La sub-ejecución de fondos y el ahogo presupuestario, denunciados en los informes del Instituto de Estudios y Capacitación de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (IEC-CONADU), vienen desatando crecientes conflictos en gran parte de las casas de estudio que a esta altura del año no pueden afrontar la totalidad de gastos salariales y de funcionamiento.
Ante la falta de respuestas gubernamentales, la CONADU resolvió, en articulación con los gremios universitarios y las organizaciones estudiantiles, interpelar a los diputados nacionales para exigir modificaciones del presupuesto universitario, y una movilización al Congreso de la Nación para el 27 de octubre contra el ajuste en la universidad y la ciencia y por mayor presupuesto, según se anunció en un comunicado.
Caso por caso
La Universidad Nacional de las Artes (UNA) declaró el martes 18 de octubre la Emergencia Económica, Presupuestaria y Financiera porque el gobierno dejó de transferir y de actualizar los fondos que por convenio estaban destinados para afrontar la emergencia edilicia de la universidad. El incumplimiento en la ejecución del presupuesto asignado se suma a los aumentos de ABL y demás servicios públicos y a la imposibilidad de sostener los alquileres de los 15 edificios donde se dictan clases, pagar becas, subsidios y demás gastos de funcionamiento.
En ese marco, ADAI y las organizaciones estudiantiles de la UNA, vienen exigiendo la ejecución del 100% del presupuesto 2016, cumplimiento de los programas convenio y refuerzo presupuestario por tarifazos e inflación.
En la Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ), 316 trabajadores contratados todavía no pudieron percibir su salario. El total de sueldos a abonar por el mes de septiembre es mayor al monto que el Ministerio de Educación gira para los contratados y que se mantiene invariable desde inicios de año. La situación es más grave con respecto al Plan Fines Universitario, debido a que el Ministerio anuló unilateralmente el convenio marco con la universidad con la promesa de firmar uno nuevo, que aún no se ha efectivizado. Esta situación deja a los trabajadores docentes y no docentes con un retraso de salarios que ya lleva seis meses, y a los estudiantes con la incertidumbre de terminar sus estudios.
ADEIUNAJ, gremio de base de CONADU en la UNAJ, se declaró en estado de alerta y movilización por el pago urgente a los docentes damnificados y ante el riesgo de que el mes próximo se reitere esta situación (por el déficit creciente y la escasez de fondos). El reclamo exige, además, que el Ministerio de Educación disponga la resolución definitiva de los fondos para el pago a los trabajadores del Fines y una solución presupuestaria de fondo tanto para los salarios como para las cuestiones de cargos e infraestructura que permitan absorber la demanda de educación de los futuros estudiantes.
En el Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos Madres de Plaza de Mayo (IUNMA), el presupuesto elevado por el gobierno nacional para 2017 establece un insólito recorte que va de los 98 millones aprobados en 2015 a tan sólo 23,7. Así se consolida el ajuste presupuestario implementado durante el año 2016, en el que se sub-ejecutaron las partidas para salarios docentes, gastos de funcionamiento y la provisión de alquileres de una institución creada por ley nacional sobre la base de la emblemática Universidad de Madres de Plaza de Mayo.
La Asociación Docente de la Universidad Nacional de las Madres (ADIUNMA), recientemente incorporada a la Federación Nacional de Docentes Universitarios, reclama el inmediato pago de los salarios adeudados de los docentes, ejecución plena de los fondos del presupuesto 2016, aumento de presupuesto para el año 2017 y plena implementación del Convenio Colectivo de Trabajo.
Cabe señalar que estos conflictos se remontan al 26 de septiembre, cuando la Asociación Docente de la Universidad Nacional de Avellaneda (ADUNA) se declaró también en estado de alerta y movilización ante la emergencia presupuestaria declarada por el Consejo Superior Universitario de la UNDAV. “Denunciamos el ahorcamiento presupuestario que de manera discrecional el gobierno nacional implementa sobre nuestras universidades nuevas, pretendiendo ocultar que con ello impiden también el afianzamiento de un modelo de universidad pública gratuita e inclusiva que se erige sobre la excelencia popular para una gesta transformadora en la construcción de conocimiento”, señaló en aquel momento Gabriela Mariño, Secretaria General del gremio.
