Un llamado a paro nacional, una convocatoria al Palacio de Miraflores y la negativa a entablar un diálogo con el chavismo auspiciado por el Papa son las últimas acciones anunciadas por la oposición venezolana, que se asemejan a las posturas asumidas durante el golpe de Estado contra Hugo Chávez en 2002. «Están repitiendo el esquema de 2002 completico, igualito, es increíble», dijo ayer el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.
Nazareth Balbás (*) / La sentencia no es gratuita. Maduro hizo esa aseveración después que la derecha decidiera rechazar la propuesta de diálogo y diera dos anuncios que despertaron suspicacias: el llamado a un paro nacional para este viernes y a la toma del Palacio de Miraflores el próximo 3 de noviembre.
«Señores del gobierno: el domingo no vamos a Margarita», sentenció el vocero opositor Henrique Capriles para echar por tierra la reunión con el chavismo, prevista para el próximo 30 de octubre y que se realizaría con la mediación del Vaticano. Maduro reiteró la invitación: «yo voy a asistir porque quiero la paz del país».
Por eso Venezuela pareciera tener un “déjà vu”. El 11 de abril de 2002, cuando la derecha perpetró el golpe de Estado en contra del entonces presidente Hugo Chávez, el guión comenzó con un llamado a tomar el palacio de gobierno con una marcha, siguió con una patada a la mesa de negociaciones y continuó con la convocatoria a un paro nacional.
La mañana del 11 de abril de 2002, el diario El Nacional sacó una edición extra que abrió con el titular «La batalla final será en Miaflores». Lo curioso es que esa tirada se imprimió antes de que la derecha anunciara que iba a desviar su marcha desde el este de la ciudad hasta el centro de Caracas, donde está ubicada la sede de gobierno. Era parte de un plan que se revelaría horas más tarde.
Ayer, muchos de los partidarios opositores asistieron animados por el llamado de Capriles: «iremos a donde tengamos que ir, ¡no se descarta Miraflores!». Mientras que otros se congregaron con la ilusión de que fuese verdad la promesa de Lilian Tintori: «No debemos movernos hasta que Maduro renuncie». Pero nada ocurrió y los dirigentes de derecha «pospusieron» su deseo para la semana que viene.
«El día 3 de noviembre vamos a Miraflores pacíficamente a notificarle a Nicolás Maduro el veredicto popular. Son apenas ocho días a partir de hoy», aseguró por su parte el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup, quien se ha convertido en el principal artífice de una maniobra política que pretende hacer un «impeachment» al Presidente, aunque esa figura es inaplicable en Venezuela según la Constitución.
La amenaza de asaltar el Palacio ha sido tomada en serio por el chavismo, que se ha apostado en los alrededores de la sede de gobierno con concentraciones en lo que va de semana.
Este viernes la derecha ha convocado a una «huelga general». El secretario de la alianza opositora, Jesús Torrealba, informó ayer que sería un paro de doce horas: «Todo el mundo a sus casas» desde las seis de la mañana hasta las seis de la tarde.
Con esos mismos llamados la oposición protagonizó, a finales de 2002 y principios de 2003, un paro patronal que afectó principalmente a Petróleos de Venezuela y le causó pérdidas a la nación por más de 20.000 millones de dólares. En ese entonces, la «condición» que ponían para levantarlo era que el Consejo Nacional Electoral (CNE) convocara a un referendo.
Las prerrogativas de la oposición en esa época eran claras: «Si la Mesa de Negociación y Acuerdos resuelve convocar al referendo consultivo; si la AN (Asamblea Nacional) convoca al referendo consultivo; si se produce la renuncia del Sr. Hugo Chávez Frías a su cargo de Presidente de la República y si la Coordinadora Democrática considera conveniente cualquier otro acuerdo» ellos levantaban el paro. Hoy las exigencias son casi las mismas.
La oposición ha recrudecido la pugna con el gobierno desde que el Consejo Nacional Electoral (CNE) decidiera suspender la recolección de las firmas para la activación del referendo revocatorio contra Maduro, debido a las denuncias de fraude admitidas por ocho tribunales penales de todo el país.
Para la oposición, la resolución del Poder Electoral constituyó un «golpe de Estado» orquestado por Maduro. La respuesta de la derecha fue convocar una sesión exprés en el Parlamento para tratar de iniciar un «juicio político» al mandatario, mecanismo inexistente en la Constitución. Y el chavismo respondió furibundo.
«Este es un intento chimbo, burdo, de copiar el golpe de Estado que ocurrió en Brasil, en Paraguay y en Honduras», denunció el domingo el diputado socialista, Héctor Rodríguez. Sin embargo, Maduro insistió en el diálogo y adelantó gestiones junto al Vaticano y el secretario general de la MUD para que se explorara una vía de entendimiento, una apuesta que despertó rencillas en los sectores más radicales de la oposición.
Ayer fue la estocada final a esa iniciativa y la derecha decidió no asistir al diálogo después de desautorizar a su secretario general, expulsar a tres alcaldes que respaldaron una medida de Maduro y hacerle un desplante al vocero del Vaticano que había viajado a Venezuela para intentar mediar.
El panorama es similar al de 2002. En ese entonces, Chávez hizo un llamado al diálogo -con participación de la Organización de Estados Americanos (OEC)- justo después de retomar el poder usurpado por la derecha mediante el golpe de Estado.
La oposición acudió a la invitación pero después pateó la propuesta y decidió emprender la aventura de un paro nacional, que derivaría en otro fracaso al año siguiente. Los venezolanos, por ahora, parecen sumergidos en una especie de ‘revival’ político.
(*) Texto publicado por RT. Lam autora es periodista venezolana.
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