El proceso de extranjerización de parte de los mejores territorios rurales argentinos no se detiene, y en Chubut se sinceraron con toda crudeza sus consecuencias más visibles: represión fascista contra campesinos y pueblo originarios, como cuando la dictadura, con antecedentes en la maldita Conquista del Desiertos. 2011. Millonarios y corporaciones extranjeras invierten en tierras para desarrollar proyectos agropecuarios, para buscar petróleo, para quedarse con supuestos reservorios de agua dulce del subsuelo argentino, o para desarrollar proyectos mineros.
Ya en 2011 se informaba que “se trata de empresarios extranjeros, millonarios, hombres de negocios y hasta magnates árabes, que tienen como objetivo controlar el uso y el tránsito por inmensos campos de suelo argentino. El primero en la lista es Luciano Benetton, dueño de la famosa multinacional de la ropa: posee un millón de hectáreas en la Patagonia. Lo sigue el ecologista y multimillonario estadounidense Douglas Tomkins, con 350.000 ha en Corrientes, Santa Cruz, Neuquén y Tierra del Fuego. El magnate financista británico Joe Lewis viene a continuación con 18.000 ha en Río Negro, mientras que Ted Turner,el dueño del multimedios global, tiene 5.000 ha en Neuquén y Tierra del Fuego. No obstante, multinacionales chinas y árabes también comenzaron a pisar fuerte en la tierra argentina. La firma china Heliongjiang explotará 330.000 ha en los Valles Medio e Inferior de Río Negro para producción de alimentos, mientras que capitales de Arabia Saudita, la meca del petróleo, se aseguraron la explotación de 30.000 ha (con opción a 200.000 ha) en el «El Impenetrable», Chaco, también para exportar alimentos”.
Aquél año, el proyecto de ley titulado «Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales» fue un pedido urgente que lanzó la presidenta, Cristina Fernández, después de las primarias. La iniciativa buscaba limitar al 20% el control de las tierras a extranjeros y preveía la creación de un Registro Nacional de Tierras Rurales.
A fines de 2011 el gobierno nacional celebraba la sanción legislativa de la llamada “ley de tierras”. Se proclamó que esa normativa revertiría el preocupante proceso de extranjerización de los recursos naturales denunciado por las organizaciones no gubernamentales, las que proponían el establecimiento de una nueva legislación.
Un año y medio más tarde, en junio de 2013, se difundió el resultado del inventario nacional de tierras rurales: un censo –exigido por la ley– que permite saber con exactitud qué proporción del territorio argentino está en manos de capitales extranjeros. La sorpresa es que sólo el ocho por ciento se encuentraaba en esa situación, pero el Gobierno nacional, cuando reglamentó la ley, impuso como límite el 15 por ciento, con lo que la cantidad de tierras en manos de propietarios no argentinos perfectamente podría casi duplicarse sin violar la legislación.
La Argentina tiene unos 278 millones de hectáreas, de modo que el 15 por ciento representa unos 41 millones de hectáreas. Ello equivale, con escasa diferencia, a la superficie que ocupan las provincias de Santa Fe, Santiago del Estero y Córdoba, en la zona central. O, para dar otro ejemplo, en el norte del país, Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca y La Rioja.
Aun cuando debiéramos discriminar tierras rurales de urbanas, ya que la ley sólo se refiere –y por lo tanto censa– a las rurales, los dos ejemplos ilustran con claridad el tenor del problema. Los recursos naturales de cinco provincias medianas –casi todo el noroeste del país– o de tres provincias grandes podrían pertenecer a capitales extranjeros, con lo que ello implica en términos de soberanía o de explotación.
Recuérdese, por ejemplo, que desde hace unos 15 años, Joe Lewis es recurrentemente denunciado por haber comprado una estancia ubicada entre Bariloche y El Bolsón, ya que la propiedad supuestamente abarca el lago Escondido y, en consecuencia, el propietario se comporta como si le perteneciera: impide el paso de personas y hasta se niega a que se abra un camino entre la actual ruta y la vera del lago.
A la luz de aquél inventario de tierras, ese propietario, como muchos otros, podría multiplicar sus bienes, si así lo desea, y avanzar, supongamos, hacia la zona cordillerana –donde se encuentran las nacientes de los ríos que atraviesan la región y alimentan los lagos– y, por qué no, llegar hasta los glaciares, a los que otra ley –que tuvo que ser tratada dos veces por el Congreso, porque en la primera oportunidad el gobierno de entonces la vetó– también intenta proteger.
El 2 de julio de 2016 el semanario Tiempo Argentino informaba que el gobierno de Mauricio Macri “modificó el jueves pasado las restricciones a la compra de campos argentinos por parte de capitales extranjeros en el marco de la Ley de Tierras que se aprobó en 2011”.
