Y todo los precios se irán por las nubes, pues la inflación “estimada” por la gavilla de Cambiemos solo sirve para condicionar los salarios y los convenios colectivos. Mientras tanto “las eléctricas” siguen cortando suministros, sobre todo en el Conurbano pero la pauta oficial que la tele pacto con la jefatura de Gabinete – todos, los disque opositores también – tiene su propio apagón informativo, invisibilizando el problema.
El gobierno anuncia el nuevo cuadro tarifario para el servicio eléctrico, que viene a incrementar la presión inflacionaria. Según los pedidos presentados por las empresas en las audiencias públicas, el aumento en las boletas de luz para usuarios residenciales de consumo mínimo llega al 130 por ciento, mientras que para los de consumo medio se ubica en 30 por ciento. Ese diferencial se daría por el impacto del aumento en el cargo fijo. El incremento de la tarifa eléctrica en febrero se suma a los aumentos del 6 por ciento que comenzarán a regir para las cuotas de la medicina privada y de los peajes en las autopistas de Buenos Aires (Illia, 25 de Mayo y Perito Moreno), que se encarecerán hasta un 52 por ciento.
Tal como confirmó tiempo atrás el ministerio de Energía, desde el 1 de febrero comenzará a regir el nuevo cuadro tarifario de la luz. El servicio de gas hará lo propio en abril y se espera que ambos vuelvan a subir antes de fin de año. Los aumentos también impactarán sobre los usuarios no residenciales. En el caso de las pymes, esa suba de costos se conjuga con la caída de las ventas que todavía no frenó, con el consiguiente riesgo para el nivel de empleo. El tarifazo fue uno de los principales problemas políticos que tuvo el Gobierno el año pasado a raíz del impacto de las subas en una economía castigada por la caída del poder adquisitivo, sumado a la desprolijidad en las formas, al no haber convocado en un primer momento a la audiencia pública que prevé la normativa vigente.
“En este caso, el plan de aumentos tarifarios junto a otras subas singificativas para el bolsillo atentan contra el programa oficial de baja de la inflación. El incremento de los combustibles en enero impactó en la inflación y las consultoras estiman que el índice se ubicó entre 1,7 y 2,0 por ciento. En febrero, el incremento tarifario se suma al alza del 6 por ciento en las prepagas y de hasta el 52 por ciento en los peajes. De ese modo, el IPC, especulan los economistas, podría superar el 2 por ciento en el segundo mes. En consecuencia, el comienzo del año registrará un nivel de inflación por encima del 1,2 por ciento promedio que pretende instalar el Gobierno”. Sostiene Página 12 este martes,
El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, persiste en el discurso de baja de la inflación para procurar moderar en la discusión paritaria. “Durante los primeros 12 meses de nuestra gestión podemos decir que consolidamos un proceso a la baja de la inflación, que este año va a rondar el 17 por ciento”, indicó el funcionario, pese a que en 2016 la inflación se duplicó respecto de 2015 y llegó a 41 por ciento, según la medición del Gobierno porteño. También anticipó que “se encarará una reforma tributaria hacia mitad de año, lo que va a generar una disminución de los precios estructurales que hacen que la Argentina sea más cara que otros países de la región”.
El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) calculó el nuevo incremento en la tarifa eléctrica en usuarios con consumos de entre 300 y 600 kilovatios/hora. Para el 10 por ciento de los hogares de menores ingresos con ese nivel de consumo, el presupuesto destinado a afrontar la energía sube del 7,3 al 10,9 por ciento, un aumento del 51 por ciento. En el otro extremo, los recursos destinados a la energía de los hogares de mayores ingresos aumentan un 52 por ciento, aunque el peso sobre el presupuesto suba del 0,48 a apenas el 0,73 por ciento de sus ingresos. Ese análisis muestra el impacto dispar de la política tarifaria sobre la población, en detrimento de los hogares con dificultades económicas.
“Según definiciones internacionales, cuando un hogar debe gastar más del 10 por ciento de sus ingresos totales en la energía, descontados los gastos fijos (que se pueden aproximar por los gastos alimentarios) el hogar sufre de pobreza energética. Este nuevo tarifazo incrementará sin dudas la vulnerabilidad de muchos hogares. Aunque bajo cualquier hipótesis de consumo eléctrico, el incremento siempre recae con mucho mayor peso en los primeros deciles de ingresos”, indica el CEPA. También advierte que el incremento tarifario no sólo impacta directamente a través de las boletas de los servicios públicos sino de forma indirecta, especialmente en los alimentos.
En 2016, los usuarios residenciales enfrentaron aumentos de la luz en el AMBA del 550 por ciento en promedio teniendo en cuenta el mismo nivel de consumo. En el gas, el aumento de la boleta para los usuarios que menos consumen fue del 230 por ciento. Uno de los factores que exacerbó el conflicto tarifario fue que las bajas temperaturas de 2016 frente al 2015 impulsaron el consumo energético y, con él, el importe de las boletas.
