Por Fernando M. López (*) / En plenas vacaciones y sin ninguna discusión con el conjunto de la comunidad educativa de la provincia de Buenos Aires, el director general de Cultura y Educación, Alejandro Finocchiario, anunció que las escuelas públicas bajo su jurisdicción serán “un lugar sagrado”, lo que en los hechos significa borrar de un plumazo cualquier posibilidad de debate político.
En una resolución firmada el pasado 16 de enero, el funcionario dispuso que “en ningún caso podrán autorizarse actividades en las que se traten, de manera directa o indirecta, asuntos de carácter político partidario o se utilicen símbolos de partidos políticos”, los días en que no haya clases, durante los feriados o los recesos escolares.
Tras conocer la medida, referentes de diversos sectores advirtieron que se trata de una acción antidemocrática que viola diversas leyes provinciales y nacionales, entre ellas la que promueve y garantiza el pleno ejercicio de los Centros de Estudiantes, así como la propia Constitución y los tratados internacionales suscriptos por nuestro país.
La secretaria general de la Unión de Estudiantes Secundarios (UES), Sofía Arispe, dijo a Contexto que esto es “muy preocupante” porque busca impedir que “el alumno, el adolescente, siendo un sujeto de derecho y un sujeto político, pueda elegir si quiere tener una opinión partidaria”, sobre todo en un año electoral como este.
“Tal vez quieran una escuela parecida a la de la dictadura cívico-militar, donde no se podía hablar ni opinar. La educación que nosotros soñamos es otra, a la que estuvimos muy cerca de llegar cuando no tenías que pedir permiso para pegar un cartel y mucho menos para hablar de política”, señaló.
“Somos de una generación que entró a ser alumno de la escuela pública ganando un montón de derechos día a día: Ley de Financiamiento Educativo, Ley Nacional de Educación, Conectar Igualdad, el FinES, orquestas escolares… y siempre podíamos conseguir más. Hoy son todos retrocesos”, lamentó la dirigente estudiantil.
Desde la UES informaron que ya se organizan para dar una respuesta apenas comience el ciclo lectivo, por lo que no descartan convocar a marchas y otras actividades en toda la provincia.
Consultada por este diario, la pedagoga y ex diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, Adriana Puiggrós, también salió al cruce de la resolución del ministro de Educación de María Eugenia Vidal, al considerarla “un hecho gravísimo” que “está fuera del orden constitucional”.
Para Puiggrós, con sus acciones y argumentaciones, Finocchiaro parece “estar muy influenciado por monseñor (Héctor) Aguer, quien permanentemente insiste en que la escuela sea ‘un lugar sagrado’”, y aclaró que “en realidad la escuela es un lugar público”.
“El ministro está un poco fuera de lugar, sobre todo cuando el propio presidente Mauricio Macri y su ministro de Educación (Esteban Bullrich) se dicen sarmientinos”, sostuvo, y agregó que Domingo Faustino Sarmiento, que fue director general de Escuelas de la provincia de Buenos Aires, “estaría muy enojado con Finocchiaro”.
“Sarmiento insistía en la educación común y en las escuelas como espacios de libertad de conciencia y ejercicio de actividades que permitieran la discusión. Tengo aquí el número 1 de la revista Anales, de diciembre de 1858, en donde precisamente habla del carácter democrático que deben tener las instituciones educativas”, graficó Puiggrós.
Los gremios docentes tampoco se quedaron al margen de la polémica. El titular del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA), Roberto Baradel, afirmó en declaraciones a medios nacionales que la resolución de Finocchiaro “va en contra de principios democráticos”.
“La escuela es un lugar que debe mostrar posturas diversas y con esto eliminan la posibilidad de la participación en las aulas”, dijo Baradel, quien además alertó que la medida “atenta contra la autonomía de los consejos escolares y los directores de escuela, que son quienes deciden las actividades extracurriculares”.
Desde el mismo sindicato, María Laura Torre le pidió al Gobierno de Vidal que, en vez de coartar derechos, convoque a paritarias y resuelva los problemas más urgentes en las escuelas.
“Se niegan a discutir la agenda de los docentes y de la educación bonaerense, que tiene que ver con la situación que estamos viviendo los trabajadores del sector con respecto a las condiciones laborales y salariales. Pero además hay graves problemas de infraestructura, las computadoras no llegan como corresponde y desde hace un año no recibimos ningún libro”, denunció la secretaria gremial de SUTEBA a Contexto.
(*) Nota publicada en Diario Contexto. Su autor es editor de la agencia AgePeBA.
