Miembros de Gendarmería, Prefectura, Policía Aeronáutica y Policía Federal desembarcarán en San Isidro, Ituzaingó, Tres de Febrero, San Miguel, Vicente López, Ezeiza, Hurlingham y San Martín gracias al acuerdo entre María Eugenia Vidal y Macri. Bajo el pretexto de la “inseguridad”, ¿no estará buscando Mariú reorganizar ese entramado ya existente de complicidades entre algunas fuerzas del poder político, policial y judicial, el delito y el crimen organizado?
Este lunes, 1.590 efectivos llegarán a ocho distritos clave del Conurbano en el marco del acuerdo alcanzado a principios de octubre entre el gobierno nacional y la gobernadora María Eugenia Vidal. Se trata de miembros de Gendarmería, Prefectura, Policía Aeronáutica y Policía Federal que desembarcarán en San Isidro, Ituzaingó, Tres de Febrero, San Miguel, Vicente López, Ezeiza, Hurlingham y San Martín.
Los nuevos efectivos son la tercera tanda de los 6.360 acordados para un total de 32 municipios. El primer desembarco fue en Avellaneda, Lanús, Lomas de Zamora y Quilmes, adonde llegaron 1.140 uniformados. Luego siguieron Morón, Esteban Echeverría, Almirante Brown y La Matanza, con 930 efectivos.
Esta medida, se suma a una serie de decisiones que ha tomado la Gobernadora con la excusa de abordar políticas vinculadas a la seguridad, pero que pareciera, busca reorganizar ese entramado ya existente de complicidades entre algunas fuerzas del poder político, policial y judicial, el delito y el crimen organizado.
Semanas atrás, por ejemplo, la Mandataria bonaerense reconoció por televisión que el refuerzo de patrullajes es solo “maquillaje” y afirmó que su política de seguridad se basará en mil agentes “invisibles”, quienes actuarán en el Conurbano. Es decir, agentes haciendo inteligencia. Además, anunció “la reforma” del Servicio Penitenciario Bonaerense, que incluyó el desplazamiento de la cúpula de ese organismo.
Sin embargo, las fuentes del entramado empresario de seguridad privada sostuvieron a AgePeBA que el fondo de la cuestión pasaría por reagrupar a los carceleros purgados y a los federales “invisibles” en un nuevo mapa y una nueva conducción de la trama de complicidades que explican el fondo último de la agenda de “inseguridad”;
Esta trama queda entonces integrada por agentes de las fuerzas de seguridad –la bonaerense, la Federal y la Metropolitana, Gendarmería, Prefectura y Aeroportuaria, y si Vidal logra que las FF.AA. se sumen aportando logística, el círculo quedará cerrado – fiscales, jueces, elementos parlamentarios y de los Ejecutivos nacional, provinciales y municipales, y bandas narcos y del crimen organizado en general. En esa compleja red, que alcanza a la Aduana, a la venta ilegal de armas y de drogas, pero también al delito por menudeo – más de dos millones de teléfonos celulares robados por año, por ejemplo – radica la verdadera jefatura de la “inseguridad”.
En términos generales, es la misma trama que fue puesta en evidencia por el Informe Candela del Senado provincial, de 2012 e impulsado por el entonces vicegobernador Gabriel Mariotto, en torno al crimen de la niña Candela Sol Rodríguez. Sin embargo en la propia Cámara que gestó el documento se admitía por aquél entonces que, desde el Ejecutivo bonaerense, en especial desde la poderosa Secretaria de Seguridad que conducía el abogado de origen en el SPB, Ricardo Casal, todo fue sepultado en las sombras.
Por otra parte, organizaciones sociales y de Derechos Humanos vienen alertando sobre las posibilidades de una creciente conflictividad social como consecuencia de las políticas económicas del gobierno y la preocupación existente en torno a la vocación represiva del mismo. Porque más de 6 mil canas en el Conurbano no es poca cosa.
