Pero no se trata de tangos sino de negocios oscuros; los del macrista Julio Garro incluirían un “auto-robo” y la compra de tres propiedades en Miami, su lugar en el mundo. Relaciones con barrabravas narcos y ex punteros devenidos funcionarios que manejan una financiera fantasma. Todos les reportan cuantiosos beneficios monetarios.
Por Fernando M. López / “¡Que se vaya! ¡Que se vaya! ¡Que se vaya! ¡Que se vaya! ¡Que se vaya! ¡Que se vaya! ¡Que se vaya! ¡Que se vaya! ¡Que se vaya! ¡Que se vaya!…” Era el 2 de abril y los inundados de La Plata se manifestaban en Plaza Moreno a tres años de la tragedia que dejó 89 muertos, cuando vieron llegar a Julio Garro desde el Palacio Municipal. Por primera (y seguramente última) vez, el intendente se acercaba a participar de una manifestación de las víctimas y familiares de los fallecidos. Aguantó un rato, tratando de hacer oídos sordos a los cánticos que se escuchaban cada vez más fuertes, hasta que un asesor tuvo el bueno tino de sugerirle con un movimiento de cabeza que se retirara. Garro esbozó una sonrisa incómoda y puso cara de desentendido, pero al final le hizo caso.
Más allá de sus gestos, el intendente supo bien por qué los inundados reaccionaron de esa manera. Mientras el agua arrasaba con todo durante los fatídicos días de 2013, el entonces diputado provincial del PRO se encontraba de vacaciones en Miami y –al igual que Pablo Bruera desde Brasil- tuiteaba como si estuviera en La Plata, manifestando su “ayuda y solidaridad”. Pero no sólo le reprocharon la mentira, sino también el haber votado en contra de un subsidio para las víctimas que se impulsó meses después en la Legislatura.
Garro siente fascinación por Miami, donde ahora tiene intereses inmobiliarios. Hace unos meses, compró en esa ciudad de La Florida tres lujosos departamentos. Según pudo saber esta agencia de fuentes confiables pero que pidieron el anonimato, la operación fue realizada poco después del robo a su casa en el country Gran Bell, ocurrido el 2 de marzo último.
El jefe comunal denunció que en el asalto le sustrajeron 25.000 pesos, una Tablet, joyas de sus hijas y otros objetos, aunque el único detenido en la causa, el policía bonaerense Patricio Masana, declaró luego ante la fiscal Virginia Bravo haberse llevado 4,5 millones de dólares y 700.000 pesos.
Los rumores en torno al caso indican que no habría sido un asalto, sino un “auto-robo” planeado por el propio Garro para evitar enviar parte del dinero a las arcas negras del PRO en Capital Federal y desviarlo a sus inversiones inmobiliarias en Miami. Y para algunas voces autorizadas respecto de estos asuntos, vinculadas a densa trama empresaria y de agentes que componen el negocio de la seguridad privada en la provincia y en el país, todo ello es mucho más que un rumor, sabe a certeza, al igual que otros datos que aportaron, siempre en forma reservada
Esas mismas versiones indican que el policía detenido se habría quedado corto con los millones que declaró ante la fiscal Bravo, ya que el intendente platense habría tenido en el sótano de su casa más de 20 maletines repletos de dólares y pesos, provenientes de las “coimas” pagadas por la empresa recolectora de residuos Esur, los recitales de los Rolling Stones que se realizaron en febrero y los puestos alrededor del Estadio Único que le fueron cedidos a la banda de Juan Pablo “Papupa” Córdoba para la venta de choripanes y droga.
“Papupa”, hijo de un ex policía y barrabrava de Gimnasia, tiene antecedentes penales por narcotráfico y también estuvo preso por el triple crimen de tres agentes en la Planta Transmisora del Ministerio de Seguridad, ocurrido en 2007.
Pero estos no serían los únicos negocios turbios del macrista que hoy está al frente del municipio de La Plata. Su principal fuente de ingresos sería una “financiera fantasma” que creó en sus épocas de diputado provincial con dinero de subsidios y becas que debían ser destinados a ONG.
A cargo del manejo de esa financiera estarían dos funcionarios de extrema confianza de Garro: el administrador general del Hipódromo de La Plata, Sergio Fernández, y secretario de Espacios Públicos y Gestión Ambiental, Juan Ignacio Martínez Ayerra.
Fernández y Martínez Ayerra, que incursionaron en la política como punteros del ex intendente de Malvinas Argentinas, Jesús Cariglino, se acercaron a Garro luego de sus primeros intentos de ser intendente de La Plata y hasta formaron una agrupación peronista de derecha, denominada “28 de Junio”, para apoyarlo.
Desde ese mismo momento habrían empezado a regentar una importante mesa de dinero que se incrementó con préstamos usureros a trabajadores del Ministerio de Educación de la provincia de Buenos Aires.
Hoy, con los puestos municipales que ostentan tanto Fernández como Martínez Ayerra, los fondos fluyen de a millones por mes. “Ellos van a la financiera a fin de mes y se reparten la torta”, dijo a este medio una fuente cercana a los funcionarios.
Los jugosos beneficios que le reporta la financiera explican muchos de los lujos que se permite Garro desde hace varios años: casas en Pinamar y Cariló, inversiones en terrenos de La Plata, autos y camionetas de alta gama, cuatriciclos y lanchas.
Estas complejas telarañas entre política y delito en la provincia se explican desde la trama de complicidades existente entre funcionarios, punteros y dirigentes, y elementos del poder judicial, de las fiscalías, de la policía bonaerense y del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), que con tanta nitidez quedó expuesta a partir de las investigaciones que hiciera el Senado provincial cuando produjo el Informe Candela, acerca del secuestro y asesinato de la niña Candela Sol Rodríguez, en agosto de 2011.
Las fuentes consultadas para esta nota, algunas provenientes de la misma intendencia de La Plata, otras de la mencionada red de empresarios y agentes de la seguridad privada ha dado cuenta, como lo hizo el Informe Candela, que altos jefes policiales del SPB, provenientes de las influencias del superministro del ex gobernador Daniel Scioli, Ricardo Casal, e incluso de la recientemente renunciada jefa de los fiscales, María del Carmen Falbo; todos ellos deberían ser investigados en relación al origen de las andanzas del intendente Garro.
Mientras nada de eso suceda, los gestos que viene dando la actual gobernadora María Eugenia Vidal en orden a los sistemas policial, fiscal y penitenciario, quedaran tan solo como eso, como una nueva “generación” de operaciones que tienen por fin seguir ocultando las alcantarillas del poder político provincial, con origen en la pasada dictadura cívico militar – la Bonaerense del general Ramón Camps fue una de sus claves – y sobre las cuales todos los gobiernos sucesivos terminaron en la impotencia o directamente en la complicidad.
Por último, las múltiples fuentes relevadas sostienen que, en ese orden de asuntos vinculados al crimen y a la política, y desde la perspectiva del tablero actual, el que explica las conductas de Garro, el ex gobernador Daniel Scioli y algunos dirigentes de notable participación en las filas políticas del pasado y del presente oficialismo le deben muchas explicaciones a la Justicia y a la sociedad.