En septiembre de 2012, un informe del Senado de la provincia de Buenos Aires – conocido como “Informe Candela“ –, elaborado por la Comisión investigadora del secuestro y crimen de Candela Sol Rodríguez de esa cámara alta, brindaba contundentes elementos para que los estados provincial y nacional pudiese trabajar en la desarticulación de una de las causas que explican los crecientes índices de inseguridad que afligen a sociedad argentina. Junto a la pobreza endémica y a la injusticia social que margina a miles de ciudadanos y ciudadanas, especialmente jóvenes, el otro gran punto causal, y que pone en peligro a la convivencia democrática misma, porque sirve como esquema de control social para gobiernos como el de Cambiemos, es el de la trama de complicidades históricamente existente, sobre todo a partir de la pasada dictadura, entre el crimen organizado, elementos policiales y de agencias de seguridad, servicios de inteligencia y actores centrales del Poder Judicial, de las fiscalías y del poder político, en legislaturas y en oficinas encumbradas del Ejecutivo.
Siempre refiriéndose al crimen de la niña Candela Sol Rodríguez, aquel informa entre otros puntos sostenía: “Las acciones policiales estuvieron enderezadas principalmente al encubrimiento de los autores y de los móviles del asesinato. Según la información relevada por esta Comisión, la policía tuvo conocimiento del contexto en el que se había producido la desaparición de la niña y ese contexto no es otro que el narcotráfico y la modalidad de narco-secuestros, negocio ilegal del que también forma parte un sector de la policía”.
Proponía “remitir las presentes actuaciones a la Procuradora, Dra. María del Carmen Falbo, a los fines de que sean incorporadas al expediente del departamento de control interno de la Procuración General, en el que tramitan las actuaciones tendientes a establecer las responsabilidades del Fiscal MarceloTavolaro, como así también su ponderación acerca de las graves disfuncionalidades que se han observado en el desempeño de los Fiscales Dr. Nieva Woodgate, Dr. Lisa y Dra. Rapazzo; así como también al Defensor Oficial Dr. Oscar Rombola”.
Denunciaba “al Fiscal Federico Nieva Woodgate en sede del Ministerio Público Fiscal por mal desempeño, aportando la información relevada por esta Comisión al Jury de enjuiciamiento ya establecido”.
Pedía “Jury de enjuiciamiento a los fiscales de la Unidad Funcional de Instrucción Judicial Nº 6 del Departamento Judicial de Morón: Dr. Marcelo Tavolaro y Dr. Leonardo Lisa. Al Juez de Garantías Dr. Alfredo H. Meade”.
Denunciaba “al Dr. Oscar Rombola, Defensor Oficial del Departamento Judicial Morón, que fuera designado en su momento como Defensor Oficial de Ramón Néstor Altamirano, por incumplimiento de los deberes de funcionario público; a la Dra. Guillermina Rapazzo (Auxiliar letrada de la UFI interviniente) por incumplimiento de los deberes de funcionario público ante el Ministerio Público Fiscal, a fin de que inicie las medidas administrativas correspondientes sin perjuicio de las actuaciones penales que correspondan”.
También la Comisión observaba “al Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia por falta de conducción de las fuerzas de seguridad a su cargo: Policía de Seguridad, Policía de Investigaciones, Policía Científica, Delitos Complejos y Narcocriminalidad en el caso Candela. Negligencia ante las gravísimas faltas cometidas por la cúpula policial y por las irregularidades y faltas graves cometidas por el personal a cargo de la investigación. Deficiente intervención de la Auditoría de Asuntos Internos del Ministerio para investigar a policías públicamente sospechados de estar vinculados al narcotráfico, inclusive antes de que sucediera el caso. Avalar la conformación y funcionamiento de la Mesa de Crisis que actuó en este caso, aun cuando no era lo indicado por los protocolos vigentes. Grave negligencia ante las reiteradas filtraciones de información de la policía a los medios de comunicación, que malograron la investigación y pusieron en riesgo la vida de Candela.
