Textiles, metalúrgico, petroleros están contra las cuerdas. La crisis se agudiza en muchas provincias, acicateada por la caída en las ventas.
Pese al acuerdo celebrado la semana pasada entre el Gobierno nacional, la CGT y empresarios para frenar los despidos hasta marzo, en las provincias se encendieron las luces de alerta por los crecientes despidos y suspensiones que atraviesan a varios sectores.
Por caso, trabajadores de Acindar, del grupo ArcelorMittal -primer productor de acero del mundo-, cortaron los accesos a Rosario en denuncia de un vaciamiento para un posible cierre de la planta de la localidad santafesina de Navarro. En concreto, la empresa impulsó el retiro voluntario (o no tanto) de 80 empleados para dejar la fábrica con un staff de apenas 60 trabajadores, quienes fueron trasladados a otra planta, en Heredia. A esto se suman 400 suspensiones en el complejo de Villa Constitución.
Desde la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) de Rosario -sindicato que agrupa a estos trabajadores- señalaron que la situación se ve agravada por otras 840 suspensiones en dos fábricas del sector de línea blanca y unas 160 en pequeños talleres de la ciudad. Y a nivel nacional, unos 200 delegados de la UOM se concentraron en Plaza de Mayo para protestar contra la apertura de las importaciones tecnológicas que, según el gremio, afectará a 7.000 puestos de trabajo.
Esta medida impacta de lleno en Tierra del Fuego, que tiene montado un polo tecnológico al amparo de la ley de promoción industrial. El martes, en la provincia sureña, trabajadores de Informática Fueguina (IFSA), radicada en Río Grande, montaron una carpa por el posible despido de 162 operarios y el cierre de la firma durante diciembre; y ayer la UOM local realizó una marcha al Ministerio de Trabajo provincial.
La crisis en la Patagonia se siente fuerte en el rubro petrolero: YPF confirmó que bajará 33 equipos en la Cuenca Neuquina que repercutirá en 1.700 empleos (ver aparte). La difícil situación que atraviesa la actividad hidrocarburífera repercute en otros sectores en Neuquén. El gremio de la construcción UOCRA cortaba ayer las rutas 7 y 22 en la localidad de Añelo en repudio a los despidos en la empresa Contrera Hermanos, a la que YPF le rescindió su contrato. En otro tramo de la ruta 7, trabajadores de Zanón hacían un piquete frente a la fábrica de cerámicas para protestar contra las demoras en las compras por parte del Estado provincial, que mantiene inactivos a 500 empleados. La misma metodología utilizaron los petroleros en Santa Cruz, quienes bloquearon los accesos al yacimiento de Koluel Kaike por 40 despidos.
En un encuentro en Olivos, el martes el gobernador de La Rioja, Sergio Casas (FPV), se reunió con Mauricio Macri. Bajo el contexto del lanzamiento del programa «Compromiso Social Contra las Adicciones», Casas logró que se aprobaran los REPRO para el castigado rubro textil. A través de este programa, Nación subsidia $2.000 del salario de trabajadores de empresas en crisis. Esta semana, la firma Hilados despidió a 130 empleados agravando los problemas de puestos de trabajo en el parque industrial local, donde hay 7.000 empleados. A esto se añadió que plantas de Puma en la provincia (razón social Unisol) suspendieron al personal y dieron adelantos de vacaciones. Aunque a los trabajadores de Puma en San Luis (Herzo S.A.) les fue peor: hubo 200 despidos por el cierre de la planta en Valle del Conlara.
De acuerdo con un informe de la consultora E&M Patagonia, San Luis es la provincia que tuvo el descenso más abrupto en empleo registrado en términos porcentuales, con una caída anual de 9,6%. Ante esto, ayer el parlamento provincial aprobó una polémica ley que protege a las empresas que contratan empleados puntanos en detrimento de aquellas que empleen a personas de otras provincias o con menos de 5 años de residencia en San Luis. A estas últimas se les cobrará una tasa diferencial, lo que despertó la crítica del arco opositor, que denunció que la norma no respeta la igualdad que pregona la Constitución.
La situación de alerta por la baja de empleos se replica en otras latitudes pese al acuerdo impulsado por el Gobierno: en San Juan la firma Electrometalúrgica Andina (EMA) pactó el despido de 60 empleados y la suspensión de otros treinta. Y en el partido bonaerense de Pilar, la fábrica de sanitarios Ferrum anunció 500 suspensiones desde el 19 de diciembre y por tiempo indeterminado.
