La Comisión Provincial por la Memoria presentó públicamente una denuncia contra Fabián Fernández Garello por crímenes de lesa humanidad, que se desprende de archivos de la DPPBA. El organismo de derechos humanos volvió a exigir su separación del cargo.
El fiscal general de Mar del Plata, Fernández Garello, en señalado en dos causas por delitos de lesa humanidad que se tramitan en los juzgados federales de San Martín y San Isidro. En el primero se investiga el secuestro, tortura y asesinato de la militante del Partido Socialista de los Trabajadores (PST), Ana María Martínez, mientras que en el segundo el secuestro y tortura de militantes comunistas.
“Los documentos de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA) constatan la participación de agentes de inteligencia en la infiltración y espionaje en el PST y en el secuestro y asesinato de Martínez. A partir de ese caso, nos encontramos con que integrantes de la delegación San Martín de la DIPPBA participan en el secuestro, detención y tortura de tres militantes del PC. Uno de los agentes involucrados es, justamente, Fernández Garello. Con todos esos datos empieza a revelarse una trama de operativos conjuntos entre esa delegación DIPPBA, la Brigada de investigaciones de San Martín -donde funcionaba un centro clandestino de detención- y el batallón 201 del Ejército que dependía del batallón 601”, detalló en una conferencia de prensa Roberto Cipriano García, secretario de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM).
Fernández Garello se desempeñó primero como oficial ayudante y luego como oficial subinspector en la delegación de San Martín de la DIPPBA durante la última dictadura cívico-militar. Entre 1978 y 1982, hay registro de al menos 17 intervenciones en tareas de inteligencia por parte del ahora fiscal general de Mar del Plata, que incluyen acciones de espionaje político y gremial, además de infiltración en organismos de derechos humanos.
“Desarrolló actividades vinculadas con el objetivo de la agencia, que era la persecución en el marco del terrorismo y el genocidio. Todo esto está acreditado por los mismos documentos de la Policía de la provincia de Buenos Aires”, agregó Sandra Raggio, directora general de la CPM.
Tras brindar detalles sobre la documentación presentada en la Justicia, la CPM volvió a requerir la separación de Fernández Garello como fiscal general.
“En la Justicia se están investigando estos hechos pero, por la enorme relevancia que tiene para nuestra democracia, estamos trabajando en el pedido de Jury y ya le reclamamos a la Procuradora la inmediata separación del cargo: la responsabilidad de sus funciones no puede estar atravesada por estas denuncias que contradicen los principios de la justicia y la democracia”, expresó Cipriano García.
A su turno, Yamila Zavala Rodríguez y Susana Méndez, miembros permanentes de la CPM, remarcaron la importancia que tiene esta denuncia para los ciudadanos marplatenses.
“El caso nos sensibiliza profundamente, porque una de las víctimas, Ana Maria Martínez, vivía aquí y debió mudarse por la represión y persecución que sufrió en esta zona el PST. Los organismos de derechos humanos de Mar del Plata exigimos que se haga justicia con carácter urgente”, sostuvo Rodríguez.
Por su parte, Méndez recordó que “Ana Maria estaba embarazada de tres meses cuando fue asesinada, lo que da cuenta del horror y falta de límites en las acciones que fueron capaces de realizar los agentes de inteligencia de la Policía y el Ejército”.
