A través del ministerio de Trabajo, el Gobierno propondrá el año que viene una reformulación de las indemnizaciones agravadas por trabajo no registrado y de los sistemas de pasantías educativas y laborales. El objetivo es “bajar el costo laboral para las empresas” aunque sea a costa de los trabajadores.
La «Planificación 2017» de la cartera laboral, a la que tuvo acceso este diario, establece objetivos que van desde la «transformación de sectores productivos», el fomento del empleo y la productividad, la formalización y la creación de nuevas instancias de formación laboral, hasta una redefinición del vínculo con los sindicatos y con las organizaciones sociales con las que el área del ministro Jorge Triaca mantiene programas de labor conjunta.
Reducir la “litigiosidad laboral» con una baja de las indemnizaciones que percibe el trabajador en caso de comprobarse un vínculo informal, es uno de los objetivos del macrismo de cara al 2017. A través de un proyecto de ley, prevé que el trabajador dejará de cobrar las sanciones económicas (extras indemnizatorios) aplicadas al empleador por falta de registración del empleado, por inscripción tardía, por declaración de menor salario que el efectivamente pagado o por despido incausado. Esos montos, de aprobarse la iniciativa, pasarán a la ANSES.
Según consignó Ámbito, desde el ministerio de Trabajo explicaron que “de ese modo se buscará desalentar el accionar de abogados que en teoría alientan los juicios, así como los posibles casos de trabajadores que evitarían su formalización con el objeto de reservarse una carta legal en caso de desvinculación”. »
La iniciativa demandaría reformar la Ley 24.013, que fija los punitorios para esas modalidades de trabajo ilegal, pero en principio mantendría el recargo que establece la 25.323, que duplica el monto indemnizatorio frente al trabajo informal.
El documento fue presentado esta semana a sus colaboradores por el secretario de Empleo, Miguel Ángel Ponte, y recoge planes esbozados por Triaca y Mauricio Macri en sus reuniones periódicas. Uno de sus capítulos más extensos apunta a una reformulación de los programas de pasantías laborales y la elevación del sistema resultante al rango de ley. «El objetivo final es que toda la formación prelaboral pueda tener un período de aprendizaje de entre 3 y 12 meses, por fuera del marco laboral. De otro modo las empresas no van a querer participar. Esa es nuestra agenda», le dijo anoche a este diario Ponte, un exdirectivo del grupo Techint.
Además del proyecto de Primer Empleo, que fue presentado meses atrás por el Gobierno y que permanece frenado en la Cámara de Diputados por la resistencia del peronismo a tratarlo, en la planificación de Trabajo aparecen otras iniciativas. Una de ellas «otorga rango de ley al Programa Entrenamiento para el Trabajo» que preexiste de la anterior gestión.
Con el nombre provisorio de «aprendices» en lugar de «pasantes» (de inequívoca remisión a los 90) el proyecto de ley apuntará a dinamizar prácticas profesionales para «empresas del sector público nacional, sector privado e instituciones sin fines de lucro y trabajadores con discapacidad». También se pautó una iniciativa para la «creación del Sistema de Prácticas Formativas Secundarias, Terciarias, Universitarias y de Nóveles Graduados» como reemplazo formal de «la antigua ley de pasantías, hoy obsoleta», añade el documento, de modo tal de «brindar a los estudiantes el derecho a ser reconocidos en el mundo del trabajo». El antecedente más próximo es el acuerdo que concretó el Gobierno con la cadena de comidas rápidas McDonald’s, que subsidia parte de los salarios de los empleados ingresantes. En otro punto se prevé fundar una «Agencia de Talentos» con participación de varias reparticiones del Estado (ver aparte).
En tanto, figuran en la planificación un proyecto de creación de un «sistema de empalme entre los programas nacionales de empleo y un trabajo registrado» y uno de «apoyo micropyme», entre otros.
