El presidente argentino oficializó el DNU que endurece los controles de ingreso y facilita la expulsión de extranjeros. Autoridades paraguayas y bolivianas expresaron su malestar, mientras que organizaciones de refugiados y migrantes denunciaron el carácter persecutorio de la medida.
De manera unilateral, el gobierno de Mauricio Macri reformó la Ley de Migraciones 25.871, una decisión que se venía anunciando con un discurso xenófobo, racista y discriminatorio, e incluso tratando de justificarlo con datos falsos, como hizo días atrás la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, cuando apuntó contra paraguayos, peruanos y bolivianos.
El decreto de necesidad y urgencia 70/2017 firmado por el mandatario y publicado en el Boletín Oficial habilita a las autoridades migratorias a impedir el ingreso al país de personas condenadas, aunque su sentencia no esté firme, o a los que sólo tengan antecedentes penales o integren organizaciones que puedan ser consideradas terroristas.
Asimismo, endurece los criterios para echar extranjeros del territorio nacional, tras considerar que “en los últimos años se verifica una proporción sumamente baja en la relación existente entre la cantidad de expulsiones dispuestas por la autoridad migratoria competente, fundadas en la existencia de antecedentes penales, y las efectivamente concretadas”.
El decreto se suma a otras medidas de controles migratorios puestas en marcha la semana última, como la aplicación del sistema Información Anticipada de Pasajero, que obliga a las líneas áreas a brindar datos sobre los pasajeros antes de que arriben o egresen del país.
Macri también creó la Comisión Nacional de Fronteras, como ente regulador y coordinador del funcionamiento de los Pasos Internacionales y Centros de Frontera, y la Dirección de Extranjeros Judicializados, que tendrá, entre otros objetivos, supervisar la materialización de las expulsiones.
El director de Migraciones de Paraguay, Jorge Kronawetter, cuestionó hoy el decreto del presidente argentino al sostener que “no condice con el espíritu de la comunidad internacional”.
“Nosotros siempre hemos luchado por el libre tránsito… queremos descomprimir la situación, que la tecnología haga su trabajo y que todos nuestros ciudadanos puedan tener la posibilidad de libre tránsito en el país y en los países vecinos”, subrayó el funcionario.
Bolivia, en tanto, ya había convocado al embajador argentino tras los dichos xenófobos de la ministra Bulrrich, quien aseguró que son extranjeros “el 33 por ciento” de los presos “por delitos federales”, omitiendo que menos del 6 por ciento de la población carcelaria total es extranjera y que sobre dos millones de inmigrantes que viven en la Argentina apenas 1420 (0,07%) están presos por delitos vinculados al narcotráfico.
“Lamentamos la estigmatización a los ciudadanos bolivianos en Argentina, que coincide con el discurso de (Donald) Trump”, dijo en esa oportunidad Carlos Romero, ministro de Gobierno de Evo Morales.
El embajador de Bolivia en Argentina, Santos Tito, salió hoy a criticar el decreto de Macri y explicó que lo más efectivo para enfrentar el narcotráfico, la trata de personas y otros delitos es impulsar “acciones conjuntas” a nivel regional.
“No se puede estigmatizar a los bolivianos ya que el conjunto de los bolivianos en Argentina contribuye al desarrollo de ese país”, remarcó.
Desde la Cámara de Diputados de la Nación, el vicepresidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Guillermo Carmona, sostuvo que “estamos ante un gobierno que en su política exterior adopta medidas y posiciones que generan tensión en la región”, y reclamó que el tema pueda ser tratado en el Congreso porque es “delicadísimo”.
“El Gobierno perfectamente puede avanzar en mejoras tecnológicas que permitan contar con perfiles de antecedentes, en estrecha colaboración con los países vecinos. Ahora, si se tensionan y ofenden los países vecinos, es muy difícil luego trabajar en la cooperación necesaria a los efectos de que los antecedentes penales se encuentren disponibles”, explicó el diputado al afirmar que Macri eligió “un camino que en su forma y su contenido no es adecuado”.
Tras la publicación del decreto contra los extranjeros en el Boletín Oficial, organizaciones de migrantes han denunciado su temor a que se inicie una ola de persecuciones hacia las personas sin papeles o con documentación en trámite.
“Dicen que es para combatir el delito, pero van por el que no tiene su situación regularizada”, denunció la Red Argentina de Migrantes.
En el mismo sentido, la Comisión Argentina para los Refugiados y Migrantes (Caref) indicó que “se invirtió la dinámica de políticas migratorias”, ya que ahora “el Estado no facilita” la regularización de los trámites, sino que “aumenta los controles de permanencia, con lógica de perseguir”.