Y recomendaba al Poder Ejecutivo de la Provincia: Exonerar, al entonces jefe de Policía Juan Carlos Paggi, de acuerdo al art. , de acuerdo al art. 169 inc. d, 173, 174, 175, 197 inc. j, 198 inc c y h, art. 201 inc. e y f, art. 202 inc. g, art. 204 inc. b, art. 207 inc. j, y ccs de la ley 13.982, decreto reglamentario 1050/09. Proceder a la inmediata separación de cargo y exonerar al Comisario General Hugo Matzkin, por entonces Superintendente de Coordinación Operativa, De acuerdo al art. 169 inc. d, 175, 197 inc. j, 198 inc c y h, art. 201 inc. e y f, art. 202 inc. g, art. 204 inc. b, art. 207 inc. j, y ccs de la ley 13.982, decreto reglamentario 1050/09. Proceder a la inmediata separación de cargo y exonerar al Director General de Policía Científica Comisario General Pablo Vázquez; De acuerdo al art. 169 inc. d, 175, 197 inc. j, 198 inc c y h, art. 201 inc. e y f, art. 202 inc. g, art. 204 inc. b, art. 207 inc. j, y ccs de la ley 13.982, decreto reglamentario 1050/09. Proceder a la inmediata separación de cargo y exonerar al entonces Superintendente de Seguridad Oeste, Comisario General Sergio René Bianchi; De acuerdo al art. 169 inc. d, 175, 197 inc. j, 198 inc c y h, art. 201 inc. e y f, art. 202 inc. g, art. 204 inc. b, art. 207 inc. j, y ccs de la ley 13.982, decreto reglamentario 1050/09. Proceder a la inmediata separación de cargo y exonerar al Director de la DDI La Matanza Comisario Mayor Marcelo Chebriau; De acuerdo al art. 169 inc. d, 175, 197 inc. j, 198 inc c y h, art. 201 inc. e y f, art. 202 inc. g, art. 204 inc. b, art. 207 inc. j, art. 205 inc. c, y ccs de la ley 13.982, decreto reglamentario 1050/09. Proceder a la inmediata separación de cargo y exonerar al entonces Director General de Investigaciones en Función Judicial Comisario General Roberto Castronuovo, De acuerdo al art. 169 inc. d, 175, 197 inc. j, 198 inc c y h, art. 201 inc. e y f, art. 202 inc. g, art. 204 inc. b, art. 207 inc. j, art. 205 inc. c, y ccs de la ley 13.982, decreto reglamentario 1050/09”.
Los poderes políticos de entonces mandaron a vía muerta el informe, y hoy es noticia, después de tantos años, el juicio oral a los acusados, conforme consigna este jueves el sitio de Tiempo Argentino: “Los principales sospechosos del caso Candela, Hugo Bermúdez y Leonardo Jara, se desentendieron de la causa y criticaron la investigación de la fiscalía y la policía. Incluso, llegaron a apuntar al ex gobernador Daniel Scioli y a sus funcionarios”.
Y continúa el medio colega en texto que pasamos a reproducir:
“Soy totalmente ajeno a la causa Candela. Soy totalmente inocente. Tengo muchas cosas para decir, pero prefiero que ustedes me pregunten lo que quieran”. Así se puso a disposición Jara, de 37 años, ante los jueces, la fiscalía y los abogados defensores y querellantes. “La causa no tiene ni pies ni manos, está armada de la A a la Z. Está todo mal”, agregó el hombre sospechado de raptar a Candela en la tarde del 22 de agosto de 2011 y de hacer la llamada extorsiva a la familia de la víctima tres días antes del hallazgo del cuerpo.
«El gobernador Scioli y el ex ministro de Justicia bonaerense Ricardo Casal estuvieron involucrados, aunque no tenga las pruebas, porque la causa venía manejada de arriba. En vez de una causa judicial, pasó a ser una causa política», denunció Jara, en uno de los tramos de su alocución.
En esa línea, el acusado expresó: “No creo que se llegue a fondo porque siendo inocente estoy preso hace más de cinco años. No lo digo por ustedes (en referencia a los tres jueces del Tribunal Oral en lo Criminal Nº 3) pero no creo en nadie”.
