El abogado y especialista en juventud Julián Axat conversó con Contexto respecto de las complejidades e intereses detrás de la propuesta del Gobierno para bajar la edad de imputabilidad. Medida que, según él, “criminaliza la niñez”.
Por Roberto Álvarez Mur (*) / En pleno marco de debate respecto de la propuesta del macrismo para bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, diversas asociaciones del campo de los derechos humanos y el ámbito jurídico manifestaron rechazo a la iniciativa y la necesidad de abordar la problemática desde una perspectiva de inclusión y protección de los derechos de la infancia.
Julián Axat, abogado y especialista en juventud, forma parte del equipo de abogados que elaboró los “Diez puntos básicos para pensar una futura Ley Penal Juvenil Nacional”, divulgado en estos días como respuesta a la avanzada de Germán Garavano para reducir la discusión a la edad de imputabilidad. Axat conversó con Contexto sobre la iniciativa del Cambiemos que, según señaló, busca “criminalizar la niñez pobre y vulnerable”.
—Se ha hablado de los “jóvenes que cometen delitos” como un problema en sí mismo, ¿qué intereses enmascara la instalación de ese debate?
—En primer lugar creo que hay una concepción de “juventud” o “las juventudes” en este Gobierno muy clara, que es absolutamente negativa. Hay una construcción de un estereotipo mediático de juventudes que podríamos decir se reduce a “ser joven es ser sospechosos”. Los medios construyen esa sospecha y en especialmente en aquellos que pertenecen a los sectores populares, de esos barrios. La discusión debería ser por reforzar los derechos humanos de los adolescentes y no generar mayores mecanismos de control de los que existen.
Muchos de los adolescentes que hoy cometen delitos es porque las policías los utilizan como mano de obra barata y las organizaciones criminales también. Cometen delitos porque son eslabones débiles y están en situación de vulnerabilidad. Creo que ese reclutamiento juvenil es uno de los grandes problemas que se avecinan con la pauperización de las juventudes y debe ser encarado con políticas educativas.
—En el decálogo elaborado para una Ley Penal Juvenil se hace hincapié sobre “la no criminalización de las vulneraciones a los derechos de la niñez”, ¿existe hoy esa criminalización a la niñez?
—Hoy existe un terrible sistema punitivo que se dedica directamente a construir, de alguna manera, un modelo de juventud negativa en función de estereotipos sociales estéticos. Los medios construyen a partir de ahí un imaginario y los sistemas policiales selectivizan sobre ese imaginario. Y el Poder Judicial, finalmente, lo consume haciendo prisionalización de ese imaginario selectivizado. Después, está el sistema carcelario que le pone el moño y lo encierra. Ese sistema que está dividido hoy entre institutos de menores y las cárceles, que son casi no tiene diferencias entre sí. Ambos tienen lógicas de depósito.
—En ese sentido, ¿se construye un tipo de niñez que resulta de algún modo, castigable y perseguible?
—Históricamente, la infancia pobre ha sido castigada. Es decir, siempre se debió vigilar y castigar a la infancia pobre y vulnerable. Pero hace diez años, la infancia pobre y vulnerable era controlada a través de un sistema que era el Patronato de la Infancia que consistía en el control por parte de policías y encerraban selectivamente a esos niños que encontraban en situación de vulnerabilidad, como si fueran objetos. Pero el dispositivo de poder, como diría Foucault, cambió. Lo que hoy existe es la peligrosidad de la infancia.
El control de la infancia ya no es a través del Patronato sino a través del “peligrosismo” juvenil, que consiste en sistemas policiales agresivos que detectan a jóvenes en la vía pública y directamente aplican este sistema de criminalización. Y los castigos llegan a instancias extrajudiciales como pueden ser la tortura, el gatillo fácil, o incluso la desaparición de un joven.
—¿La criminalización de las juventudes siempre está circunscripta a una lógica de clases sociales? ¿O abarca a todas los estratos?
—A veces los sociólogos hablan de “clasismo judicial” en los sistemas de infancia. El sistema policial siempre selectiviza a los mismos, de los mismos barrios. Buscan siempre a los mismos jóvenes con maneras de hablar o de vestirse. Cometan o no cometan delitos. Lo cierto es que el sistema policial va a buscar a esos. Eso no significa que no hayan otros jóvenes de otros sectores que no caigan en estas lógicas, lo que pasa es que el sistema policial no los va a ir a buscar, porque en el imaginario que construyen los medios solo tienen que ingresar los mismos de siempre. El sistema de criminalización juvenil está construido sobre la pobreza. Por eso cuando uno piensa un sistema Penal Juvenil debe pensarlo para todos, no para un sector.
—¿Cómo se puede articular, entonces, una defensa integral para los derechos de la infancia en su totalidad?
—Uno de los puntos principales del decálogo es el de robustecer la defensa de la niñez y la infancia a través de mecanismos de defensa de derechos humanos. Lo más importante de estos instrumentos de leyes es que no deben servir para criminalizar a los adolescentes sino para dotarlos de mayores derechos y garantías para enfrentar al sistema penal.
Un ejemplo de eso es la de creación de los Defensores del Niño, algo que nunca pasó. Hay un mandato a nivel Provincia y Nación de crear esa figura y nunca se creó. La figura del abogado del niño ante los procesos civiles. Hay provincias como Catamarca, Córdoba o Santa fe donde ni siquiera existe el Defensor Penal Juvenil, por lo tanto los niños tienen defensores de adultos. Lo que debe garantizarse es el derecho de Especialidad, ahí hay otra clave. Se habla de la baja de la edad pero no de todos estos otros problemas. Por otro lado, es una deuda urgente que el Congreso derogue los decretos legados de la dictadura y sancione una Ley Penal Juvenil de la democracia.
—¿Qué efectos determinan el decreto-ley 22.278 y la ley 22.803 y por qué es urgente su derogación?
—Produce efectos brutales porque está dirigida directamente a los pobres, permite que se apliquen incluso penas perpetuas en niños. Permite que se utilice a los niños como objetos de tutela y permite el secuestro de adolescentes y su transferencia a una institucionalización. Por eso deben ser derogadas lo más rápido posible, pero no en el sentido que Garavano lo está planteando. No solamente fijado en la baja o no baja de la edad.
—Teniendo en cuenta esta propuesta actual y lo que fue la gestión del 2016, ¿qué modelo de ley está instaurando Cambiemos frente a la sociedad?
—Creo que el paradigma de “ley y orden”. Tal como lo demostró las reformas impulsadas por Blumberg en el 2004, lo único que dejó entrever es su ineficacia para combatir el delito. En ese sentido lo que se busca es poner pantallas de humo que no resuelve el problema de fondo, que es una juventud que necesita ser encarada a través de políticas de prevención social y no a través de políticas punitivas.
Una nueva Ley Penal Juvenil –que es necesaria- se debe discutir sobre la necesidad de dar a los jóvenes garantías y no criminalizarlos. El Gobierno actual está pensando en un concepto de juventud muy restrictivo. Son solo los adolescentes de barrios y colegios privados los que cuentan y son considerados por estas políticas. Y esos adolescentes también son un estereotipo.
(*) Nota publicada en Diario Contexto.
“Bajar la edad de imputabilidad no contribuye nunca a la paz social”
