A la hora de proteger los intereses de la Barrick Gold no hay diferencias de colores políticos, los de Macri ya sabemos, son capaces de todo, pero el gobierno PJ de San Juan no se quedó atrás. La policía provincial reprimió el sábado una protesta contra la empresa. Las detenciones incluyeron mujeres y niños. Durante un día estuvieron incomunicados. Ayer, una manifestación reclamó la liberación de los militantes.
Los manifestantes reclamaban el cierre de la mina donde hubo graves derrames de cianuro. Los manifestantes reclamaban el cierre de la mina donde hubo graves derrames de cianuro.
Veinticinco militantes del grupo “Encuentro Interterritorial de Jóvenes en Lucha” fueron detenidos de forma violenta y con muchas irregularidades en el procedimiento policial por cortar el camino de ingreso a la Mina Veladero, explotada por la empresa Barrick Gold en la localidad sanjuanina de Iglesia. Los manifestantes reclamaban el cierre de la mina en la que ocurrieron graves derrames de cianuro en septiembre de este año y del anterior, episodios que el grupo ambientalista define como “extractivismo ecogenocida”. A los detenidos, entre los cuales hay mujeres y chicos menores, se los mantuvo incomunicados durante 24 horas “impidiéndoles el derecho a la defensa, violando así Derechos Humanos”, denunció el abogado Renzo Quero en diálogo con PáginaI12. “No se les ofreció comida o bebida durante casi todo un día”, señaló. Activistas de la Asamblea Ciudadana Jáchal No Se Toca y vecinos de San Juan se concentraron ayer por la tarde frente a las dos comisarías de la capital provincial en las que permanecían los detenidos para pedir por su inmediata liberación.
El 8 de septiembre de este año existió un nuevo derrame de solución cianurada en la mina Veladero, ubicada en la cordillera sanjuanina a unos 350 kilómetros de la capital provincial, que fue comunicado por la empresa Barrick Gold recién una semana más tarde. En 2015 ya había ocurrido un derrame de más de un millón de litros de la misma solución. Los hechos violan la Ley de Glaciares que protege a esa zona. Tras el derrame de este año, vecinos de la Asamblea Ciudadana Jáchal No Se Toca presentaron un escrito en los tribunales federales de Comodoro Py en reclamo de que se disponga el cierre inmediato de la mina Veladero.
Durante la mañana del sábado, un grupo de activistas por el medio ambiente del grupo interterritorial “Jóvenes en Lucha”, que nuclea integrantes de distintas provincias del país y también de Chile, cortaron el acceso a la mina con el mismo reclamo, por lo que, después de que representantes de la empresa realizaran la denuncia, fueron reprimidos y detenidos 25 de ellos, 17 hombres y 9 mujeres. Si bien el grupo no pertenece a la Asamblea Jáchal No Se Toca, sus miembros se acercaron para dar apoyo a los manifestantes. Tal fue el caso de Alfredo Arenas, quien presenció los incidentes cuando les llevaba comida y bebida a los activistas. “Cerca de las 19.30 ingresó la policía con una orden de desalojo y en 15 minutos, mediante golpes fuertes, nos dispersaron y detuvieron a muchos de nosotros, entre los que había mujeres y chicos”, contó a este diario Arenas, luego de remarcar que “fue un corte pacífico, sin agresiones” y que “lo único que hacemos es luchar por el agua y por la vida”.
Integrantes de la asamblea, junto a vecinos que adhirieron al reclamo, se concentraron ayer frente a las dos comisarías de la capital sanjuanina, la Central de Policía de San Juan y la Comisaría primera, en donde se encontraban los detenidos. “Estamos pidiendo por la liberación inmediata de todos, o al menos de las mujeres. Se sintió el comentario de que no les están pasando ni agua ni comida”, denunció Arenas.
“Tuvieron a los detenidos incomunicados durante 24 horas, incumpliendo el Código Procesal Penal de San Juan y violando los Derechos Humanos de los activistas”, aseguró el abogado de la Asamblea Renzo Quero, a quien se le negó el diálogo con los detenidos desde la madrugada de ayer hasta la tarde del mismo día, cuando finalmente le permitieron el acceso a la comisaría Central de San Juan. “Les han impedido el derecho a la defensa por un día. El juez (Pablo) Oritja dio la orden para que me permitieran pasar, pero los policías no me permitieron el ingreso hasta pasadas las 16”, explicó el abogado.
Pero esa no fue la única irregularidad con la que procedieron los policías desde el momento de la detención. El abogado contó además que “detuvieron a tres madres con sus hijos menores, y las metieron en el calabozo con los chicos de 5, 10 y 12 años”. Dos de ellos fueron ayer retirados por familiares y uno trasladado a la Dirección de la Niñez al no tener parientes que lo pudieran retirar. “Todos los detenidos viajaron dos horas y 40 minutos en un mismo colectivo en condiciones de hacinamiento”, contó también el abogado, y afirmó que “no les dieron comida por casi todo un día. Recién ahora (ayer por la tarde) los están atendiendo bien porque el tema circuló por los medios de comunicación”.
Sobre la expectativa de la liberación de los detenidos Quero indicó que “se trata de delitos menores –disturbios en la vía pública, corte de ruta e invasión de la propiedad privada–, por lo cual deberían excarcelarlos mañana luego de que declaren”.
