El empresario hortícola Ricardo Prieto empezará a ser juzgado este lunes en la localidad correntina de Goya, acusado de provocarle la muerte a Nicolás Arévalo y generarle gravísimas lesiones a Celeste Estévez, a quienes afectó con los agroquímicos que se utilizaban en su finca. Se trata de un hecho ocurrido en 2011 en la localidad correntina de Lavalle, distante a unos 210 kilómetros de la Capital provincial, que derivó en el fallecimiento del pequeño Nicolás, de cinco años, y en lesiones a su prima de siete, afectados por agrotóxicos, según se determinó en la autopsia y estudios médicos.
La Red Infancia Robada, que tiene como principal referente a la hermana Martha Pelloni, acompaña a la familia desde entonces, y el abogado Julián Segovia, de la ONG, será representante de la querella.
Según la agencia Telam, el abogado contó a Télam que Nicolás Arévalo «vivía junto a su familia a 15 metros de una plantación de tomates, en la que se realizaban fumigaciones habitualmente» y que el «1 de abril de 2011, él y su prima, Celeste, se enfermaron y fueron hospitalizados».
El pequeño Nicolás «no sólo se había contaminado con pesticidas por inhalación, sino que además, cuando iba con su hermana mayor a un almacén cercano, pisó el agua de un desagüe que atravesaba la vía pública y el agroquímico lo afectó por contacto directo dérmico y por eso resultó afectado más gravemente que su prima», relató el letrado.
Agregó además que «ése era el único camino que tenía la familia del niño para salir de su casa».
«El agua contaminada cruzaba la calle, donde había una precaria madera puesta a modo de puentecito, pero él se resbala y pisa el lodo del desagüe que provenía de la propiedad del productor Ricardo Prieto», detalló.
Segovia contó que tras el hecho, cuando Nicolás se enfermó, la familia del pequeño peregrinó por distintos hospitales de Lavalle y Goya y que finalmente fue derivado al hospital pediátrico Juan Pablo II de la Capital correntina, donde arribó en estado grave y murió el 4 de abril.
Relató también que los estudios determinaron que tenía fósforo en el organismo, igual que su prima, quien tuvo mejor suerte debido a que no tuvo contacto a través de la piel con el plaguicida y pudo sobrevivir tras ser derivada al hospital Garrahan en la ciudad de Buenos Aires, donde estuvo internada.
Sin embargo, Celeste, que hoy tiene 11 años, tiene secuelas, según mencionó el abogado, «yiene enfriamento en las extremidades, dolores de cabeza y de panza».
A cinco años de la tragedia, Gladys Arévalo, madre del pequeño Nicolás, afirmó en diálogo con Télam que lo único que espera es «que se haga justicia».
«Nicolás era un nene muy bueno, iba a empezar el jardín y se la pasaba jugando todo el día con sus primitas», contó la mujer, que tiene nueve hijos más, la mayoría de ellos ya mayores.
Tras el fallecimiento del niño, Gladys afirma que vive con miedo y que su hijo menor, de siete años, no va a la escuela porque «tengo miedo de mandarlo».
Ella continúa viviendo junto a sus hijos y nietos en Puerto Viejo, zona rural del Departamento Lavalle, y asegura que la situación respecto del uso de los agroquímicos no ha cambiado.
«Ahora mismo estamos sentados bajo un árbol y sentimos un olor muy feo», declaró la mujer a Télam.
La requisitoria fiscal de elevación a juicio, suscripta por el fiscal de Instrucción Correccional y de Menores N° 2, Guillermo Barry, señala que «aproximadamente el día 30 de marzo de 2.011, los niños se encontraban jugando cuando inhalaron plaguicidas organoclorados alfaendosulfan, propagados en la fumigación de una zona aledaña».
Según la acusación, «en la chacra de tomates y hortalizas, ubicada en Puerto Viejo Lavalle, se hicieron fumigar plantaciones sin la prevención de controlar en forma personal el proceso, que se realizó con las cortinas de los tendaleros levantadas».
El fiscal calificó esa conducta de «negligente» y afirmó que «permitió que los tóxicos que contienen los plaguicidas se propagaran por la acción eólica en zonas aledañas».
Tal afirmación del representante del Ministerio Público se acreditó «con certificados médicos, historias clínicas, informes químicos y resultados de la autopsia».
Segovia, integrante de la Red Infancia Robada y abogado de la querella, adelantó que pedirán «la pena máxima, que se puede pedir en un caso de homicidio culposo, una condena de cinco años».
El Tribunal Oral Penal de Goya está presidido por el doctor Julio Ángel Duarte e integrado además por los doctores Romelio Díaz Colodrero y José Luis Acosta.
