Después de reiteradas denuncias de la organización OTRANS Argentina, por violencias físicas, psicológicas y amenazas de muerte a compañeras trans y travestis en el barrio Once, La Fiscalía Federal Nº 9 a cargo de Martín Niklison -que en principio decidió no hacer ninguna medida a favor de las denunciantes porque estaba de feria judicial- ordenó la protección a través de botones antipánico. Esto permite controlar si hay una restricción de acercamiento, de algún imputado o agresor, la medida se cumple o no.
Por Claudia Vásquez Haro (*) / Asimismo, cabe destacar que es la primera vez que les dan a las compañeras travestis y trans migrantes botones antipánico, por denunciar ataques sistemáticos en la zona de Once, reconociendo el riesgo que implica estar en la calle. Por otro lado, no se dio en función de una medida cautelar, sino como una medida de protección que hace al reconocimiento de la vulnerabilidad más profunda: sobre todo frente autores no identificados, frente a la violencia estructural y a la posible connivencia con la policía. Ahora la justicia va a tener que investigar si existe zona libera e identificar a estos sujetos, que las compañeras si saben e identifican a sus agresores.
Otro dato a resaltar es que llega en plena feria judicial, si bien esta medida es un primer pasó, que acompaña la consigna policial dispuesta por la Dr. Andrea Dana del Juzgado Nº 3 -del Poder Judicial de la CABA- como respuesta al recurso de amparo presentado por OTRANS Argentina, no es suficiente. Estas son las primeras medidas que el Estado pone en movimiento para reconocer la vulnerabilidad y como una primera prueba frente a los crímenes de odio que están sucediendo. En el amparo nuestra organización pide se adopte de una serie de medidas, que responden a la implementación un plan integral, dando lugar al cumplimiento de los derechos Económicos, Sociales y Culturales (DES). Es decir que contemple subsidios habitacionales, alimentación, entre otros. Esta violencia sistemática que estamos denunciando, también ocurre en los barrios porteños de Constitución y los bosques de Palermo.
El recurso de amparo presentado en el juzgado nº 3 de Andrea Dana del poder judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en principio no tiene ninguna relación con la investigación penal seguida por la Fiscalía Federal Nº 9 a cargo de Martin Niklison, son dos reclamos distintos.
Uno es la investigación criminal que sólo lo puede hacer la fiscalía y la justicia nacional por el tipo de delito que estamos denunciando. El amparo no es en función de ninguna investigación criminal, sino por la omisión del Estado de prestar seguridad, fundamentalmente si no hay policías o cuando las compañeras llaman a la policía para que intervengan, no lo hacen. En este sentido el reclamo del amparo es mucho más amplio, que la investigación criminal puntual.
Cuando fueron a retirar los botones antipánico no les querían dar, porque les decían que no podían acreditar identidad, por los papeles que tenían, lo cual es realmente discriminatorio. Zuleyka, Kimberly Raiza y Gabriela son ecuatorianas y no han hecho aun el cambio de nombre de pila en el DNI. A pesar de que la ley de identidad de género 26743 en su articulo 12 sobre trato digno, es clara en el respeto y reconocimiento del nombre autopercibido, sin embargo, los funcionarios públicos violan recurrentemente la ley.
La policía siempre las detiene por averiguación de identidad y ahora que ellas iban a ser beneficiarias de una medida las querían mandar a denunciar que habían perdido el documento. Después de volver a dar parte de este incidente a la fiscalía, les hicieron una llamada telefónica y por fin pudieron darles los cuatro botones antipánico.
(*) Publicado por Cotexto.
