Por unanimidad, los jueces del máximo tribunal rechazaron cuatro recursos por “inadmisibles”. Uno de ellos buscaba la intervención de la Justicia Federal en una denuncia promovida por la propia Sala contra magistrados y fiscales jujeños a raíz de su detención arbitraria.
Los cinco magistrados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti, Elena Highton, Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, evitaron pronunciarse sobre la detención arbitraria de la líder de la Tupac Amaru y parlamentaria del Mercosur, Milagro Sala, a pesar de las resoluciones internacionales que exigen su libertad inmetidata.
Por unanimidad, los cortesanos rechazaron cuatro recursos extraordinarios al considerarlos “inadmisibles”, entre ellos el presentado por la propia Sala y habilitado la semana pasada por la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal “ante el posible riesgo de colocar al Estado en situación de responder a nivel internacional”, en referencia a las resoluciones de la ONU, la OEA y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Otro de los recursos descartados por la Corte bajo el amparo del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial fue presentado por el fiscal General ante la Cámara Federal de Casación Penal, Javier Augusto De Luca; mientras que en otros dos se presentaron Graciela López y Ramón Gustavo Salvatierra, militantes de la Tupac que están siendo juzgados junto a Milagro como organizadores del ataque a huevazos contra el entonces senador Gerardo Morales en 2009.
El Centro de Información Judicial (CIJ) informó la decisión unánime del máximo tribunal aclarando que “ninguna de las presentaciones se vinculaba con la excarcelación/libertad de los imputados”, pese a que la Sala II habilitó el recurso subrayando que el gobierno nacional está desoyendo el pedido de libertad inmediata hecho por la ONU.
Ahora, queda pendiente de resolución un recurso extraordinario más presentado por los abogados defensores de Sala, Luis Paz y Elizabeth Gómez Alcorta, en el que exige la revisión de los fueros de la dirigente social como diputada del Parlasur y su libertad, respaldándose en las resoluciones de los organismos internacionales sobre los que en la acordada de hoy la Corte decidió no opinar.
