A días de cumplirse el primer aniversario del fallecimiento de la joven en una fiesta clandestina, el Consejo Directivo de esa Unidad Académica expresó su compromiso de seguir acompañando a la familia. En la última sesión del año, también se manifestaron el recorte a la ciencia por parte del macrismo, la detención arbitraria de Milagro Sala, y los sobreseimientos en la causa Papel Prensa.
La Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP realizó la última reunión del ciclo lectivo 2016. En ese marco, se recordó, que el próximo 1 de enero se cumplirá el primer aniversario de la muerte de Emilia Uscamayta Curi -la joven estudiante de esa Unidad Académica- en una fiesta ilegal que no fue clausurada por el municipio a pesar de tener la información pertinente para realizarlo.
«La causa avanza de manera muy lenta y en el marco de la presión constante que ejercen la familia y la Asamblea de Justicia por Emilia, que no van a bajar los brazos hasta tener una respuesta», dijo el prosecretario de Derechos Humanos, Alberto Mendoza Padilla al tiempo que los consejeros expresaron su compromiso de acompañar a la familia Uscamayta en esta lucha.
Se desarrolló la última sesión del Consejo Directivo. (foto: prensa Periodismo UNLP)
En otro tramo de la sesión, la Agrupación Rodolfo Walsh manifestó su preocupación por el recorte presupuestario dispuesto por el gobierno nacional sobre el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet).
“Tenemos que recordar que la ciencia es un derecho humano” y que “lo que reclamamos no se termina en el trabajo de los científicos que, por supuesto es algo fundamental, sino que reclamamos por el derechos que tiene nuestra patria a tener ciencia”, dijo al respecto la decana Florencia Saintout.
Por otra parte, se tomó posición sobre la privación de la libertad de la dirigente social y política, Milagro Sala, y la brutal represión que se vivió en Jujuy el último miércoles en donde varias personas, especialmente mujeres fueron agredidas de modo brutal por la policía.
Durante todos estos meses, la Facultad de Periodismo y Comunicación Social ha expresado su apoyo a Milagro Sala y la Tupac Amaru de distintas maneras y junto a diversas organizaciones. También el Consejo Superior de la Universidad Nacional de La Plata ha votado en repudio de lo que se considera una privación ilegal de la libertad en concordancia con distintos organismos internacionales.
Carlos Ciappina, consejero docente afirmó que lo que se está viviendo hoy en Jujuy “no es solo expresión del feudalismo conservador del interior, ni del patriarcado de la policía; hay que interpretarlo como un laboratorio de la política de la represión sobre el movimiento social de todo el país”.
En este sentido, se evaluó la necesidad de manifestar el más enérgico repudió sobre la política de represión que ejerce el gobierno provincial de Jujuy en relación con el gobierno nacional, una forma por demás violenta que no respeta ni el derecho a expresarse de todo un pueblo y de participar en un acto público, ni las embestiduras institucionales. Una violencia que se publicó en un sinnúmero de medios de comunicación y que deja en evidencia el racismo, la misoginia y el odio a los otros que se demuestra, una y otra vez, en la vulneración de todos los derechos.
También la agrupación estudiantil que conduce el Centro de Estudiantes de la Facultad, manifestó su preocupación por la causa Papel Prensa, en la que sobreseyeron a Héctor Magnetto, Ernestina Herrera de Noble, Bartolomé Mitre, Guillermo Juan Gainza Paz y Raymundo Juan Pío Podestá. El consejero Mauro Flores, explicó que “se sobreseyó a los acusados en la causa de papel prensa con la excusa de que no se pueden certificar las amenazas denunciadas por la familia Graiver”.
Es importante recordar que Papel Prensa era una sociedad fundada por el financista David Graiver, que murió en 1976 en un accidente aéreo en México, y tras lo cual el paquete accionario de la firma pasó a manos de su esposa, Lidia Papaleo y de Rafael Ianover, querellantes en la causa. Tanto Papaleo como Ianover fueron secuestrados durante la última dictadura militar y denunciaron que fueron obligados a ceder bajo torturas y amenazas la titularidad de Papel Prensa a una sociedad mixta formada por el Estado y los diarios Clarín, La Nación y La Razón. Sin embargo, en la investigación a cargo del juez Julián Ercolini, éste desechó cualquier tipo de conexión entre la venta de la compañía y delitos de lesa humanidad.