El decreto 820/2016, de Macri, apuntó a modificar el nivel para que un titular sea considerado extranjero, al pasar del 25% al 51% del capital social del adquiriente. También dispone que las provincias definan en los próximos 30 días las equivalencias específicas a ese límite según las necesidades de cada distrito.
El sector privado recibió la novedad con satisfacción. El titular de la Cámara de Inmobiliarias Rurales (CAIR) aseguró que la flexibilización del régimen «era necesaria» y vaticinó que es el paso previo para la llegada de inversiones extranjeras.
Las luchas de los campesinos y los pobladores originales contra el proceso de extranjerización de la tierra tiene antecedentes inmediatos, por no citar su larga historia, de siglos. El 23 de noviembre de 2010 la decisión autoritaria del gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, de mandar a reprimir cobardemente un corte sobre la ruta nacional N° 86, dejó un saldo de tres muertos: los aborígenes Roberto López y luego Mario López y el oficial Eber Falcón.
La comunidad qom; ante la sordera e indiferencia de las autoridades del gobierno provincial, en defensa de su territorio ancestral, desde hacía 4 meses realizaba un corte sobre la ruta nacional que aquel día se teñiría de sangre luego que Gendarmería Nacional liberara la ruta para permitir la ilegal represión de la policía de Formosa.
La represión incluyó balas de goma y de plomo, palazos y gases lacrimógenos, policía montada, quema de viviendas y decenas de detenidos, incluso mujeres y niños. Un video de la propia Policía muestra cómo uniformados a caballo corren monte adentro a los qom y castigan con palos a los que huyen. La lluvia cae sobre la ruta, y mujeres y niños caminan en fila, llorando, para subir al camión policial y ser detenidos.
Los policías buscaban a Félix Díaz, el referente de la comunidad, pero los jóvenes qom lo rodearon como escudo, y lo llevaron al monte para salvarlo. Ese día también fue asesinado el policía Eber Falcón. La versión oficial acusa a los qom y la palabra indígena asegura que fueron los propios policías. Pero la Justicia de Formosa imputó a los qom y dejó de lado cualquier investigación que corriera el foco hacia la acción policial.
Un día después, el pilagá Mario López viajó para acompañar a la comunidad, pero no pudo cumplir su deseo: murió atropellado por un policía en un camino vecinal. El poder formoseño dijo que se había tratado de un «accidente», mientras que desde La Primavera denunciaron asesinato. El poder judicial tampoco continuó con la pesquisa y la causa fue cerrada.
Durante la audiencia realizada en marzo de 2012 en la Corte Suprema, el representante del gobierno provincial Carlos Florentín, sinceró lo que el gobierno provincial silenciaba: «Toda la zona noreste de la provincia de Formosa tiene un potencial productivo muy grande. Estas cinco mil hectáreas de la comunidad La Primavera de las que estamos hablando probablemente sean las mejores tierras que tiene la provincia de Formosa».
Félix Díaz se convirtió en figura internacional, fue recibido en el Vaticano por el Papa Francisco, por la ONU en Washington, llevó sus reclamos a la Corte Suprema, fue premiado por universidades e institucione y recorrió el mundo. Nunca fue recibido por la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Este viernes, y ante la presión desatada en los últimos días en Chubut contra el pueblo mapuche, el colega Alejandro Palladino, de Diario Contexto, publica un documentado artículo que pasamos a citar.
Luego de la segunda represión en dos días contra la comunidad mapuche Pu Lof en Resistencia de Cushamen, en Chubut, esta vez por parte de la Infantería de la Policía provincial, continúan en estado grave de salud dos integrantes de la comunidad, internados en el hospital de la ciudad de Bariloche.
La Policía de la provincia que gobierna Mario Das Neves irrumpió en la comunidad el miércoles por la noche, a los golpes y a los tiros de goma y de plomo, y arrastrando a los mapuches por el suelo. Desde la comunidad informaron que Fausto Jones Huala sufrió un politraumatismo de cráneo y tiene un coágulo que todavía no drena, producto de recibir varios disparos en su cabeza. No se sabe cuán graves pueden ser las consecuencias de la lesión. Por su parte, Emilio Jones recibió un disparo de bala de goma que le destrozó el maxilar derecho, por lo que debe ser intervenido quirúrgicamente. Ambos están conscientes pero en estado grave.
“La situación es tremenda, no sólo por la represión, sino por el abandono de persona. Hubo una complicidad entre la Policía y el hospital de Maitén (localidad cercana a Esquel); se negaron a trasladar a personas heridas”, dijo a Contexto la vocera de la comunidad, Soraya Maicoñia. La referente del Lof dijo que la ambulancia demoró en llegar “porque la Policía se resistía a llamarla”. Recién después de la presión que ejercieron organizaciones sociales y de derechos humanos, una ambulancia de Maitén acudió al lugar y, tras un largo peregrinaje por hospitales de pueblos de la zona, fueron trasladados primero a El Bolsón y después a Bariloche.
