago del canon (dejó de pagar en marzo de 2000), ante la DGI y con el Banco Nación. Allí se inició la causa que seguiría durante los 12 años kirchneristas, hasta el gobierno del primogénito.

La causa se extendió por largos años hasta que la jueza Marta Cirulli no homologó un acuerdo que presentó el Grupo Macri porque el Estado Nacional no lo aceptó. Argumentaron el perjuicio de no actualizar los montos por el paso del tiempo. El Grupo Macri apeló esa decisión y llegó a la Cámara.

El acuerdo final se produjo en una audiencia convocada el 28 de junio del año pasado por los camaristas María Lilia Gómez Alonso de Díaz Cordero, Matilde Ballerini y Ana Isabel Piaggi. Allí, el Grupo Macri hizo una propuesta de pago al Estado en 19 años y con un interés del 6 por ciento.

El director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Comunicaciones, Juan Mocoroa, rechazó la oferta, pero les dio a conocer las condiciones en las que podía aceptar. Hubo un cuarto intermedio y se presentó una nueva oferta, que fue aceptada de inmediato. El funcionario aseguró que la aceptaba porque “se ajustaba a las instrucciones impartidas”.

La oferta que aceptó el Gobierno de Macri implica que el holding de la familia del Presidente podrá pagar en 15 cuotas anuales, comenzando en 2018. La mitad de la deuda nominal será pagada en los últimos dos años: 2032 y 2033. El acuerdo incluye una cláusula de pago acelerado en el caso de que el Grupo Macri le gane el juicio que le inició al Estado nacional por la rescisión del contrato del Correo. En ese caso, le pagará al Estado con su propio dinero.

“La negociación con el Grupo Macri para que le pague al Estado sería la cara inversa del pago a los fondos buitres, según se puede leer en el dictamen que emitió la fiscal de cámara Gabriela Boquín emitió el 30 diciembre del año pasado. Allí advirtió que la “mejora” de la oferta que fue aceptada por el Estado no era tal: la primera propuesta implicaba una quita del 99,16 por ciento. La segunda, del 98,87 por ciento. “La propuesta a la que se prestó conformidad es abusiva, implica perjuicio fiscal, y su irregular aceptación perjudica gravemente el patrimonio del Estado”, remarcó.

Anteayer presentó el cálculo que hizo la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI). Fue el siguiente: la deuda original era de 296 millones de pesos-dólares en septiembre de 2001, antes de la devaluación. La propuesta del Grupo Macri fue pagar en 15 cuotas anuales del “100 por ciento del monto verificado”. Esto es, 296 millones de pesos, con un interés anual del 7 por ciento. Si se actualiza la deuda original en dólares a febrero de este año con un tipo de cambio de 15,90, la quita es de 4.656 millones de pesos. Es una quita real del 98,87 por ciento. Para proyectar ese monto a 2033, la DAFI tomó la tasa activa del Banco Nación en septiembre de 2001 (1,46 por ciento), lo que le dio una quita cuando se termine de pagar la deuda de 70.163 millones de pesos.

“La propuesta aceptada implica reducir el crédito del Estado Nacional a una suma inadmisible, por resultar equiparable a una condonación de la deuda”, señaló la fiscal Boquín, quien además advirtió que con el Gobierno de Macri se dio “un cambio estratégico de defensa de los intereses del Estado, configurando una manifiesta irregularidad –que corresponde investigar– en tanto propicia la aceptación de un acuerdo ostensiblemente ruinoso para el patrimonio Estatal”. La fiscal advirtió, además, que el funcionario que aceptó la propuesta estaba designado en forma transitoria por 180 días y que, por lo tanto, no podría haber firmado el acuerdo.

En el Ministerio de Comunicación, el subsecretario de Regulación de la de la Secretaría de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Oscar González, afirmó a PáginaI12 que “se llegó a un acuerdo entre el conjunto de los acreedores y el Correo Argentino. No es una ocurrencia nuestra salir a pagar. No estamos haciendo regalos, ni manejándonos arbitrariamente”. “Entendemos que hemos cuidado los intereses del Estado, porque hemos logrado que nos paguen algo –no algo, el 100 por ciento–, en lugar de que continúe de manera indefinida y la empresa nunca nos pague. El interés nuestro ha sido poder cobrar”, indicó el funcionario. “Cuatro mil millones nos parece que es una suma exorbitante y fuera de lugar. Es una evaluación poco seria”, sostuvo González, quien indicó que el Estado terminará cobrando con los intereses cerca de 600 millones de pesos.

En su apelación a la Cámara, la fiscal advirtió además sobre la violación de la Ley de Ética Pública dado que la decisión beneficia a la familia del Presidente y envió actuaciones a la Procuraduría de Investigaciones Administraciones. “Deberá determinarse si estamos frente a una simple irregularidad funcional, por actuación con culpa o negligencia, o bien ante el cumplimiento de una instrucción, emanada de autoridad de jerarquía superior, orientada a satisfacer intereses privados por sobre los públicos que deben en todo caso prevalecer”, indicó. La fiscal indicó que, de no recibir un fallo favorable, va a apelar a la Corte Suprema.