Los fiscales Pablo Galarza y Mario Ferrario y el abogado querellante, Fernando Burlando, le recordaron que hubo una pericia de una grabación que arrojó “un 100% de coincidencia” con su voz. En el audio se escucha que un hombre le dice a una de las tías de la víctima: «Ahora sí que no la vas a encontrar nunca a tu hija. ¡Jamás la van a encontrar! Te lo aseguro yo, hasta que esa conchuda no devuelva la guita, no la va a ver nunca más… Que le pregunten al marido dónde dejó la guita». El llamado telefónico fue realizado desde un locutorio de capital federal el 28 de agosto.
Jara indicó que esa pericia fue realizada dos veces y que la primera fue descartada. En cambio, en la segunda, su suerte fue diferente porque la debió repetir “unas 500 mil veces durante una hora y media” por lo que consideró que “la prueba fue fraguada”. “No tenía perito de parte, por eso me la enchufaron a mí”, argumentó.
“Era fácil saber si fui yo o no. Pero el fiscal (de instrucción Marcelo Tavolaro) no se tomó el trabajo de pedir ninguna cámara”, explicó y analizó: “no investigaron, no quisieron llegar a la verdad. Está la muerte de una nena en el medio. Es muy delicado. Tengo una hija de 10 años y una familia pendiente de todo esto. Me hicieron una chanchada”.
Al ser consultado sobre cómo fue vinculado al caso, Jara aseguró que fue a partir de «las declaraciones de Roberto Aníbal y su amigo, “El Pollo» Flores, a quienes la policía les propuso el oro y el moro para tapar conmigo el pozo del caso Candela”.
“Roberto primero dijo que la había levantado (a Candela) en un Suzuki blanco, y cuando ya no podían sostener la mentira del Suzuki, incorporaron a la camioneta Ecosport”, precisó Jara sobre el aporte a la investigación de Aníbal, el carnicero informante de la Bonaerense que murió en una extraña explosión hace unos años atrás, cuando este testigo estaba en pleno reclamo de la recompensa prometida por el Ministerio de Seguridad bonaerense.
Las defensas de los imputados se habían negado el lunes pasado a la incorporación de los testimonios de aquellos testigos que ya fallecieron. Sin embargo, lo primero que aclararon los jueces al comenzar la segunda audiencia es que aceptaban estas declaraciones.
Sobre los otros imputados, Jara dijo no tener nada que ver con Bermúdez, aunque reconoció haber tenido una causa penal en común con Fabián Gómez, el único de los tres sospechosos que llegó en libertad al debate y quien está acusado de haber realizado la logística de al menos uno de los domicilios donde presuntamente estuvo cautiva Candela.
Cuando Jara promediaba su testimonio, la madre de la víctima, Carola Labrador, pidió estar presente en la sala de audiencias. Sin embargo, el presidente del Tribunal, Diego Bonanno, acordó con las partes en rechazar la solicitud ya que el testimonio de la mamá, que llegaría unos minutos más tarde, podía verse contaminado y condicionado.
Luego, el excéntrico abogado de Hugo Bermúdez, Juan Carlos Rey, le dio paso a su cliente para que se acomodara en el banquillo de los acusados, que aún estaba tibio. “No tengo absolutamente nada que ver con el hecho, quiero que se sepa la verdad», lanzó.
Tanto Jara como Bermúdez, detallaron que no conocían a ningún integrante de la familia de Candela. En su caso, el acusado de abusar y matar a la nena tampoco reconoció haber tenido trato con el resto de los sospechosos.
Bermúdez dijo que fue detenido tras un engaño de “la brigada de San Justo” y del fiscal Tavolaro. También contó que los restos incendiados de una campera suya y de un frasquito de esmalte encontrados en el fondo de la casa de Cellini 4085, en Hurlingham, fueron quemados por su suegra, la dueña de la casa. “Es que acá no pasa el basurero todos los días”, se defendió.
