Sólo estarán a disposición de los familiares de las víctimas. Como si el genocidio y las complicidades manifiestas de la propia Iglesia no hayan sido una tragedia para toda lo sociedad. De todas maneras aun no se puede saber qué valor real tendrán esos documentos. Mientras, y mas allá de la valoración positiva del gesto, resulta evidente que la diplomacia vaticana no pierde su estilo, de medias palabras y gestos compensatorios.
“No está ausente el mea culpa y el pedido de perdón por lo que no se hizo”, dijo el martes el arzobispo de Buenos Aires, Mario Poli. “Tal vez la Iglesia no hizo todo lo que podría haber hecho” – chocolate por la noticia-. En los documentos aparecerán “más luces que sombras”. “No le tienen miedo a los archivos”. Así salió entonces a hablar el conjunto del obispado. “Es una respuesta que esperamos desde hace mucho tiempo”, sostuvo Estela Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo. El CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) reclamó que los documentos sean de “acceso público”.
En un comunicado conjunto con el Vaticano, la Conferencia Episcopal Argentina anunció que culminó el proceso de organización y digitalización de los archivos de la CEA, la Nunciatura y el Vaticano. Podrán acceder familiares de las víctimas. Pero no serán públicos. Esos documentos contienen unos 3.000 casos.
El comunicado de la CEA y el Vaticano consignó cuenta un encuentro, en Roma el 15 de octubre, en el que se evaluó avance del trabajo y se tomó la decisión conocida ayer. Allí estuvieron Arancedo, Poli y Malfa con hombres del Vaticano, encabezados por el cardenal Pietro Parolín, secretario de Estado de la iglesia romana. “Se ha constatado que este proceso de organización y digitalización, llevado a cabo en conformidad con las decisiones e indicaciones del Santo Padre y que supone la continuación de un trabajo ya iniciado años atrás por la Conferencia Episcopal Argentina, ha terminado”, dejaron por escrito.
“Luego de asumir como Papa, Bergoglio modificó la legislación del Vaticano para que sus archivos pudieran servir como pruebas en causas judiciales, pero siempre a partir del pedido de jueces o fiscales. Así llegó, por ejemplo, una carta del obispo Enrique Angelelli al expediente en el que se investigaba su asesinato. Sobre los documentos, dijeron que la mayor parte son cartas que enviaron los familiares buscando información sobre sus desparecidos, copias de las respuestas, copias de las gestiones de la Iglesia si las hubiera y de las eventuales respuestas que la Iglesia recibió. Esto parece ser el principal contenido de los archivos (ver aparte). Pero de las declaraciones se desprende que puede haber algunas sorpresas, recordaba este martes Página 12.
Para reconocerlo sin olvidarse que la Iglesia “se tomo su tiempo”; unos 40 años. ¿No habrá sido mucho?
