El Grupo de Trabajo sobre la detención arbitraria de Naciones Unidas sostuvo que «no existen elementos legales para justificar la prisión preventiva» de la dirigente de la organización Tupac Amaru, privada de su libertad en la provincia de Jujuy desde el 16 de enero pasado, a instancias del gobierno Gerardo Morales.
El Grupo de Trabajo de la Organización de Naciones Unidas determinó que hubo una serie de «acusaciones consecutivas» para sostener la privación de libertad de la dirigente de la Tupac Amaru de manera indefinida.
Entre los argumentos, se sostiene que en la causa contra la dirigente «no se demostró que existe (…) riego de fuga o de entorpecimiento de la investigación que justifiquen su privación de libertad» y, en por este motivo, solicitó que sea inmediatamente liberada, que se investigue la violación de sus derechos y que el Estado informe como va a asegurar que estos hechos no vuelvan a repetirse.
La ONU, además, consideró que el Estado argentino impidió el ejercicio del derecho de defensa de Sala por la falta de precisión y claridad de los hechos que se le imputan y por no informarle adecuadamente los delitos por los que es acusada. También entendió que, por su condición de parlamentaria del Mercosur, Sala contaba con fueros que impedían su detención.
Sala fue detenida el 16 de enero tras un allanamiento e imputada por supuesta “instigación a cometer delitos y tumultos en concurso real».
