Un nuevo fallo de Casación se opuso a lo planteado en primera instancia por el juez Juan José Ruiz y el fiscal Martín Chiorazzi, ambos responsables de la condena contra la travesti Claudia Córdova Guerra, quien cumplió una condena por supuesta venta de estupefacientes, agravado por la condición de extranjera. «Un fallo histórico» contra la mirada xenófoba y racista de los letrados que la encarcelaron.
El colectivo Otrans Argentina celebró mediante un comunicado la liberación de Claudia Córdova Guerra, quien fuera privada de su libertad en abril de 2014 por una supuesta venta de estupefacientes, y siendo para la justicia bonaerense un agravante su condición de extranjera. Esta semana la sala V de Casación emitió un fallo que permite el cambio de carátula en la causa y concede la libertad a Córdova.
Córdova Guerra fue detenida el 12 de abril de 2014 a partir de la sospechosa información provista por no-uniformados de la DDI platense, que durante el juicio no se acordaron siquiera del caso ni de la acusada. Durante la detención dijeron que le encontraron 3,5 gramos de cocaína, pero durante el juicio sólo quedaron demostrados 1,6.
Sin embargo, el juez Juan José Ruiz la condenó por su condición y con el agravante de ser peruana, lo que derivó incluso en la presentación de un recurso de casación por parte del Perú. Además, desde la condena el Frente de Organizaciones TLGB La Plata, Berisso, y Ensenada, y La Red de Migrantes y Refugiados realizaron diversas marchas en contra del juez del Tribunal unipersonal en lo Criminal Oral I y del fiscal Martín Chiorazzi, apuntado por proponer el agravante por su nacionalidad extranjera.
Desde Otrans celebraron que el nuevo fallo que le concede la libertad a Córdova «es un hecho histórico», pero del mismo modo recordaron que «a ella no la absuelven, sino que ya cumplió su condena, con lo cual le hicieron pagar los días bajo una causa relacionada a un plan sistemático de persecución y criminalización del colectivo Trans-Travesti de la ciudad de La Plata bajo la Ley 23.737, mecanismo denunciado ante la ONU y el Comité CEDAW».
Por ello, desde el colectivo nacional aseguraron que «continuaremos reclamando por las compañeras trans-travestis presas o con restricción de sus libertades a causa de la clara persecución articulada por el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y el poder mediático argentino».
«Este fallo da cuenta nuevamente de esta complicidad y nos obliga a reforzar nuestro accionar como organización de la sociedad civil, exigiendo la reparación por parte del Estado hacia aquellas personas privadas de su libertad, víctimas de estos mecanismos perversos», finalizaron en el comunicado.
