Mientras el gobierno de Mauricio Macri prepara un retiro espiritual para hacer un balance del primer año de Cambiemos al poder, los trabajadores del sector público luchan contra los despidos y un deterioro de las condiciones laborales. A su vez, en el sector privado las expectativas son cada vez peores: retraso del pago de los salarios y la continuidad de los despidos.
El informe periódico del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) que analiza las protestas y los conflictos gremiales en la Argentina, confirmó que en septiembre pasado los problemas laborales aumentaron un 30 por ciento con respecto a agosto, y ya son más del doble de los producidos en julio.
Pero a todo esto el gobierno de Mauricio Macri alega que este primer año de gestión no es más que “de aprendizaje”. Es por ello que Cambiemos realizará una evaluación de sus ministros, al igual que las empresas suelen hacer con sus gerentes, en un retiro espiritual que se realizará en Chapadmalal entre el 1 y 2 de diciembre.
Lo que seguramente no se va a analizar en el encuentro de ministros son los conflictos laborales que atraviesan los trabajadores, principalmente de los sectores de la administración pública, la educación y la salud. Además, en el sector privado la situación se agrava con el retraso del pago de los salarios y la continuidad de los despidos.
“Nuevamente ha aumentado la conflictividad, sobre todo en el sector público. Los casos se caracterizaron por el reclamo de reapertura de las paritarias, a lo que se incorporó el rechazo al bono como compensación”, señaló el director del CEPA, Hernán Letcher, según publica este lunes Página/12.
Las protestas de los trabajadores públicos tuvieron un crecimiento de 333 por ciento con respecto de julio, y del 38 por ciento respecto al mes de agosto. Esto refleja que en el tercer trimestre de 2016 la conflictividad laboral en el Estado tuvo un fuerte ascenso, en su mayor parte vinculado al pedido de recomposiciones salariales.
Por un lado, esto está relacionado con las dificultades de financiamiento de las provincias y los recortes nacionales. También hay razones de política gremial: como se sabe, los sindicatos de trabajadores del Estado (incluidos los docentes y los judiciales) más combativos son parte de las dos CTA, que ha rechazado el bono de fin de año acordado por la CGT y el Gobierno, en el entendimiento de que una suma fija que se cobrará por única vez no alcanza para recuperar lo que perdieron los sueldos a lo largo del año.
En este sentido, el CEPA recordó que en el sector público todavía no se resolvió la situación de los empleados del Estado nacional; actualmente sólo seis provincias anunciaron el pago de un bono para los estatales provinciales (solo una, Misiones, indicó el monto, que sería de 1850 pesos), mientras que en el orden municipal, los intendentes ofrecen entre 300 y 400 pesos.
Entre los trabajadores de las empresas privadas como Molinos Cañuelas, Cresta Roja, Bimbo, Techint, Siderca Campana y Brighstar, Tarcol, Guilford y General Motors, el incremento de los conflictos fue algo menor que entre los públicos. Las razones de sus protestas estuvieron repartidas entre los reclamos salariales y los referidos a despidos y suspensiones, con un peso similar (de 39 y 37 por ciento, respectivamente).
La situación laboral también va de la mano con una recesión económica que no permite el crecimiento de los trabajadores, sino por el contrario genera una pérdida mensual del valor de los salarios. El consumo continúa planchado y el jefe de Gabinete de Cambiemos, Marcos Peña, ya prefiere ubicar a la “reactivación de la economía” recién en febrero del año próximo, algo tan improbable como lo fue este año.
La inflación es otro indicador que vuelve a demostrar la falta de inversión. En octubre pasado, según los datos del IPC Congreso, alcanzó el 2,9 por ciento, superando en sólo 10 meses el 35 por ciento y una interanual de 43,9 por ciento. Las expectativas para los empresarios son desastrosas, pero peor lo son para los miles de trabajadores que ven cómo día a día pierden con las políticas del gobierno de Mauricio Macri.