La ex presidenta no respondió las preguntas del juez y solicitó que se audite toda la obra pública licitada durante su gestión, incluída la que se le otorgó a la empresa IECSA, propiedad de Ángelo Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri.
A través de un escrito, Cristina Fernández de Kirchner solicitó la nulidad de su citación a indagatoria y de la causa por la que se presentó este lunes ante el juez federal Julián Ercolini, quien investiga su presunta participación en un plan para adjudicar obra pública al detenido empresario Lázaro Báez.
La ex mandataria aseguró que la causa es «política» y aseguró que es víctima de «una maniobra formidable de persecución política». En este marco, definió como «un disparate mayúsculo» la causa que lleva Ercolini en su contra y consideró que con esas medidas se busca la «proscripción, difamación y estigmatización de un movimiento político».
«Es un disparate mayúsculo pretender que una asociacion ilícita la conforman un Poder Ejecutivo integrado de manera legal», señaló al tiempo que remarcó que las obras públicas las aprueba el Congreso a través del Presupuesto Nacional, en tanto que a su vez se ejecutan por parte de autoridades provinciales.
Asimismo, la ex mandataria consideró que la causa «es una maniobra formidable de persecución política” y agregó: «la vemos en Brasil con respecto al expresidente Lula» Da Silva. «Es una maniobra a nivel regional».
Consideró que si su gestión fue «una asociación ilícita», la actual sería «una asociación ilícita terrorista» porque -ironizó- «infunde terror a los ciudadanos, que tienen terror cuando llega la factura de luz y de gas o cuando van al supermercado».
Las adyacencias de los tribunales federales de Retiro fueron valladas para la ocasión, y hubo presencia de más de 300 efectivos de seguridad. En las inmediaciones unos 5.000 militantes apoyaron a Cristina.
