Siete de cada diez habitantes de la Capital Federal y los tres cordones del conurbano bonaerense se consideran en situación de inseguridad económica. Eso significa, por ejemplo, que casi la mitad de las personas piensa que está en peligro de perder su trabajo, no les alcanza el ingreso familiar o les alcanza apenas. La mayoría considera que la situación económica de su hogar empeoró en los últimos doce meses. Lo más grave es que una proporción importante –más de un tercio del total– afirma que redujo su alimentación en 2016 y dos de cada diez personas revelan que en su casa hubo algún integrante de la familia que pasó hambre porque no había dinero para comprar alimentos.
Las conclusiones surgen de un amplio estudio que se llamará Monitor de Clima Social (MCS) y que se concretará cada dos meses, según consignó este domingo en el diario Página 12 el colega Raúl Kollman, texto que pasamos a reproducrir.
El objetivo del trabajo es medir lo que se llama la inseguridad social, es decir lo que cada ciudadano percibe como riesgo, insatisfacción o incertidumbre. Son todas las ideas relacionadas con la ausencia de protección estatal. El Monitor es realizado por el Centro de Estudios Metropolitanos (CEM), un centro interuniversitario producto del acuerdo entre la Universidad Metropolitana de la Educación y el Trabajo (UMET), la Universidad Nacional Arturo Jauretche y la Universidad Nacional de Hurlingham.
En total se encuestaron 1935 personas, 1832 en entrevistas realizadas por líneas de teléfono fijas y 103 a través de celulares. En todos los casos se respetaron las proporciones por edad, sexo, nivel económico-social y distribución en Ciudad de Buenos Aires y los tres cordones de conurbano. El director del CEM, es decir la cabeza del estudio, fue el licenciado en Ciencias Políticas, Matías Barroetaveña.
“El MCS mide mayoritariamente percepciones”, explica Barroetaveña. “En este sentido cabe aclarar que no toda inseguridad social es proporcional a un peligro real. Lo que se observa es, sobre todo, un desfasaje entre expectativas y realidades. Así planteado también se puede entender la inseguridad social como un indicador de malestar hacia los gobiernos. Es por eso que el MCS mide también a qué gobierno (nacional, provincial, local) se percibe como responsable de la situación social que cada individuo atraviesa”.
El método que se utiliza es que se construye el nivel de seguridad o inseguridad de cada uno de los ciudadanos a partir de distintas preguntas sobre cómo evalúa su situación económica, laboral, en materia de salud, educación y en cuanto a alimentación. Por ejemplo, en éste último aspecto, el índice se construye a partir de respuestas sobre lo sucedido en el último año: si en su hogar redujeron la alimentación por razones económicas o si alguno de los integrantes pasó por momentos de hambre por no poder comprar alimentos.
Los que están en situación de inseguridad alimentaria son el 27 por ciento del total. “Los resultados preocupantes se ven cuando se miran los valores uno por uno, es decir desagregados”, señala Barroetaveña.
El 38 por ciento de los entrevistados dijo que durante los últimos 12 meses en su hogar disminuyeron la porción de las comidas porque no hubo suficiente dinero para comprar alimentos. Ese porcentaje trepó al 45 por ciento con los encuestados del conurbano bonaerense.
Ante la pregunta “si en los últimos 12 meses, tuvo usted u otra persona en su hogar alguna vez hambre porque no había suficiente dinero para comprar alimentos”, en el conurbano bonaerense contestaron afirmativamente el 28 por ciento.
Como se ve, hay una proporción que no percibe un cuadro preocupante con su alimentación, pero es alto el porcentaje de las respuestas que tienen que ver con una situación alimentaria grave, que bordea el hambre. Que una de cada cuatro personas esté afrontando ésta última situación, es muy significativo.
El dato adicional es que el cuadro no tiende a mejorar sino que empeorar.
Nada menos que el 72 por ciento de los consultados se ubica en zona de inseguridad económica. El porcentaje coincide con las encuestas que se conocen en las que siete de cada diez personas dicen que la situación en sus hogares está mal o muy mal.
El CEM evaluó los peligros que la gente siente y los resultados exhiben riesgos en casi todos los terrenos económicos.
Por de pronto, el 45 por ciento de los consultados dicen que el ingreso en el hogar no les alcanza y eso provoca problemas graves o muy graves. La cifra trepa casi al 55 por ciento en el segundo cordón del Gran Buenos Aires.
Hay franjas del conurbano en el que el 62 por ciento de los encuestados afirma que está peor que el año pasado. Pero en todo el área estudiada, incluyendo la Ciudad de Buenos Aires, los que dicen que están mejor que hace 12 meses son muy pocos. En promedio, el 52 por ciento, o sea más de la mitad, afirma que la situación en su hogar empeoró.
Un dato que impacta fuertemente en la actualidad es el peligro de perder el trabajo. Nada menos que el 43 por ciento de todos los consultados señalaron que es probable o muy probable que pierda su empleo actual en los próximos meses. Seguramente esa es la madre de las inseguridades, porque es obvio que la economía de un hogar gira alrededor del puesto de trabajo.
El estudio del CEM indagó también sobre las responsabilidades por la situación. Lo curioso es que los encuestados no tienen en cuenta de quién dependen los distintos organismos, por ejemplo, las escuelas o la salud. En el único caso en el que se echa la culpa al gobierno provincial y al de la Ciudad de Buenos Aires es en los temas de transporte.
En todos los demás casos, para el ciudadano común, la responsabilidad principal igual es del gobierno nacional, seguramente porque es el que marca el paso de las políticas. Así, respecto de la seguridad económica, el 75 por ciento señala al Poder Ejecutivo nacional como el responsable y también se le achaca fuertemente la culpa en materia de inseguridad laboral.
El Monitor de Clima Social marca que las inseguridades son muy diferentes en los distintos estratos sociales.
Las mujeres sufren mayores inseguridades sociales que los hombres. Los jóvenes tienen índices más altos que los adultos. Aquellos con estudios secundarios incompletos duplican los indicadores de inseguridades de los universitarios.
Sin embargo, el factor más fuerte es el geográfico: las desigualdades entre la Ciudad de Buenos Aires y el primer cordón, pero sobre todo el segundo cordón del conurbano son descomunales. El porcentaje de personas en inseguridad (aquellas que tienen entre 0 y 60 según los respectivos indicadores) se duplican y hasta se triplican en el Segundo Cordón del Conurbano en comparación a la Ciudad de Buenos Aires.
La inseguridad laboral, por ejemplo, es del 37 por ciento en CABA, del 51 por ciento en el Primer Cordón y del 56 por ciento en el Segundo Cordón.
Mientras que en CABA el porcentaje de personas que afirman sufrir inseguridad sanitaria es de 28 por ciento, en el Conurbano ronda el 46 y el 57por ciento para el primer y segundo cordón respectivamente.
En CABA el 54 por ciento se siente seguro o muy seguro en el transporte; en el Segundo Cordón ese porcentaje se reduce al 29 por ciento.
En este enfoque se sintetizan las conclusiones. La inseguridad social, en todos los terrenos, marca las enormes desigualdades por franja económica, laboral o lugar de residencia. Y la lógica indica que si la desigualdad aumentó en el último año, eso se expresa en el aumento de las inseguridades. El Monitor se hará cada dos meses de manera que allí se verá cómo evolucionan las cosas en 2017. Al menos por ahora, el pronóstico es sombrío.
