El proyecto acorado entre más de 40 organizaciones sociales, la CGT y el Gobierno nacional obtuvo 227 votos a favor, uno en contra y cuatro abstenciones. La iniciativa establece la creación del Consejo de la Economía Popular y el Salario Social Complementario en la órbita de Desarrollo Social de la Nación.
La Cámara de Diputados dio media sanción esta noche a la ley que declara la emergencia social en todo el territorio nacional hasta el 31 de diciembre de 2019 y dispone la creación del Consejo de la Economía Popular y del Salario Social Complementario y del Registro Nacional de la Economía Popular (RENATREP).
El Consejo, que funcionará en la órbita del Ministerio de Desarrollo Social como “un ámbito institucional permanente”, estará integrado por un representante de esa cartera, uno del Ministerio de Trabajo, otro de Hacienda y tres correspondientes a las organizaciones sociales inscritas en el RENATREP.
Según el proyecto, ese órgano será el encargado de trabajar en la “progresiva implementación de la transformación de los actuales programas sociales nacionales en salario social complementario”.
Para ello, se faculta a la Jefatura de Gabinete a “efectuar reestructuraciones presupuestarias que fueren necesarias” hasta un monto de 25 mil millones de pesos durante el plazo de vigencia de la ley y en el caso de que ese monto haya sido ejecutado por completo al 31 de diciembre de 2018, se asignará un adicional de hasta 5 mil millones de pesos.
La iniciativa obtuvo 227 votos positivos de Cambiemos, el Frente Renovador, el Movimiento Evita, el Bloque Justicialista, el FpV-PJ y Progresistas; uno en contra que correspondió al salteño Alfredo Olmedo y cuatro abstenciones que fueron de los representantes del Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT), que a través del diputado Néstor Pitrola presentó un dictamen de minoría.
Tras su aprobación en Diputados con modificaciones, el proyecto volvió al Senado para su sanción definitiva. En el mes de octubre esa cámara había aprobado un proyecto distinto al que terminaron acordando más de 40 organizaciones sociales encabezadas por la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), la CGT y el gobierno de Mauricio Macri.
