Luego de cinco años de dilaciones y sin indagar a los principales imputados, el juez Julián Ercolini consideró que no hubo delitos de lesa humanidad en la apropiación de la empresa durante la última dictadura cívico militar y “corresponde dar por cerrado” el proceso contra los directivos de Clarín y La Nación.
El titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 10, Julián Ercolini, dispuso este viernes el sobreseimiento en la causa Papel Prensa de los directivos del Grupo Clarín, Héctor Magnetto y Ernestina Herrera de Noble; el director del diario La Nación, Bartolomé Mitre; el ex funcionario de la dictadura, Raymundo Juan Pío Podestá; y el intermediario Guillermo Juan Gainza Paz.
Según la resolución del magistrado, “no existen en autos elementos objetivos, imparciales y que de modo unívoco puedan llevar a considerar, cuanto menos con un grado mínimo de probabilidad, que la venta de las acciones de Papel Prensa S.A., acaecida de hace 40 años, en noviembre de 1976, hubiera sido parte, hubiera derivado o hubiera estado condicionada por la comisión de delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar ocurrida en la Argentina”.
Ercolini, que recibió la causa hace cinco años, emitió su fallo sin indagar en todo ese tiempo a los principales imputados, entre ellos Magnetto, Herrera de Noble y Mitre.
Sus dilaciones se mantuvieron, incluso, luego del dictamen de los peritos del Tribunal de Cuentas de la Corte Suprema, al que había condicionado el llamado a indagatorias. A fines de agosto último, el peritaje demostró que los dueños de esos diarios, junto a los de La Razón, adquirieron las acciones de la única productora de papel para diarios del país a un precio entre un 40 y un 80% por debajo del valor de mercado en 1976.
Sin embargo, en su sobreseimiento, el magistrado sostiene que “no se ha probado que la venta de las acciones de la empresa haya sido a un precio vil o de desproporción alevosa”
“Si bien los puntos denunciados, por los que se calificó de irregular e inescindible de delitos de lesa humanidad la operación comercial que llevo a la transferencia de acciones de Papel Prensa S.A., fueron descartados en las consideraciones precedentes por inexistencia de pruebas que los sostengan -lo cual por sí es suficiente para rechazar las imputaciones-, debe abordarse también el resultado del estudio técnico de tasación realizado en autos, porque también se ha sostenido ha sido vil el precio de compra”, agrega Ercolini en sus fundamentos.
Para el juez, “no se ha probado de modo alguno una vinculación entre los adquirentes de Papel Prensa S.A, el día 2 de noviembre de 1976” y los “hechos previos de coacciones, intimidaciones y amenazas”, denunciados por la familia y representantes de David Graiver, ex propietario de la empresa.
“Por lo contrario, puede inferirse que habrían estado originadas por deudas previas o por relaciones financieras entre el grupo empresario y la agrupación Montoneros”, sostiene Ercolini.
En este marco, el juez concluye que “corresponde dar por cerrado este proceso en razón de que los hechos imputados sostenidos por el Ministerio Público Fiscal y por las querellas no se han cometido… En efecto, en razón de la prueba producida, las afirmaciones de quienes impulsaron la acción penal por las que sostuvieron la ilegitimidad de la operación comercial de venta de las acciones de Papel Prensa S.A. por parte de representantes del Grupo Graiver a la empresa FAPEL S.A., por haber estado rodeada de acciones delictivas calificadas de lesa humanidad, deben ser desechadas definitivamente”.
David Graiver, fundador de Papel Prensa, murió en agosto de 1976 en un accidente aéreo ocurrido en México y las acciones de la empresa pasaron a sus familiares. De acuerdo a la investigación del fiscal Gómez Barbella, dos meses después Papaleo, Ianover y los padres y el hermano de Graiver fueron “intimidados” a transferir las acciones a Fapel S.A., integrada por Clarín, La Nación y La Razón. Esto sucedió en las oficinas que La Nación tenía en la calle Florida, donde estuvieron Héctor Magnetto, Bartolomé Mitre, Patricio Peralta Ramos (entonces director de La Razón) y el abogado Bernardo Sofovich, en representación de Herrera de Noble.
Luego, entre marzo y abril de 1977, todos los integrantes del grupo Graiver, incluidos Lidia y su hermano, Osvaldo Papaleo, serían secuestrados y trasladados a Puesto Vasco, uno de los centros clandestinos de detención a cargo de los genocidas Ramón Camps y Miguel Etchecolatz.
En varias oportunidades, la viuda de Graiver dijo recordar “claramente los rostros de quienes me torturaron”, pero “nunca olvidaré la cara del señor Magnetto, y su mirada, que me daba más miedo que quienes me custodiaban (…) Él me amenazaba directamente con la muerte de mi hija”.
