Cambiemos va por la modificación de la ley de Migraciones con un nuevo decreto presidencial. El discípulo sureño de Donald Trump, Mauricio Macri, busca expulsar inmigrantes bajo la excusa de combatir la trata de personas, el narcotráfico y el terrorismo. La ministra de Seguridad nacional. Patricia Bullrich no se queda atrás; si por ella fuese todo paraguayo, boliviano o peruano que ande por ahí, de jeta al paredón. El argentino es lo que se dice un gobierno de racistas, xenófobos y fascistas.
Por Carlos López / La gestora de la represión en Cambiemos le miente a los argentinos. La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, vinculó directamente a los inmigrantes latinoamericanos con el narcotráfico, alegando una escandalosa cifra que apunta a que el 33% por ciento de los presos por delitos vinculados al tráfico de drogas en el país son extranjeros. Semejante dato fue acompañado además por un xenófobo análisis de que la mayoría de esos delincuentes son paraguayos, peruanos y bolivianos.
Apelando a su criterio sesgado, Bullrich se encarga de preparar el terreno para alcanzar la reforma de la ley de Migraciones y cumplir el sueño macrista de comenzar la expulsión de los inmigrantes de la Patria Grande. “Acá vienen ciudadanos paraguayos o peruanos que se terminan matando por el control de la droga. La concentración de extranjeros que cometen delitos de narcotráfico es la preocupación que tiene nuestro país”, señaló la ministra esta semana pasada.
Pero la preocupación del gobierno parece no pasar por la estabilidad de una economía que día a día se pierde en falsas promesas, producto de la aplicación de políticas neoliberales que generó pérdidas laborales no sólo para argentinos, sino también para cientos de extranjeros latinoamericanos que se desarrollan en el país. Aunque la ministra diga que llegan para robar y traficar droga.
Al igual que hizo durante los primeros meses de su gobierno con otras leyes sancionadas democráticamente, Macri busca ahora modificar la ley de Migraciones 25.871, y en caso que no lo logre por la buena vía, ya anunció que irá por un nuevo Decreto de Necesidad de Urgencia (DNU), la principal herramienta política que expone el autoritarismo de la gestión de Cambiemos.
La ley actual tiene fragmentos expeditivos sobre la expulsión de extranjeros que cometan delitos graves en el país, de modo que ese no es el objetivo real que Cambiemos busca con la reforma, sino la legalización de la expulsión indiscriminada de personas que tengan infracciones menores y conflictos penales secundarios que no afectan la seguridad pública. De esta manera, si Macri avanza en la firma del decreto, los manteros reprimidos en Once a mediados de enero y otros extranjeros con inconvenientes menores con respecto a la ley, podrán ser expulsados del país sin intervención judicial alguna.
En esta línea, Bullrich volvió a aplicar la política de comunicación oficial que llevó a más de la mitad de los argentinos a votar a Mauricio Macri como presidente. Recortar una problemática como el tráfico de drogas, buscar a un objetivo supuestamente responsable como los inmigrantes y escupir una «solución» cargada de mentiras.
Las estadísticas expresadas por la ministra fueron rápidamente desmentidas por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). El organismo que preside Horacio Verbitsky aseguró que Bullrich “utilizó datos estadísticos sesgados, descontextualizados y afirmaciones estigmatizantes”.
Es que las mentiras, como las verdades, son comprobables. La ministra tomo una muestra real pero parcial, ya que sólo contabilizó las estadísticas del Servicio Penitenciario Federal (SPF) para obtener un porcentaje mayor al total. Según un informe generado el pasado año por la Subsecretaría de Política Criminal, que depende del Ministerio de Justicia, el 82% de los 8.012 presos por infracciones a la ley de drogas 23.737 son argentinos. Estos datos abarcan la totalidad de las cárceles de todo el país y no sólo a las mencionadas por Bullrich.
A esto precisamente se refirió el jueves pasado el periodista Horacio Verbitsky por una emisora porteña. “La afirmación de Patricia Bullrich de que el 33% de los detenidos por delitos vinculados con estupefacientes son extranjeros es absolutamente falsa y revela ignorancia o mala fe”, cuestionó.
A su vez, detalló que “frente a la imposibilidad de alguna buena noticia, el gobierno ha decidido plantear una agenda de demagogia punitiva, de modo de sacar del primer plano de atención la situación económica”.
Verbitsky además remarcó la existencia del informe anual del centro nacional de estadísticas sobre ejecución de la pena, en el que se destaca que sólo el 6% de los detenidos en la Argentina son extranjeros. “Esto demuestra que en relación no hay un índice mayor de extranjeros detenidos que de argentinos”, explicó.
Para el periodista, Bullrich “mezcla estos datos con un delito específico, que es la infracción a la ley 23.737, donde se mide otra cosa. De acuerdo a la información oficial en todo el país los detenidos por delitos vinculados a la droga sólo corresponden al 10% del total, y de ese pequeño porcentaje, sólo el 17% son extranjeros, no el 33 como dice la ministra”, subrayó.
A partir de estos datos oficiales se desprende un análisis que deja sin salida a un irrisorio 33% de extranjeros detenidos por estupefacientes. Actualmente existen 1426 personas de otros países detenidas en la Argentina, sólo el 0,07% de la población extranjera en el país. Las cifras también son confirmadas por la ONU, que además ubica a la Argentina como el país más receptivo de América Latina con cerca de 2 millones de inmigrantes.
El gobierno inventa para aplicar políticas que recorten los derechos de los migrantes. El proyecto de DNU que Macri aplicará, también busca construir un muro hacia la obtención de la nacionalidad argentina. Según el nuevo decreto, cada pedido de nacionalidad de un inmigrante será evaluado por un juez federal siempre y cuando demuestre una permanencia “legal” anterior en el país de dos años. Nada más cercano al régimen migratorio impuesto por la última dictadura cívico-militar, removido a partir del gobierno de Raúl Alfonsín y con modificaciones mayores desde 1999 hasta alcanzar la vigente legislación.
El efecto Trump se hace sentir fuerte en la Argentina, pero poco tiene que ver con la reciente asunción del magnate estadouniense. Más bien, los argentinos -y los extranjeros de la Patria Grande que el gobierno amenaza con expulsar- sufren hace más de un año de un gobierno que fomenta la profundización de la demagogia punitiva. Apuntar con el dedo y eliminar a todo y todos los que no sean blancos y no vengan del norte.
