El ex diputado Eduardo Cunha, miembro del partido de Michel Temer, fue arrestado por corrupción en el marco de la operación Lava Jato. “Si habla no deja piedra sobre piedra en el actual gobierno”, remarcaron desde el Partido de los Trabajadores.
El cerebro detrás del golpe parlamentario contra la presidenta Dilma Rouseff, Eduardo Cunha, es acusado de recibir 5 millones de dólares en sobornos, lavado de dinero y evasión de impuestos.
El ex titular de la Cámara de Diputados, un evangélico ultraconservador del Partido Democrático del Movimiento Brasileño (PMDB), al que pertenece el actual mandatario Michel Temer, fue detenido este miércoles por la Policía Federal en su casa en Brasilia por orden del juez Federal Sergio Moro, después de haber perdido su inmunidad parlamentaria la semana pasada.
En el marco de la operación “Lava Jato”, la Justicia también ordenó bloquear bienes de su propiedad por más de 220 millones de reales, equivalentes a unos 70 millones de dólares.
“Si Cunha habla no deja piedra sobre piedra en el gobierno de Temer y sus ministros”, sostuvo el senador del Partido de los Trabajadores (PT), Lindbergh Farías, y consideró “un alivio” que “el operador del golpe y lobista que comandó la farsa de la destitución de Dilma fuera preso”.
No obstante, el legislador petitsta llamó la atención sobre el hecho de que el arresto se produjera “sin cobertura en vivo de la televisión, megaoperación (mediática) o espectáculo circense”, y dijo esperar que esto “no sea una cortina de humo para voltear las baterías contra la izquierda”.
Cunha utilizó su poder desde la Cámara de Diputados para liderar el proceso golpista que terminó con la destitución de Rousseff y su sustitución por Temer, el pasado 31 de mayo.
Ahora es uno de los principales acusados en la mayor causa por corrupción en la historia de Brasil, por la que están siendo investigados más de 50 políticos de diversos partidos. El eje de la investigación se relaciona con el presunto pago de sobornos por parte de terceras empresas para obtener un trato de favor en sus negocios con Petrobras, una de las compañías energéticas más grandes de América Latina.
El proceso de investigación estaba a cargo del Supremo Tribunal Federal brasileño, pero desde el 12 de septiembre, cuando el plenario de la Cámara de Diputados aprobó la destitución de Cunha, su caso descendió a primera instancia, a la Justicia Federal del estado de Paraná.
