En uno y otro sentido se expresaron el fiscal que entiende en el incendio del Tribunal Oral en los Criminal Federal 3 de San Martín, y el consultor y encuestador Ricardo Rouvier. Una nota intimidante hacia la gobernadora bonaerense fue hallada en los techos del edificio judicial de esa localidad bonaerense, luego del fuego.
Según Telam y otras fuentes se cree que el incendio en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 3 fue intencional. Mientras se investiga el siniestro, la Cámara Federal de Casación Penal pidió reforzar la seguridad en Comodoro Py, en el barrio porteño de Retiro.
Una nota con una amenaza contra la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, Maria Eguenia Vidal, fue encontrada en la terraza del edifico del Tribunal Oral Federal (TOF) 3 de San Martín que sufrió el incendio en la madrugada del jueves, según informaron fuentes judiciales.
El fiscal Paul Starc, con más de 20 años en esa función, dijo que las investigaciones están aun en etapa preliminar y que ni los tribunales orales ni las fiscalías cuentan con cámaras de seguridad, por lo que se dificulta la posibilidad de establecer cuales son los movimientos de entradas y salidas a sus edificios. Formuló esas declaraciones telefónicas en Crónica TV, durante el programa que conduce el colega Horacio Embón.
El consultor político Ricardo Rouvier, presente en el mismo programa, comentó al respecto que, más allá de no contar con información especializada sobre el tema, le preocupa que Argentina “esté en los umbrales” de parecerse a México en cuanto a la trama de relaciones entre narcotráfico y política.
El periódico mexicano La Jornada de Guerrero acaba de publicar lo siguiente: “Uno de los mayores fracasos de Enrique Peña Nieto, además del económico, son sin duda los nulos resultados en el combate a la inseguridad. Los hechos hablan por sí mismos así como las cifras dadas a conocer por instituciones como el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Más de 28 mil hombres, mujeres, niños y niñas han desaparecido, muchos de ellos durante el mandato peñista desde 2012. La desaparición forzada en México sigue siendo el pan de cada día. El arzobispo de la Arquidiócesis de Xalapa, Hipólito Reyes Larios, lamentó la muerte de estudiantes de la Universidad Veracruzana. Otro caso que causó gran indignación entre la población fue el de la estudiante universitaria Karen Rebeca Esquivel, de 19 años, y de Adriana Hernández Sánchez, de 52, cuyos cuerpos fueron encontrados dentro de una maleta la tarde del domingo 25 de septiembre, en una casa en Naucalpan, en el estado de México. Activistas, amigos y familiares de las víctimas protestaron ante por el doble homicidio y exigieron el esclarecimiento del caso, así como la captura del verdadero responsable. Cabe destacar que de acuerdo con cifras del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas correspondiente al periodo de enero de 2007 a octubre de 2014, durante los primeros 22 meses del sexenio de Enrique Peña Nieto desaparecieron o se extraviaron 9 mil 384 personas, lo que equivale a 40% de los 23 mil 272 casos de desaparición oficialmente registrados. A principios de este año, la Organización de las Naciones Unidas denunció que en México han desaparecido más de 6 mil niños, niñas y adolescentes en los últimos dos sexenios, en su mayoría a manos del narcotráfico, por lo que la oficina del Alto Comisionado exigió que se incluyera un capítulo específico en la ley para combatir la desaparición forzada de personas. Una encuesta del Inegi reveló que la percepción de inseguridad relacionada con la ola de violencia en México, subió a 72.3 % de la población entre marzo y abril, los primeros meses de la gestión del presidente Enrique Peña Nieto. La encuesta mostró que un tercio de los 95 mil 810 hogares en que se hicieron entrevistas había al menos una víctima de algún delito y que la delincuencia genera entre la población, un gasto de 215 mil 200 millones de pesos, equivalentes a 1.34% del Producto Interno Bruto (PIB)”.
Otro portal de noticias mexicano, Noroeste, consignó en las últimas horas que la narcopolítica está detrás de una reciente emboscada a militares en Culiacán: “El problema seguirá mientras no haya acciones del Estado para desmantelar la red de complicidad entre políticos y delincuentes, advierte especialista en crimen organizado. Para el especialista en seguridad mexicano Edgardo Buscaglia el poderío mostrado por narcotraficantes en la emboscada a militares tiene una raíz: la red de protección política de la que éstos gozan en Sinaloa. La delincuencia organizada mexicana seguirá enfrentándose al Estado de igual a igual, y en el caso éste (el ataque a soldados del viernes 30 de septiembre), de superior a igual. La sociedad seguirá presenciando estos hechos hasta que no comience a desmantelarse toda la red de cientos y cientos de políticos, de todos los partidos, que están involucrados. Hasta que no comiencen a desmantelar las redes de infraestructura física, empresarial, de almacenamiento, de transporte, empresas de construcción, de turismo. El problema, considera Buscaglia, tiene que ver con la fragmentación en los grupos delincuenciales, que operan bajo cobijo oficial, que buscan mantener el control de zonas y regiones. Los ataques que se están dando en el territorio mexicano contra autoridades del Estado son ataques operativos para proteger negocios locales o regionales, añade. Y en este escenario tiene un peso importante la fragmentación del Estado, donde hay actores gubernamentales”.
La trama de complicidades entre política, jueces, fiscales y crimen organizado, en particular del narcotráfico que existe en Argentina fue detalladamente analizada en el conocido Informe sobre el Caso Candela, en torno al secuestro y crimen de la niña Candela Sol Rodríguez, llevado a cabo por el Senado bonaerense y conocido a fines de 2012.
Volviendo al programa del jueves pasado de Crónica TV; allí nada se dijo sobre lo que sigue pero son crecientes las voces que explican esa red de complicidades como parte de una estrategia de control militar, económico, social y de seguridad por parte del gobierno de Estados Unidos y las corporaciones privadas con asiento en ese país sobre los países de América Latina y el Caribe, estrategia en la cual la DEA actúa como verdadera jefatura política y de operaciones de los carteles de la droga y que a su vez cuenta con el aval político de la ola derechista de gobiernos como el de Mauricio Macri, que despliega sus programas de seguridad en ese sentido.
