La política oficial de la Iglesia, de la cual sus sectores más derechistas son voceros consecuentes, la Universidad Católica Argentina (UCA) y el Opus Dei, entre otros actores conservadores del país se revuelven sin fatiga para que la democracia siga en deuda con las mujeres, impidiendo hasta las discusiones sobre el derecho al aborto. La gobernadora María Eugenia Vidal, “hija de la UCA”, obra en consecuencia y hasta recibe fuertes adhesiones del Vaticano.
María Eugenia Vidal señaló que la Provincia «ya tiene un Protocolo» de aborto no punible que viene de la gestión de Daniel Scioli. En el programa El Morfi, de Telefé, la gobernadora bonaerense explicó el miércoles por qué finalmente su gestión no adhiere al Protocolo Nacional de Aborto no Punible, Luego de haber anunicado anunciar la adhesión de la Provincia al mismo. Además la Gobernadora remarcó la importancia de “darle intervención al área de niñez, a los gremios por el tema de la objeción de conciencia, y a la justicia para evitar la judicialización” de los abortos encuadrados en circunstancias no punibles. Paralelamente, explicó que “mientras esas tres áreas intervienen, el protocolo está vigente» y cerró: «un director de un hospital público está obligado a aplicar ese protocolo de acuerdo a esa normas”. Así sostuvo el diario Diagonales, de La Plata.
«’Considerando que en términos formales y dada la complejidad del tema se requiere la intervención de otras áreas del gobierno con competencia, la cartera provincial de salud se encuentra trabajando en una nueva resolución que dejará sin efecto la anterior, para la elaboración de un nuevo protocolo’, confirmaron desde el entorno de la gobernadora María Eugenia Vidal”, afirmaba el miércoles Ambito Financiero, medio que agregó: “La decisión de trabar la adhesión al protocolo nacional es fruto de la resistencia por parte de ciertos sectores -entre ellos la Iglesia, instituciones familiares católicas, médicos y algunos funcionarios-, a la legalización de este tipo de procedimientos quirúrgicos en los casos previstos en el Código Penal. La elaboración del protocolo había sido pedida por la Corte Suprema de Justicia a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires en 2012. Si bien la provincia tiene un protocolo de abortos no punibles desde 2012, el ex gobernador Scioli se negó sistemáticamente a aplicar el procedimiento. Incluso, su resistencia se cristalizó durante la campaña presidencial en la que llegó a decir que, de ganar las elecciones, vetaría lo dispuesto en el Código Penal”.
“Para Hernán Mathieu, rector de la Universidad Católica de La Plata, el protocolo viola ‘derechos naturales de la persona humana’. Esa presión y la de funcionarios de la derecha católica surtieron efecto”, sostiene este jueves La Izquierda Diario en un artículo que pasamos a citar en algunos de sus párrafos.
“Vidal se formó en la Universidad Católica Argentina como politóloga y desde entonces fue una acérrima opositora a discutir la legalización del aborto. Por eso sorprendió a propios y extraños cuando la semana pasada, un día antes de la movilización nacional por #NiUnaMenos, anunció que la Provincia de Buenos Aires adhería al protocolo hospitalario para la concreta atención de los abortos no punibles. Un protocolo que surgió en 2015 como imperativo tras el fallo F.A.L de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pero bastó que se encendiesen las alarmas para que todo retorne a sus cauces. Ayer la Gobernadora volvió sobre sus pasos y decidió mantener en suspenso su decisión de la semana pasada”.
Y sigue: “A pesar de ello, la Agencia Informativa Católica Argentina difundió la postura de la sede de la UCA de la capital provincial. Con la firma de su rector, Hernán Mathieu, señalaron que ‘esta decisión adoptada por el Ministerio de Salud Pública de la Provincia de Buenos Aires, expresa una línea de pensamiento con la cual, por razones de principios fundamentales, la Universidad Católica no puede dejar pasar sin manifestar su disidencia, máxime teniendo en cuenta que en sus claustros trata de formar futuros profesionales, tanto en el Derecho como en la Salud, que tengan como prioridad el respeto y la defensa de la vida humana desde su concepción hasta su muerte natural en consonancia con lo establecido en la normativa constitucional y legislativa vigente en nuestro país. Un tema esencial que hace a la defensa de la libertad y el derecho de las personas, es afirmar una vez más y públicamente, la necesidad del respeto al principio de Objeción de Conciencia por parte de los profesionales de la salud’. Asimismo, en el mencionado documento se estableció que el protocolo “supone la implantación de reglas de cumplimiento en todo el ámbito de la Nación, dispone la desprotección absoluta de la persona por nacer, lo que contradice normas nacionales (legales y constitucionales) y tratados internacionales. El protocolo avasalla, además, el derecho a la objeción de conciencia de los profesionales de la salud’. Mathieu entiende de presiones, tal como lo demostró en 2010 cuando no sólo puso micros a disposición para viajar a la Capital Federal sino que también liberó a los docentes y al personal administrativo de la UCALP para que asistiesen a la contramarcha organizada por Jorge Bergoglio, entonces arzobispo de Buenos Aires, en oposición al Matrimonio Igualitario. A su vez, la medida añadió que las faltas de los alumnos que participasen de la movilización estarían justificadas. El rector de la UCALP había sido una de las voces de la curia en las jornadas de debate que se desarrollaron en el Congreso de la Nación, donde repitió el clásico argumento católico de que ‘no se puede legislar en contra de la naturaleza’. En ese contexto, el arzobispo de La Plata, Héctor Aguer, sentó postura en términos bélicos: “Pareciera que en algunas esferas oficiales, con un fuerte aparato propagandístico e inagotables recursos económicos, se ha puesto en movimiento un nuevo kulturkampf, una guerra cultural contra el sustrato cristiano de nuestro pueblo’.
La Izquierda Diario continúa: “El lobby no se reduce a la UCALP, ya que hay dos notorios integrantes del Opus Dei en el Gabinete de Vidal. Uno de ellos es el salteño Federico Salvai, ministro de Gobierno bonaerense y líder de la organización La 24, que apoya a la mandataria provincial. Salvai cursó un posgrado en la IAE Business School de la Universidad Austral, que depende de la prelatura de la Obra, justamente una de las preferidas del ministro nacional Esteban Bullrich. Pero sin duda el nombre fuerte es el de Julio Conte Grand, quien se desplazará de la Secretaría Legal y Técnica a la Procuración cuando María del Carmen Falbo abandone el puesto. Abogado y docente de la Universidad Austral, ex profesor de la Escuela Superior de Guerra y ex funcionario del menemismo, cuando en 2012 fue propuesto para convertirse en procurador porteño Conte Grand fue impugnado por la Comunidad Homosexual Argentina, debido a que su ideología ‘resulta incompatible con los artículos 11, 37 y 38 de la Constitución local. La sola lectura del texto es un grave desvío del orden público, a la conquista del matrimonio igualitario, es discriminatorio’”.
