El severo ajuste fiscal, impulsado por el golpista Michel Temer, fue convalidado con 53 votos contra 16. Afectará las partidas destinadas a salud, educación y políticas sociales. Sin embargo, para el pago de deudas e intereses no habrá techo. “Es una medida nefasta para Brasil”, manifestaron desde la oposición.
El Senado Federal de Brasil aprobó hoy el mayor plan de ajuste fiscal en décadas, pese al rechazo manifestado por el 60 por ciento de la población, según una encuesta realizada por el Instituto de Investigaciones Datafolha.
La Propuesta de Enmienda Constitucional (PEC 55) del golpista Michel Temer congela por 20 años el gasto público en áreas como salud, educación, vivienda y políticas sociales, aunque prevé recursos ilimitados para desembolsos financieros (pago de deudas e intereses).
Tras la aprobación por 53 votos contra 16, la senadora Fátima Bezerra, del Partido de los Trabajadores (PT), consideró que el Gobierno “solo quiere revocar por 20 años las inversiones para los más pobres, pero sin proponer un techo para pagarle la deuda a los banqueros”.
En tanto, la legisladora del Partido Comunista de Brasil (PCdoB), Vanessa Grazziotin, remarcó que la propuesta de Temer “es una medida nefasta para Brasil”.
El PT y el PCdoB recurrieron ante el Supremo Tribunal Federal pidiendo suspender la tramitación de la PEC 55 en la Cámara Alta, pero el recurso fue desestimado hoy por el ministro Roberto Barroso.
Durante el debate parlamentario, organizaciones de mujeres, movimientos estudiantiles y centrales sindicales marcharon en la ciudad de Brasilia y los estados de Ceará, Pernambuco, Espírito Santo, Mato Grosso, Río Grande de Sul, Sao Paulo y Minas Gerais contra “La PEC del fin del mundo”.
En este marco, el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, saludó a Temer por teléfono y aprovechó para felicitarlo “por las reformas y las medidas que ha adoptado para promover el crecimiento de Brasil”, aunque desde la ONU, el relator de Derechos Humanos, Philip Alston, opinó que el brutal ajuste del golpista “viola los derechos humanos y las obligaciones internacionales del país”.
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