El martes, en el primer ataque, la Gendarmería reprimió con balas de goma y detuvo a siete mapuches por “resistencia violenta” y por “entorpecer el transporte público”, tras la orden del juez federal Guido Otranto para que la comunidad libere la zona por la que circula el tren turístico La Trochita que pertenece a la Compañía de Tierras Sud Argentino S.A., propiedad del grupo Benetton. Carlos Menem le vendió a la empresa italiana esos campos durante los años noventa y los mapuches ocuparon el lugar dos años atrás por ser tierras de sus ancestros.
La comunidad en Resistencia afirma que existen intereses político-empresariales que hacen fuerza para expulsarlos. La zona es rica en minerales y la alianza entre el gobernador Mario Das Neves con grupos empresarios, con Benetton a la cabeza, puja en ese sentido. La Justicia local juega su papel. La titular de la Correpi, Carmen Verdú, afirmó que la esposa del juez José Luis Colabelli –quien se ha expresado en contra de los mapuches–, Gladys Carla Rossi, trabaja en el consulado de Italia en Esquel, defendiendo los intereses del textil italiano Benetton.
Los tres detenidos del martes permanecen en la Unidad 14. En la audiencia en el Tribunal de Justicia provincial, la defensa pidió su excarcelación, pero Otranto se negó. Soraya Maicoñia dijo que uno de los motivos del juez fue que “no están arraigados en la comunidad”, ya que viven en zonas cercanas y se acercaron al Lof en Resistencia para solidarizarse con sus compañeros. Mientras tanto, la defensa reevalúa qué estrategia seguir.
Entre tanto, los siete detenidos de la segunda represión, la del miércoles, fueron liberados ayer por la tarde por la Justicia provincial.
El gobernador Das Neves se expresó claramente a favor del grupo extranjero y justificó la represión. Aludió a “los graves incidentes” que según él iniciaron los mapuches. En línea con la estigmatización hacia los pueblos originarios que construye el Gobierno nacional y los medios hegemónicos, importando ideas de Estados Unidos, relacionándolos con el terrorismo, afirmó que “hace un tiempo en Chubut hay un grupo de violentos que no respetan las leyes, la Patria, ni la bandera y agreden permanentemente a cualquiera”. Y agregó: “En esto voy a ser duro hasta las últimas consecuencias para que se cumpla con las leyes y la gente viva bien y tranquila”.
Soraya Maicoñia afirmó que “lo que hace el gobernador es un acto de discriminación y de generar enfrentamiento entre hermanos, lo cual es gravísimo, alertando a la sociedad contra los mapuches en una provincia donde el 80% es mapuche”.
“Nosotros estamos intentando cambiar esta forma que tiene el Estado provincial de manejarse con nosotros como pueblo –continuó–. Queremos hacer práctica nuestra autonomía y autodeterminación dentro de la comunidad. Y está claro que el gobernador está en contra de nuestra autodeterminación, principalmente porque defiende el campo de Benetton, de 1.600.000 hectáreas”.
“Operan como en las épocas de la dictadura y de la Conquista del desierto”, cerró Soraya Maicoñia.
Tras las brutales represiones, distintos organismos de derechos humanos, locales e internacionales, manifestaron su repudio al accionar estatal y se solidarizaron con los mapuches. La dirigente social jujeña Milagro Sala también sumó su solidaridad con el Lof Cushmanen (ver aparte).
Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, afirmó en un comunicado: “La orden emitida (por parte de la Justicia) no encuentra correlato con los hechos de la realidad. Amnistía Internacional condena la falta de un eficaz control judicial sobre los alcances y exabruptos que fueron cometidos en territorio. La opacidad, falta de transparencia y rendición de cuentas no pueden ser los principios que atraviesan los operativos policiales”.
Por su parte, la regional del noroeste de Chubut de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos también rechazó la violencia institucional ejercida sobre la comunidad, trazando líneas entre la represión y la orientación en seguridad del Gobierno nacional: “La estrategia tan pregonada a nivel nacional por (la ministra de Seguridad) Patricia Bullrich y su alter ego local (el gobernador) Mario Das Neves para justificar la represión y la criminalización de la protesta social parece haber visualizado en la comunidad mapuche tehuelche el ‘enemigo interior’ necesario para poner en práctica una vez más la política antiterrorista”.
Por otro lado, organizaciones sociales y de derechos humanos y ciudadanos de a pie realizaron movilizaciones en las ciudades de Rawson y Bariloche en repudio a las represiones de la Policía de Chubut y de la Gendarmería Nacional.
