La justicia fijó una audiencia de mediación para el 3 de noviembre con los propietarios del inmueble donde funciona la redacción, pero los trabajadores denuncian que podrían ser desalojados por la fuerza antes de esa fecha. Lo calificaron como “un absurdo que vuelve a poner en peligro 25 fuentes de trabajo”. El sábado se realizará una protesta.
Los periodistas del portal INFOnews atraviesan una nueva situación de “incertidumbre” a sólo dos meses de relanzar el medio en forma de cooperativa, al igual que lo hicieron los trabajadores de Tiempo Argentino y El Argentino Zona Norte para mantener las fuentes laborales.
“Luego del vaciamiento del Grupo 23 por parte de la patronal encabezada por Sergio Szpolski, Matías Garfunkel, Darío Richarte y Javier Fernández, que dejó en la calle a 800 trabajadores y sin el pago de indemnizaciones, llovieron los juicios contra la patronal por parte de empleados y proveedores”, explicó la cooperativa.
Uno de esos juicios involucra a la redacción donde se produce el sitio web. Los propietarios del inmueble comenzaron un proceso de desalojo sin contemplar la situación particular que atraviesan los trabajadores del medio, quienes temen ser sacados por la fuerza de manera “inminente”.
“Logramos que el juez que entiende en la causa fijara para el 3 de noviembre la realización de una audiencia de mediación entre las partes. Sin embargo, al mismo tiempo resolvió avanzar con el desalojo del edificio. Por ese motivo, nos encontramos ante la extraña posibilidad de que se ordene un desalojo por la fuerza pública antes que se realice la audiencia. Un absurdo que vuelve a poner en peligro 25 fuentes de trabajo”, agregó la cooperativa y planteó la necesidad de que “se priorice el diálogo para resolver el conflicto”.
En ese marco, INFOnews convocó a participar de una actividad de protesta, con el apoyo del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), para visibilizar la situación. Se realizará este sábado 22, a las 12.30, en la redacción, ubicada en Fray Justo Santamaría De Oro 2334, de Capital Federal.
Mientras la justicia avanza con el desalojo, el Estado aún no le otorga a la cooperativa la matrícula para funcionar.
Según explicaron los trabajadores, esto les impide, “entre otros aspectos, percibir pauta oficial (como sí recibe nuestra competencia o, incluso, como siguieron percibiendo los dueños del ex Grupo 23 después del vaciamiento) o firmar un contrato de alquiler”.
“Fuimos los trabajadores, con nuestra acción y sobreponiéndonos a las infinitas adversidades que enfrentamos, que mantuvimos en funcionamiento el sitio y el ingreso para 25 familias. Por eso abogamos por una solución consensuada a partir de la próxima audiencia y sostenemos que llegaremos a esa fecha en paz, pero trabajando en el interior de la redacción que tanto costó recuperar”, concluyeron.
