El gobierno neoliberal de Mauricio Macri, con ayuda de los medios oficialistas, ha lanzado el debate como golpe de efecto tras la muerte de Brian. Pero se trata de algo viejo que esconde la idea de señalar a los menores vulnerables como culpables.
Por Darío Medina Azcua (*) / La iniciativa que ha tomado el Gobierno de la alianza Cambiemos sobre la “baja” de la edad de punibilidad hasta los catorce años ha vuelto a establecer la discusión en la opinión pública –y, principalmente, en los medios de ¿comunicación? masivos– sobre la instauración de un Régimen de responsabilización penal juvenil.
Luego de los fuertes reclamos y la toma de la seccional 38ª tras la muerte del adolescente Brian en Flores, CABA, el ministro de Justicia, Germán Garavano, sostuvo el último miércoles que el Gobierno macrista impulsa la reforma del régimen penal juvenil y que designará una comisión que confeccione un anteproyecto para tal fin.
En períodos electorales, los discursos sobre las estrategias de combate que giran en torno a la inseguridad se constituyen como un caballo de batalla para los Gobiernos neoliberales latinoamericanos que reconstruyen en los jóvenes provenientes de sectores socialmente vulnerables el estereotipo a combatir. Son los peligrosos, los delincuentes, los transgresores.
Los medios son un eslabón clave en la construcción simbólica de las juventudes; si bien no crean la realidad ni la representan, en términos de la Dra. Florencia Saintout, contribuyen a su existencia modelando sentidos preexistentes a sus representaciones con mayor o menor influencia. Los medios de ¿comunicación? masivos son actores que, junto a otros, pelean por la capacidad legítima de nombrar y categorizar el mundo, y en tiempos donde todo lo que parecía sólido se desvanece en el aire para beneficiar al poder fáctico, las enunciaciones en torno a las juventudes, siguiendo a Saintout, conllevan un único fin: presentarlas como una otredad amenazante para la sociedad.
Históricamente, el mayor castigo hacia los jóvenes no sólo es apoyado por los habituales voceros de la mano dura, sino que encuentra algunos partidarios que señalan que mejorarán los derechos y garantías de las juventudes. Siguiendo a la Dra. Silvia Guemureman, del Observatorio de Adolescentes y Jóvenes (IIGG) de la UBA, la respuesta punitiva de gobernar el delito a través del sistema penal, la coerción y el control se convierte en un horizonte de lo posible, en desmedro de la esperanza de gobernar a través de políticas públicas que reviertan o mejoren las condiciones de vida de estos grupos socialmente más vulnerables, promoviendo “soluciones” a mediano y largo plazo.
Hoy, el régimen penal de la minoridad lo regula el Decreto-ley Nº 22.278, sancionado en agosto de 1980, durante la última dictadura cívico-militar. El principal inconveniente de este régimen es que un juez puede “privar de la libertad” a un joven menor de dieciséis años –sin saber si cometió o no un delito– y puede tenerlo así hasta que el joven adquiera la mayoría de edad, con modalidades y consecuencias ya investigadas por diversos organismos multidisciplinares (Observatorio de Jóvenes, Comunicación y Medios – FPyCS/UNLP, Comisión Provincial por la Memoria, CEPOC, OAJ-IIGG-UBA): encierros prolongados en las celdas, requisas, violencia física y verbal, ausencia de personal de apoyo –psicológico y social–.
Asimismo, también rige la Ley de protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes Nº 26.061, que reconoce el “interés superior” del niño tal como lo consagra la Convención sobre los Derechos del Niño, y establece que la familia es el ámbito propicio para el desarrollo del niño y por lo tanto la separación de los padres debe ser una medida de último recurso, aplicable excepcionalmente, limitada en el tiempo y reservada para los casos graves de violaciones de los deberes parentales.
En este sentido, es preciso avanzar en la derogación de un sistema como el que prevé el Decreto-ley N° 22.278 y regular un régimen penal juvenil en armonía con los principios de abordaje y protección integral trazados en la Ley 26.061. Con esta iniciativa, Cambiemos avanzaría sobre la vulneración de derechos de los jóvenes provenientes de sectores socialmente vulnerables golpeándolos desde la exclusión: sistema penal argentino como equivalencia discursiva de privación de la libertad, los malos tratos, las restricciones de todo tipo, la falta de acceso a la salud, a la educación, a la recreación y a los programas de rehabilitación efectiva, entre otras.
En este Gobierno, el complejo proceso de la exclusión parece aceitado: de la educación a la ciencia, de la ciencia a la cultura, de la cultura a la regulación de los medios, de los medios a la represión, de la represión a los pibes presos.
De acuerdo cn los datos del Sistema Informático del Ministerio Público sobre la base de la información de la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia del año 2015, sobre un total de 1.828 delitos contra las personas –homicidio, ya sea consumado o tentado–, 170 fueron protagonizados por menores de entre dieciséis y dieciocho años, es decir, un 9,29%.
Si contabilizamos la totalidad de los delitos perpetrados por jóvenes menores (26.798), solamente el 0,63% corresponden a homicidios. El total de los mayores de dieciocho años contabilizó 1.658 homicidios y 719.728 delitos; es decir que el 0,23% corresponde a la categoría mencionada. Las similitudes se encuentran en los robos agravados por el uso de armas: 7% y 6,6% para menores y adultos, respectivamente, sobre el total de los delitos cometidos en 2015. En 2012, según las noticias recuperadas del portal Infojus Noticias, se abrieron 29.550 investigaciones penales por delitos presuntamente cometidos por menores. Es decir, hubo un descenso de 2.752 causas. ¿Dónde está el sustento de esta iniciativa macrista? El mensaje es atacar a las juventudes.
En otras palabras, sólo el 3,58% de la totalidad de los delitos de 2015 fueron perpetrados por menores de dieciséis a dieciocho años.
Estos datos se suman a las estadísticas confeccionadas por el IIGG-UBA con base en los datos de la Oficina de Estadísticas del Poder Judicial de la Nación que sostienen que los delitos contra las personas, luego de haber alcanzado un pico en el año 2006, desde 2007 y hasta 2011 –de acuerdo con la disponibilidad de sus datos– vienen bajando. El delito dominante continúa siendo el delito contra la propiedad, cuyo aumento no constituye un indicador de violencia ni descomposición social, sino de desigualdad e inequidad en la distribución de la riqueza.
Los medios de ¿comunicación? masivos encienden la polémica, la visibilizan hasta el hartazgo y legitiman su tradicional postura hacia las juventudes –específicamente a las de sectores socialmente más vulnerables–: vulneración cotidiana sobre los derechos de los y las jóvenes, asociación permanente de la juventud con la violencia y el delito, estereotipos y estigmatización de los pibes de los barrios.
Como solemos decir, los medios hegemónicos, a partir de las agendas del deterioro, representan a las juventudes como responsables de los malestares y conflictividades sociales, obturando de este modo la posibilidad de reparar en las luchas hegemónicas y la capacidad de agencia de los jóvenes.
(*) Becario del Observatorio de Jóvenes, Comunicación y Medios. Nota publicada en Diario Contexto.
